Profepa retira sellos de clausura a parque de golf de Huatulco; se mantiene la suspensión

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) retiró los sellos de clausura en el campo de golf del Parque Nacional Tangolunda, sitio que estuvo concesionado al empresario Ricardo Salinas Pliego y que recientemente fue declarado como Área Natural Protegida por el gobierno federal.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) los sellos se retiraron para cumplir una resolución del Poder Judicial de la Federación y mantener vivo el ecosistema. No obstante, se mantiene la suspensión de actividades.

“Dicha medida suspensional no contraviene lo establecido en el Decreto por el que se declara Área Natural Protegida Tangolunda (...) por lo que se mantiene la suspensión de actividades de golf”, explicó la Semarnat.

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El ordenamiento judicial lo emitió la jueza Miriam Fabiola Núñez Castillo del juzgado séptimo de distrito en el estado de Oaxaca, quien otorgó una suspensión definitiva al empresario Salinas Pliego, para evitar la clausura del campo de golf.

Sin embargo, la juzgadora señaló que dicha medida cautelar era para que las autoridades puedan dar mantenimiento a la flora, fauna y lagos del lugar, por lo que indicó que la suspensión no se contrapone a que el Gobierno federal continúe con el procedimiento administrativo de inspección.

Esta suspensión que permitirá dar mantenimiento al campo fue impugnada recientemente por la Fiscalía General de la República (FGR).

La disputa sobre este campo de golf, hoy Área Natural Protegida, se remonta al año 2012, cuando el dueño de Grupo Salinas recibió una concesión para utilizar el campo de golf en Tangolunda. Sin embargo, este permiso venció en 2022, por lo que el gobierno federal ha buscado retomar la posesión del terreno que abarca 110 hectáreas.

El 26 de febrero de 2024 la Semarnat publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria del parque como Área Natural Protegida para ser administrada por el Estado. Días más tarde el lugar fue resguardado por la Guardia Nacional y personal de la Profepa, quien después lo clausuró.