/ domingo 7 de octubre de 2018

Santiago Nieto busca silla en el Sistema Nacional Anticorrupción

El futuro titular de la Unidad de Inteligencia Financiera impulsa una reforma para integrarse al Sistema Nacional Anticorrupción; advierten expertos de más burocracia

Santiago Nieto Castillo, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), tendrá una silla, sí o sí, en el Sistema Nacional Anticorrupción, órgano encargado de dar seguimiento a las investigaciones contra el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, por presuntamente recibir sobornos de Odebrecht, para favorecer al consorcio brasileño con licitaciones públicas.

El también propuesto por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para encabezar la Unidad de Inteligencia Financiera, confirmó a El Sol de México que asegurará su lugar mediante una reforma al artículo 113 de la Constitución, por la que se integrará la UIF al SNA, pero de ser rechazada asistirá como invitado permanente.

-¿Cómo se integrará la UIF al Sistema Nacional Anticorrupción?

-Opción A, tendría que venir una reforma constitucional para incorporarlo; la opción B sería como invitado permanente a partir de un acuerdo que genere el propio sistema. Se está trabajando en eso, reveló a este medio en una breve entrevista.

No obstante, la decisión tiene que ser aprobada por todo el Comité Coordinador del sistema anticorrupción, integrado por siete instituciones, de las cuales sólo la Secretaría de la Función Pública (SFP) cambiará de titular, mientras que la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Superior de Justicia Administrativa y el Comité de Participación Ciudadana, mantendrán las direcciones designadas durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.

Irma Eréndira Sandoval, futura titular de la SFP e integrante del equipo de transición de López Obrador, aún tiene que cabildear con el resto de los integrantes, quienes durante la Semana Nacional de la Transparencia, manifestaron que sólo sería viable integrar a la Fepade, el SAT y la UIF a través de convenios que especifiquen las facultades de coordinación, principalmente para adicionar bases de datos en los procesos de investigación, pero no sentar a los titulares.

Reservas al interior del SNA

“No necesariamente tienen que estar sentados, sino que el propio sistema tenga relación vinculante con otras dependencias como el INE en materia de fiscalización o la Unidad de Investigación Especializada de parte de Hacienda, podrían contribuir a través de convenios, de instrumentos jurídicos, para llevar a cabo las tareas. Habrá que precisar su alcance porque si no, se vuelve un colegiado complejo en número y capacidad institucional”, advirtió Areli Cano, asesora del auditor Superior de la Federación y excomisonada del INAI.

Los expertos han coincidido en que no es necesario robustecer con más burocracia al SNA, sino coordinar las bases de datos, crear convenios para coordinarse en las averiguaciones y concluir la instalación de la Fiscalía General de la República.

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, comentó que “ahorita hay seis que están sentados y no se coordinan, lo que se necesita es que fluya la información y puedan utilizarlas cuando estén investigando un fraude fiscal”. Apuntó que en todo caso, la Fiscalía General “es el conector natural”.

“Por eso es tan importante el tema de la Fiscalía General porque la que puede conectar a todas estas instituciones es la Fiscalía General, la Fiscalía General se coordina con la Unidad de Inteligencia Financiera y con el SAT cuando está haciendo una investigación y puede jalar información de todas estas agencias, puede jalar la de anticorrupción, puede jalar la que está en la Secretaría de la Función Pública, ese el conector natural en una investigación”, explicó.

Mientras que Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas, aseveró que “el Sistema Nacional Anticorrupción sí está funcionando” y deben priorizar el cumplimiento de las leyes por las que nació el SNA.

“Se pueden incluir a nivel de acciones de política, no sé si sentar a la Fepade, sentar al INE, sea una buena idea porque eso implicaría otra vez un ciclo de reformas y creo que lo que está puede llegar a funcionar si se empiezan a implementar, sí coincido que se tiene que incluir la dimensión electoral en el combate a la corrupción, pero para eso están las políticas públicas”, dijo la también profesora del CIDE.

Por otra parte, Nieto Castillo ha señalado que su incorporación no correspondería a una “cacería de brujas” contra los múltiples casos de corrupción cometidos por servidores públicos y exgobernadores como César Duarte (Chihuahua), Roberto Borge (Quintana Roo), Javier Duarte (Veracruz), entre otros, sino al desmantelamiento de las redes de empresas fantasmas, por las que se han desviado hasta 156 mil millones de pesos del erario.

Esos no serían los únicos ajustes, ya que también propondrá la colaboración con la nueva Secretaría de Seguridad Pública, y la inversión privada a través del Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana.

“La necesidad de priorizar la investigación de lavado de dinero y asignar recursos adicionales, fortaleciendo la investigación financiera y fortaleciendo las distintas áreas del sistema financiero con la procuración de justicia, con lo que será la Secretaría de Seguridad Pública, además de los temas vinculados con la Secretaría de la Función Pública”, detalló el exfiscal de la Fepade.


Santiago Nieto Castillo, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), tendrá una silla, sí o sí, en el Sistema Nacional Anticorrupción, órgano encargado de dar seguimiento a las investigaciones contra el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, por presuntamente recibir sobornos de Odebrecht, para favorecer al consorcio brasileño con licitaciones públicas.

El también propuesto por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para encabezar la Unidad de Inteligencia Financiera, confirmó a El Sol de México que asegurará su lugar mediante una reforma al artículo 113 de la Constitución, por la que se integrará la UIF al SNA, pero de ser rechazada asistirá como invitado permanente.

-¿Cómo se integrará la UIF al Sistema Nacional Anticorrupción?

-Opción A, tendría que venir una reforma constitucional para incorporarlo; la opción B sería como invitado permanente a partir de un acuerdo que genere el propio sistema. Se está trabajando en eso, reveló a este medio en una breve entrevista.

No obstante, la decisión tiene que ser aprobada por todo el Comité Coordinador del sistema anticorrupción, integrado por siete instituciones, de las cuales sólo la Secretaría de la Función Pública (SFP) cambiará de titular, mientras que la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Superior de Justicia Administrativa y el Comité de Participación Ciudadana, mantendrán las direcciones designadas durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.

Irma Eréndira Sandoval, futura titular de la SFP e integrante del equipo de transición de López Obrador, aún tiene que cabildear con el resto de los integrantes, quienes durante la Semana Nacional de la Transparencia, manifestaron que sólo sería viable integrar a la Fepade, el SAT y la UIF a través de convenios que especifiquen las facultades de coordinación, principalmente para adicionar bases de datos en los procesos de investigación, pero no sentar a los titulares.

Reservas al interior del SNA

“No necesariamente tienen que estar sentados, sino que el propio sistema tenga relación vinculante con otras dependencias como el INE en materia de fiscalización o la Unidad de Investigación Especializada de parte de Hacienda, podrían contribuir a través de convenios, de instrumentos jurídicos, para llevar a cabo las tareas. Habrá que precisar su alcance porque si no, se vuelve un colegiado complejo en número y capacidad institucional”, advirtió Areli Cano, asesora del auditor Superior de la Federación y excomisonada del INAI.

Los expertos han coincidido en que no es necesario robustecer con más burocracia al SNA, sino coordinar las bases de datos, crear convenios para coordinarse en las averiguaciones y concluir la instalación de la Fiscalía General de la República.

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, comentó que “ahorita hay seis que están sentados y no se coordinan, lo que se necesita es que fluya la información y puedan utilizarlas cuando estén investigando un fraude fiscal”. Apuntó que en todo caso, la Fiscalía General “es el conector natural”.

“Por eso es tan importante el tema de la Fiscalía General porque la que puede conectar a todas estas instituciones es la Fiscalía General, la Fiscalía General se coordina con la Unidad de Inteligencia Financiera y con el SAT cuando está haciendo una investigación y puede jalar información de todas estas agencias, puede jalar la de anticorrupción, puede jalar la que está en la Secretaría de la Función Pública, ese el conector natural en una investigación”, explicó.

Mientras que Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas, aseveró que “el Sistema Nacional Anticorrupción sí está funcionando” y deben priorizar el cumplimiento de las leyes por las que nació el SNA.

“Se pueden incluir a nivel de acciones de política, no sé si sentar a la Fepade, sentar al INE, sea una buena idea porque eso implicaría otra vez un ciclo de reformas y creo que lo que está puede llegar a funcionar si se empiezan a implementar, sí coincido que se tiene que incluir la dimensión electoral en el combate a la corrupción, pero para eso están las políticas públicas”, dijo la también profesora del CIDE.

Por otra parte, Nieto Castillo ha señalado que su incorporación no correspondería a una “cacería de brujas” contra los múltiples casos de corrupción cometidos por servidores públicos y exgobernadores como César Duarte (Chihuahua), Roberto Borge (Quintana Roo), Javier Duarte (Veracruz), entre otros, sino al desmantelamiento de las redes de empresas fantasmas, por las que se han desviado hasta 156 mil millones de pesos del erario.

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