/ sábado 11 de noviembre de 2023

Aborto en Guerrero: “Hay muchas mujeres que no saben sobre su legalidad", dice Emil Palestina 

El 17 de mayo de 2022, Guerrero se convirtió en el octavo estado en aprobar la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación

A poco más de un año de la reforma al Código Penal del estado de Guerrero en materia de aborto, la negativa del servicio, la falta de información tanto para el personal de salud como a la población, así como la revictimización de las usuarias, siguen siendo un obstáculo para que las guerrerenses ejerzan su derecho a decidir.

“¡Sí se pudo, sí se pudo!”, fue el grito que retumbó alrededor de las 5:30 horas del 17 de mayo de 2022, cuando con 30 votos a favor, 13 en contra, una abstención y un voto nulo, se aprobó la reforma al Código Penal que despenalizaba el aborto en Guerrero.

El camino no fue fácil. Desde décadas atrás, grupos de feministas y activistas de la sociedad civil habían pugnando por este derecho. María Luisa Garfias, de la asociación Aliadas por la Justicia recuerda: “Nosotras ya traíamos el tema en nuestra agenda, en nuestras marchas ya era una exigencia desde 1970, que las mujeres tuviéramos acceso a interrumpir el embarazo”.

Las creencias y prácticas religiosas habían sido las principales opositoras al derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Las y los legisladores encargados de revisar, reformar y proponer leyes a favor de la población habían antepuesto sus dogmas a los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes. Guerrero cuenta con una población de tres millones 540 mil 685 personas, de éstas 463 mil 633 pertenecen a alguno de los cuatro grupos étnicos, de las cuales, un millón 840 mil 73 son mujeres.

Dudas, resistencias, falta de información

Ana Gabriela Candela, coordinadora de la de la Red Guerrerense por los Derechos Humanos de las Mujeres (RGDM), comenta el caso de una chica que interrumpió su embarazo y no le dieron la información correcta. “Nosotras terminamos estos procesos inconclusos, pues la chica no sabía qué hacer”. Sólo en algunos lugares atienden, cuando el servicio de salud debería estar garantizado en toda la entidad.

A un año cinco meses de la aprobación de la reforma persisten los problemas para garantizar el acceso efectivo a un aborto seguro y de calidad. Organizaciones sociales señalan varios: centralización de los servicios en las ciudades de Chilpancingo y Acapulco, que dificulta el acceso de las mujeres que viven en zonas rurales o alejadas; el uso de métodos como el legrado, que implica mayor riesgo para las mujeres, en lugar de optar por métodos más seguros y recomendados, como el aborto con medicamentos o el aspirado manual endouterino (AMEU); la falta de información sobre el aborto como un derecho reproductivo y los hospitales que ofrecen el servicio; las actitudes estigmatizantes, discriminatorias y violentas del personal de salud hacia las mujeres que solicitan un aborto; la negación injustificada de los servicios o la imposición de requisitos innecesarios, así como la falta de ética de las y los médicos que no salvaguardan la confidencialidad de sus pacientes.

Mencionan la necesidad de campañas informativas sobre el aborto legal que lleguen a todo los rincones del estado. Concluyen: “a las instituciones no les interesa promover el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo”. Eduviges Villegas, de la organización “Por los derechos sexuales y reproductivos DDSER Guerrero”, señala que a poco más de un año de la reforma, continúan las resistencias, dudas, falta de información a nivel estatal y regional.

Otro aspecto a resaltar son las y los médicos objetores de conciencia, que “sólo los exime para no realizar el procedimiento, pero tienen la obligación de dar información. Las resistencias inhiben a que las usuarias se acerquen a los servicios de salud, porque si en un hospital hay tres personas dispuestas a garantizar derechos y 50 que no, claro que se enfrentan con un muro enorme y, entonces, muchas veces no sólo es el personal de la Secretaría de Salud, sino personas de ciertos ayuntamientos que dicen no, y se crean muchas controversias y, en algún momento, pueden llegar a revictimizar”.

Las feministas acompañantes señalan que entre las mujeres jóvenes se habla con más libertad sobre el tema, están conscientes, informadas en redes sociales y saben que el aborto es legal y es un derecho humano, por ello, quienes deciden abortar lo hacen de manera consciente: “yo no quiero ser mamá porque estudio, porque no tengo dinero, hay un decisión muy firme de la chicas”, de ahí que buscan el acompañamiento a través de redes sociales, de conocidas, “de la prima de una amiga”, etcétera.

Para Eduviges esto es positivo, porque es su decisión y exigen ejercer su derecho. La resistencia está en el sector salud, y eso hay que erradicarlo. Desde antes de la reforma, las organizaciones de la sociedad civil son quienes realizan el trabajo de difusión, orientación y acompañamiento.

Emil Palestina Miranda, de la Colectiva “Gafas Violetas”, considera que en la región hay muchas mujeres que no saben sobre la legalidad del aborto y lo realizan de forma clandestina, hablando despacito, escondiéndose. Palestina atiende a mujeres y adolescentes de municipios como Chilapa, Ahuacotzingo, AtlIxtac y Zitlala. Algunas son mujeres adultas con dos o tres hijos que por alguna circunstancia ya no desearon tener uno más, o porque el método falló, o alguna otra situación por la que no quisieron seguir con el embarazo.

Naty es una chica de 23 años, su método anticonceptivo falló y quedó embarazada en junio de 2023, acudió a un centro de salud de Iguala para retirarse el DIU e interrumpir su embarazo, pero su derecho le fue negado. Con el ánimo caído, pero con la firme decisión de abortar, acudió a otro centro de salud en la misma ciudad y pasó lo mismo, entonces, decidió consultar a ginecólogos privados, le dijeron lo mismo, que no realizarían el procedimiento, salvo en una clínica que le cobraba 35 mil pesos con el método de pastillas.

Después solicitó el acompañamiento de la coordinadora de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, quien le sugirió acudir al hospital general, donde al principio todo fue muy bien. Hubo un buen trato de parte de la directora y la trabajadora social, pero todo cambió cuando se encontró con un médico déspota que al ver que tenía el DIU, le dijo que se lo quitaría sin anestesia: “a ver cómo te va a doler, así como le abriste las patas, ni modo que no puedas”.

Acceder a información oficial de la Secretaría de Salud en Guerrero es toda una odisea. El encargado de la Dirección de Comunicación Social, Abel Salgado, no respondió los mensajes donde esta reportera solicitó información sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). En la Unidad de Partería de Chilpancingo, donde practican la interrupción, fue imposible encontrar a la directora, la subdirectora dijo que sólo la directora podía dar información.

Manuel de la Cruz Candela, encargado del componente Aborto Seguro de la Secretaría de Salud, comenta que a partir de la aprobación de la reforma se estableció a dicha dependencia como responsable de garantizar el acceso y se ha incrementado el número de unidades que ofrecen el servicio, de 16 en 2021, a 26 en 2022. Este año se suman 31 unidades. El funcionario menciona que están expandiendo el servicio con el programa de aborto seguro ambulatorio en las comunidades, acercándolo a las mujeres que solicitan el servicio para que no se trasladen. Antes tenían que ir a un hospital general, ahora lo están haciendo en los centros de salud y hospitales comunitarios.

De 16 hospitales generales de segundo nivel, sólo dos tienen un área de aborto seguro, un consultorio tipo 3, equipado para dar esa atención en Iguala. Según sus registros, la Secretaría de Salud Guerrero, aun antes de la reforma, ya atendía casos de aborto; en 2021 fueron dos mil 148 en todas las unidades hospitalarias; en 2022, fueron dos mil 850, un incremento de 10 por ciento, cuando se había estimado que con la reforma al Código Penal, las unidades hospitalarias iban a estar saturadísimas, destaca el funcionario.

De la Cruz Candela reconoce: “Con Aborto Seguro lo que buscamos es acompañar a las mujeres en su libre decisión, en su libre derecho de su vida sexual y reproductiva y darles acompañamiento. Falta mucho, sí falta trabajar mucho con los objetores de conciencia, sin embargo, creo, que vamos por buen camino, en ese sentido”. En total, a nivel estatal, son alrededor de 322 médicos no objetores de conciencia, es decir, que pueden realizar el procedimiento, de un universo aproximado de mil 860 médicos que están en la atención directa.

Asegura el funcionario, que ya no son las mismas quejas que tuvieron al principio de la reforma. Recordó el caso de una menor de nueve años, con un avanzado embarazo producto de una violación, a quien además de ser revictimizada se le negó el servicio en el hospital de Chilpancingo, y tuvo que ser cambiada a otra unidad para realizarle el procedimiento. A pesar de ello, y de que caería en el supuesto de violencia obstétrica prevista en la ley 553 de una vida libre de violencia, que establece sanciones para el personal que la ejerce, al momento, comentó el funcionario, no ha habido denuncia alguna y, en consecuencia, ninguna persona ha sido sancionado por este motivo.

“No lo voy a negar ha habido muchos casos de rechazo, pero al establecer rutas de atención eso ha ayudado a reducir los casos de negación del servicio, se ha podido subsanar cada caso que hemos tenido”, afirma el responsable del componente Aborto Seguro.

La Secretaría de Salud Guerrero cuenta con el apoyo de otras organizaciones además de IPAS, como Mexfam, Católicas por el derecho a decidir.

El responsable señala: “Todavía hay mujeres que por la cuestión del machismo se siguen atendiendo en sus casas, tomándose el té, poniéndose en riesgo, comprando el medicamento, o acudiendo a lugares totalmente inseguros… Yo esperaría que realmente estén decidiendo ir a las unidades hospitalarias, pues los centros de salud son muy seguros y son áreas incluso de oportunidad para detectar violencia, se trata de ir recuperando los espacios para las mujeres”.

A un año de que termine la presente legislatura local continúan en espera de un avance desde la Federación para aprobar una reforma que garantice plenamente la Interrupción Legal del Embarazo, pues la objeción de conciencia sigue obstruyendo el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos.

***Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas.


A poco más de un año de la reforma al Código Penal del estado de Guerrero en materia de aborto, la negativa del servicio, la falta de información tanto para el personal de salud como a la población, así como la revictimización de las usuarias, siguen siendo un obstáculo para que las guerrerenses ejerzan su derecho a decidir.

“¡Sí se pudo, sí se pudo!”, fue el grito que retumbó alrededor de las 5:30 horas del 17 de mayo de 2022, cuando con 30 votos a favor, 13 en contra, una abstención y un voto nulo, se aprobó la reforma al Código Penal que despenalizaba el aborto en Guerrero.

El camino no fue fácil. Desde décadas atrás, grupos de feministas y activistas de la sociedad civil habían pugnando por este derecho. María Luisa Garfias, de la asociación Aliadas por la Justicia recuerda: “Nosotras ya traíamos el tema en nuestra agenda, en nuestras marchas ya era una exigencia desde 1970, que las mujeres tuviéramos acceso a interrumpir el embarazo”.

Las creencias y prácticas religiosas habían sido las principales opositoras al derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Las y los legisladores encargados de revisar, reformar y proponer leyes a favor de la población habían antepuesto sus dogmas a los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes. Guerrero cuenta con una población de tres millones 540 mil 685 personas, de éstas 463 mil 633 pertenecen a alguno de los cuatro grupos étnicos, de las cuales, un millón 840 mil 73 son mujeres.

Dudas, resistencias, falta de información

Ana Gabriela Candela, coordinadora de la de la Red Guerrerense por los Derechos Humanos de las Mujeres (RGDM), comenta el caso de una chica que interrumpió su embarazo y no le dieron la información correcta. “Nosotras terminamos estos procesos inconclusos, pues la chica no sabía qué hacer”. Sólo en algunos lugares atienden, cuando el servicio de salud debería estar garantizado en toda la entidad.

A un año cinco meses de la aprobación de la reforma persisten los problemas para garantizar el acceso efectivo a un aborto seguro y de calidad. Organizaciones sociales señalan varios: centralización de los servicios en las ciudades de Chilpancingo y Acapulco, que dificulta el acceso de las mujeres que viven en zonas rurales o alejadas; el uso de métodos como el legrado, que implica mayor riesgo para las mujeres, en lugar de optar por métodos más seguros y recomendados, como el aborto con medicamentos o el aspirado manual endouterino (AMEU); la falta de información sobre el aborto como un derecho reproductivo y los hospitales que ofrecen el servicio; las actitudes estigmatizantes, discriminatorias y violentas del personal de salud hacia las mujeres que solicitan un aborto; la negación injustificada de los servicios o la imposición de requisitos innecesarios, así como la falta de ética de las y los médicos que no salvaguardan la confidencialidad de sus pacientes.

Mencionan la necesidad de campañas informativas sobre el aborto legal que lleguen a todo los rincones del estado. Concluyen: “a las instituciones no les interesa promover el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo”. Eduviges Villegas, de la organización “Por los derechos sexuales y reproductivos DDSER Guerrero”, señala que a poco más de un año de la reforma, continúan las resistencias, dudas, falta de información a nivel estatal y regional.

Otro aspecto a resaltar son las y los médicos objetores de conciencia, que “sólo los exime para no realizar el procedimiento, pero tienen la obligación de dar información. Las resistencias inhiben a que las usuarias se acerquen a los servicios de salud, porque si en un hospital hay tres personas dispuestas a garantizar derechos y 50 que no, claro que se enfrentan con un muro enorme y, entonces, muchas veces no sólo es el personal de la Secretaría de Salud, sino personas de ciertos ayuntamientos que dicen no, y se crean muchas controversias y, en algún momento, pueden llegar a revictimizar”.

Las feministas acompañantes señalan que entre las mujeres jóvenes se habla con más libertad sobre el tema, están conscientes, informadas en redes sociales y saben que el aborto es legal y es un derecho humano, por ello, quienes deciden abortar lo hacen de manera consciente: “yo no quiero ser mamá porque estudio, porque no tengo dinero, hay un decisión muy firme de la chicas”, de ahí que buscan el acompañamiento a través de redes sociales, de conocidas, “de la prima de una amiga”, etcétera.

Para Eduviges esto es positivo, porque es su decisión y exigen ejercer su derecho. La resistencia está en el sector salud, y eso hay que erradicarlo. Desde antes de la reforma, las organizaciones de la sociedad civil son quienes realizan el trabajo de difusión, orientación y acompañamiento.

Emil Palestina Miranda, de la Colectiva “Gafas Violetas”, considera que en la región hay muchas mujeres que no saben sobre la legalidad del aborto y lo realizan de forma clandestina, hablando despacito, escondiéndose. Palestina atiende a mujeres y adolescentes de municipios como Chilapa, Ahuacotzingo, AtlIxtac y Zitlala. Algunas son mujeres adultas con dos o tres hijos que por alguna circunstancia ya no desearon tener uno más, o porque el método falló, o alguna otra situación por la que no quisieron seguir con el embarazo.

Naty es una chica de 23 años, su método anticonceptivo falló y quedó embarazada en junio de 2023, acudió a un centro de salud de Iguala para retirarse el DIU e interrumpir su embarazo, pero su derecho le fue negado. Con el ánimo caído, pero con la firme decisión de abortar, acudió a otro centro de salud en la misma ciudad y pasó lo mismo, entonces, decidió consultar a ginecólogos privados, le dijeron lo mismo, que no realizarían el procedimiento, salvo en una clínica que le cobraba 35 mil pesos con el método de pastillas.

Después solicitó el acompañamiento de la coordinadora de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, quien le sugirió acudir al hospital general, donde al principio todo fue muy bien. Hubo un buen trato de parte de la directora y la trabajadora social, pero todo cambió cuando se encontró con un médico déspota que al ver que tenía el DIU, le dijo que se lo quitaría sin anestesia: “a ver cómo te va a doler, así como le abriste las patas, ni modo que no puedas”.

Acceder a información oficial de la Secretaría de Salud en Guerrero es toda una odisea. El encargado de la Dirección de Comunicación Social, Abel Salgado, no respondió los mensajes donde esta reportera solicitó información sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). En la Unidad de Partería de Chilpancingo, donde practican la interrupción, fue imposible encontrar a la directora, la subdirectora dijo que sólo la directora podía dar información.

Manuel de la Cruz Candela, encargado del componente Aborto Seguro de la Secretaría de Salud, comenta que a partir de la aprobación de la reforma se estableció a dicha dependencia como responsable de garantizar el acceso y se ha incrementado el número de unidades que ofrecen el servicio, de 16 en 2021, a 26 en 2022. Este año se suman 31 unidades. El funcionario menciona que están expandiendo el servicio con el programa de aborto seguro ambulatorio en las comunidades, acercándolo a las mujeres que solicitan el servicio para que no se trasladen. Antes tenían que ir a un hospital general, ahora lo están haciendo en los centros de salud y hospitales comunitarios.

De 16 hospitales generales de segundo nivel, sólo dos tienen un área de aborto seguro, un consultorio tipo 3, equipado para dar esa atención en Iguala. Según sus registros, la Secretaría de Salud Guerrero, aun antes de la reforma, ya atendía casos de aborto; en 2021 fueron dos mil 148 en todas las unidades hospitalarias; en 2022, fueron dos mil 850, un incremento de 10 por ciento, cuando se había estimado que con la reforma al Código Penal, las unidades hospitalarias iban a estar saturadísimas, destaca el funcionario.

De la Cruz Candela reconoce: “Con Aborto Seguro lo que buscamos es acompañar a las mujeres en su libre decisión, en su libre derecho de su vida sexual y reproductiva y darles acompañamiento. Falta mucho, sí falta trabajar mucho con los objetores de conciencia, sin embargo, creo, que vamos por buen camino, en ese sentido”. En total, a nivel estatal, son alrededor de 322 médicos no objetores de conciencia, es decir, que pueden realizar el procedimiento, de un universo aproximado de mil 860 médicos que están en la atención directa.

Asegura el funcionario, que ya no son las mismas quejas que tuvieron al principio de la reforma. Recordó el caso de una menor de nueve años, con un avanzado embarazo producto de una violación, a quien además de ser revictimizada se le negó el servicio en el hospital de Chilpancingo, y tuvo que ser cambiada a otra unidad para realizarle el procedimiento. A pesar de ello, y de que caería en el supuesto de violencia obstétrica prevista en la ley 553 de una vida libre de violencia, que establece sanciones para el personal que la ejerce, al momento, comentó el funcionario, no ha habido denuncia alguna y, en consecuencia, ninguna persona ha sido sancionado por este motivo.

“No lo voy a negar ha habido muchos casos de rechazo, pero al establecer rutas de atención eso ha ayudado a reducir los casos de negación del servicio, se ha podido subsanar cada caso que hemos tenido”, afirma el responsable del componente Aborto Seguro.

La Secretaría de Salud Guerrero cuenta con el apoyo de otras organizaciones además de IPAS, como Mexfam, Católicas por el derecho a decidir.

El responsable señala: “Todavía hay mujeres que por la cuestión del machismo se siguen atendiendo en sus casas, tomándose el té, poniéndose en riesgo, comprando el medicamento, o acudiendo a lugares totalmente inseguros… Yo esperaría que realmente estén decidiendo ir a las unidades hospitalarias, pues los centros de salud son muy seguros y son áreas incluso de oportunidad para detectar violencia, se trata de ir recuperando los espacios para las mujeres”.

A un año de que termine la presente legislatura local continúan en espera de un avance desde la Federación para aprobar una reforma que garantice plenamente la Interrupción Legal del Embarazo, pues la objeción de conciencia sigue obstruyendo el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos.

***Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas.


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