Acaparan concesiones de agua al amparo de la ley

En todo el norte de la República, las aguas superficiales y subterráneas están en manos de los Distritos de Riego, es decir, el 35% de todas las aguas concesionadas. Ciudades como Tijuana, Ensenada, Mexicali dependen de la buena voluntad de los Distritos de Riego del Valle de Mexicali de cómo, cuándo y a qué precio van a obtener el vital líquido.

Así lo hizo público la subdirectora de Administración del Agua, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Elena Burns Stuck, durante su participación en la conferencia “Agua y Soberanía en la Cuarta Transformación.

Dentro del ciclo Autosuficiencia Alimentaria e Innovación Tecnológica, que organiza la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, dijo que la Ley de Aguas Nacionales vigente, aprobada en 1992, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), conlleva una serie de concesiones, coloca al vital líquido como artículo de compra-venta, propicia el acaparamiento en pocas manos.

E incluso las empresas pueden contaminar los cuerpos de agua. De acuerdo a la NOM 001 en la Ley Federal de Derechos, las grandes empresas que contaminan, tienen cierto número de toneladas al mes que pueden contaminar de forma gratuita, siempre que tengan una concesión.

Además, la Ley de Aguas Nacionales, permite y fomenta la compra y venta de concesiones. “Estamos con las manos atadas, mientras vemos que grandes intereses económicos en el país, adquieren los derechos de ejidos, comunidades y pequeños agricultores”.

La concentración sobre el control del agua en este momento que ya de por sí es fuerte, día a día aumenta, denunció.

Tampoco se reconoce el acceso preferente y a la libre determinación, según sus formas de gobierno por parte de los pueblos indígenas, sobre el agua y los recursos naturales en sus territorios.

Se dejó a las leyes estatales cómo se iba a reconocer la personalidad jurídica “y esto no se ha podido cumplir por hoyos, por vacíos en la Ley”.

Comentó que en el contexto del Plan de Justicia para el pueblo Yaqui y el compromiso presidencial con las comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca, “se trabaja duro para poder encontrar mecanismos y reconocer estos derechos para estos pueblos y los demás de país”.

EN LAS CIUDADES SE MANDA A QUIEN MÁS PAGA

En cuanto a los núcleos agrarios, la dotación de agua es a través de dotación, es una restitución a las comunidades a través de Decretos presidenciales. “La LAN intentó borrar estos derechos, exigiendo además, que fueran reemplazadas (las dotaciones), por concesiones, una forma de tenencia pero más débil, más condicionada”, apuntó la funcionaria y especialista en agua.

Subrayó que en estos años, desde 1992, en Tribunales se estableció jurisprudencia: que la dotación es un derecho superior a la concesión y que no puede reemplazarse por ésta.

“En Conagua, buscamos cómo reconocer los derechos de los núcleos agrarios establecidos por decretos presidenciales. La ley no nos da instrumentos, enfatizó.

Respecto a las ciudades, el agua para uso urbano, la manera que la Federación permite es a través de los organismos operadores. “Y estos mandan el vital líquido a dónde más se paga o donde hay mayores intereses políticos o económicos”.

Afirmó la doctora Burs Stuck: “Necesitamos una ley que permita obligar a todas las entidades que manejan agua y sus servicios, a garantizar que primero se debe abastecer a las zonas habitacionales, a las zonas urbanas y después a la industria”.

En cuanto a la compra y venta de concesiones, señaló: “Vigilamos en este momento, con las manos atadas, ver qué hacer, mientras grandes intereses económicos adquieren los derechos de ejidos, comunidades y pequeños agricultores”.

La concentración del control sobre el agua que ya de por sí es fuerte, día a día aumenta, denunció.

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Citó el caso de las inmobiliarias que adquieren derechos al agua, construyen fraccionamientos y nunca sueltan el control. “Es una privatización de hecho”.

Y señaló que de acuerdo a estudios, 104 cuencas en el país ya tienen déficit y 105 acuíferos son los que surten a la mayor parte de la población y actividades económicas del país y por tanto, no se cumple con el derecho al agua a pequeños agricultores, comunidades y pueblos indígenas.

Finalmente expresó que están en espera de que el Poder Legislativo trabaje ya, toda vez que desde 2013 “tienen la obligación de actualizar la Ley de Aguas Nacionales y contar con un ordenamiento que se centre en los derechos de los pueblos a un ambiente sano y a una sana alimentación”.