/ lunes 23 de agosto de 2021

Aumentan las consultas con el Doctor Simi

La falta de presupuesto en el sector público provocó que más gente vaya a consultorios de farmacias, dicen especialistas

En medio de la pandemia, una mayor cantidad de mexicanos vieron en los consultorios adyacentes a farmacias una alternativa para acudir al doctor, ya sea por síntomas relacionados por Covid-19 o para atender otro tipo de enfermedades. Los más pobres fueron sus clientes más frecuentes.

Entre 2018 y 2020, el porcentaje de personas en el decil más pobre de la población que buscó atención médica en consultorios de cadenas como Farmacias Similares, Farmacias del Ahorro, Doctor Descuento, Benavides, entre otras, pasó de 13 a 20 por ciento.

➡️ Tercera ola de Covid-19 satura los hospitales

En el mismo periodo, quienes se atendieron en clínicas y hospitales de la Secretaría de Salud (SSa) bajaron de 52 a 36 por ciento, revela un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) con base en información de las últimas dos ediciones de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).

En todos los deciles de ingresos más personas decidieron atenderse en esta clase de establecimientos, salvo en los dos más altos, donde la proporción que acudió a consultorios en farmacias se mantuvo en 13 y ocho por ciento, respectivamente.

“Los consultorios de farmacia eran la opción más cercana que tenían las personas, no sólo de los niveles socioeconómicos bajos, sino las personas en general, cuando empezaban a sentir alguna sintomatología de Covid… La misma infraestructura de los consultorios de farmacias se vio en su momento rebasada por la cantidad de gente que acudía como un primer punto de contacto para buscar la asistencia médica”, explica Cristina Gutiérrez Delgado, consultora independiente y miembro de ISPOR capítulo México, una organización internacional de farmacoeconomía.

Los consultorios médicos de bajo costo adyacentes a farmacias tuvieron un crecimiento explosivo desde mucho antes de la pandemia. Sólo la cadena Farmacias Similares, propiedad del político del Partido Verde, Jorge González Torres, contaba con seis mil 746 consultorios en 2019, cuando en 2010 tenía tres mil 925. En el mismo periodo, pasó de 45.3 millones de consultas a 110.9 millones, según cifras de la Fundación Best, a la que pertenecen estas franquicias.

Para 2020, el año que llegó la pandemia, el número de consultorios creció a siete mil 63, aunque las consultas médicas se redujeron a 107.6 millones.

Andrés Castañeda Prado, coordinador de la causa Salud y Bienestar de la organización Nosotrxs, explica que la explosión de los consultorios en farmacia tiene su origen en el año 2010, cuando cambió la normativa para la prescripción de antibióticos, que requería obligatoriamente de una receta médica para venderlos. Además, a la par empezó la política de medicamentos genéricos, lo que fomentó que hubiera más farmacias con medicinas a costos más accesibles para la gente.

A ello se suma la desatención del gobierno a los centros de salud de primer nivel. De acuerdo con Castañeda, desde 2010 tampoco ha crecido el presupuesto en salud en México, y además existe una disparidad en la asignación de los recursos: entre 80 y 90 por ciento del dinero se dirige al segundo y tercer nivel de atención y el resto al primer nivel, cuando 85 por ciento de las atenciones se dan justo ahí.

La falta de recursos en estas clínicas genera desatención, largos tiempos de espera, consultas exprés, mala calidad de servicios y hasta falta de medicamentos. Y los consultorios de bajo costo han llenado esos huecos.

“Necesitamos duplicar el número de centros de atención primaria. Realmente hay una necesidad. Si las farmacias están duplicándose cada año y están llenas, eso quiere decir que claramente hay una necesidad que no está satisfaciendo el sistema público de primer nivel de atención”, explica el especialista.

A este hecho se suma que alrededor de 20 por ciento de las personas en México brincan de un año a otro de subsistema de salud. Un día pueden tener IMSS por su trabajo, pero al otro pierden el empleo y terminan en el sector informal y sólo con acceso a los servicios del Insabi (antes Seguro Popular). Además de que esto no permite dar un seguimiento al expediente del paciente (porque las distintas dependencias no comparten la información) y lo desincentiva a seguir asistiendo si la nueva clínica queda lejos de su casa.

“Contar con un servicio de médico general en un horario extendido y más cerca del domicilio de las personas lo convierte en un servicio más atractivo que tener que invertir una mañana o tarde o día completo en la unidad de medicina familiar o centro de salud”, explica Gutiérrez Delgado.

La pandemia no vino más que agudizar los problemas de antaño. Con el cierre de la economía, el desempleo creció y mucha gente perdió su seguridad social. La gente, por otro lado, consideró más seguro ir a la farmacia para evitar contagios de Covid que a una clínica del gobierno.

En medio de la pandemia, el gasto público per cápita en los servicios de salud del Insabi, destinado a población sin seguridad social, se redujo de tres mil 656 pesos por persona en 2019 a tres mil 299 en 2020 y a dos mil 911 en este año, revela un estudio del CIEP.

Tampoco hay medicinas. De acuerdo con el Informe de Transparencia en Salud 2019-2020, publicado por Nosotrxs y el colectivo Cero Desabasto, entre esos años se triplicó el número de recetas no surtidas en el IMSS (pasando de cinco millones a casi 16 millones), aun cuando el número de consultas en el país cayó en 45 millones en el mismo lapso por la pandemia.

“El acceso a los medicamentos ha estado fuertemente comprometido en los últimos años y también esto explica en gran medida el aumento de las farmacias. Si no te dan el medicamento en la clínica, ¿para qué vas? De todos modos, en la farmacia hay un médico y te resuelve el problema”, lamenta Castañeda Prado.

CRECE GASTO DE BOLSILLO

Durante varios años, Cristina Gutiérrez trabajó en la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud federal. Ella tenía a su cargo el análisis de la ENIGH, que bianualmente publica el Inegi, para analizar las tendencias de gasto en cuidados de la salud.

Comparte que durante 15 años de análisis de la encuesta se había visto una reducción en el gasto de bolsillo que hacen los hogares en salud; levantamiento tras levantamiento, siempre había por lo menos una ligera reducción.

La creación del Seguro Popular, enfocado en población sin seguridad social, explica parte del fenómeno. Todavía entre las ENIGH de 2016 y 2018, el gasto que hacían las familias en este rubro había caído 0.9 por ciento.

La última encuesta, levantada en 2020, entre los dos primeros picos de la pandemia, revela que el dinero que destinaron los hogares en atención de la salud se disparó 40.5 por ciento respecto a dos años antes. “Es una variación gigantesca en comparación con la tendencia que se venía dando”, explica la experta.

No sólo eso. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre Covid (ENSANUT), 18.6 por ciento de los integrantes de los hogares entrevistados tuvo alguna necesidad de salud en los últimos tres meses previos a la entrevista; de ellos, 82 por ciento buscó atención, 81 por ciento la obtuvo, y sólo 34 por ciento se atendió en servicios públicos.

Al menos en el primer nivel, “la pandemia la soportó el sistema privado de salud en la gran mayoría de los casos”, afirma Andrés Castañeda. En cuanto a atención especializada, el sistema público siguió absorbiendo la atención ya que para el grueso de la población es imposible costear una atención privada de alto nivel.

La Ensanut 2020 también indica que los hogares más pobres destinaron 75 por ciento de su gasto en salud a pagar consultas de atención primaria y medicamentos.

PROS Y CONTRAS

Castañeda considera que la proliferación de consultorios adyacentes a farmacias es un fenómeno polémico: es cierto que resuelven una necesidad que no ha podido subsanar el sistema público de salud, pero “no es, de ninguna manera, la mejor opción y que así se esté solventando sobre todo la atención primaria”.

El problema, dice el especialista, es que este tipo de consultorios, que generan sus ingresos a partir del número de consultas y medicamentos que venden, no tienen incentivos para prevenir y controlar las enfermedades, sino para recetar más medicina.

“Hay papers, algunos del Instituto Nacional de Seguridad Pública, en donde se demuestra que en promedio se recetan más medicamentos en una consulta tradicional en consultorios de una farmacia que en una del sistema público. Y no es que haya una mejor atención. Más medicamentos no significa mejor atención, inclusive puede ser por atención”, explica.

Añade que apostar a que el vacío en los servicios de primer nivel sea llenado por los privados, mientras que el sistema de salud se concentre en el segundo y el tercer nivel, es una muy mala estrategia en términos de salud, en términos económicos y en términos de derechos.

En términos de salud es mala idea porque no hay incentivos para que las personas tengan en control sus enfermedades crónicas, que son las que predominan hoy en México y además terminan en hospitalizaciones en el segundo y tercer nivel.

En términos económicos, va a salir más caro tanto a las personas como a las finanzas públicas. Y en términos de derechos, porque no se aborda de manera integral la salud de los mexicanos.


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En medio de la pandemia, una mayor cantidad de mexicanos vieron en los consultorios adyacentes a farmacias una alternativa para acudir al doctor, ya sea por síntomas relacionados por Covid-19 o para atender otro tipo de enfermedades. Los más pobres fueron sus clientes más frecuentes.

Entre 2018 y 2020, el porcentaje de personas en el decil más pobre de la población que buscó atención médica en consultorios de cadenas como Farmacias Similares, Farmacias del Ahorro, Doctor Descuento, Benavides, entre otras, pasó de 13 a 20 por ciento.

➡️ Tercera ola de Covid-19 satura los hospitales

En el mismo periodo, quienes se atendieron en clínicas y hospitales de la Secretaría de Salud (SSa) bajaron de 52 a 36 por ciento, revela un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) con base en información de las últimas dos ediciones de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).

En todos los deciles de ingresos más personas decidieron atenderse en esta clase de establecimientos, salvo en los dos más altos, donde la proporción que acudió a consultorios en farmacias se mantuvo en 13 y ocho por ciento, respectivamente.

“Los consultorios de farmacia eran la opción más cercana que tenían las personas, no sólo de los niveles socioeconómicos bajos, sino las personas en general, cuando empezaban a sentir alguna sintomatología de Covid… La misma infraestructura de los consultorios de farmacias se vio en su momento rebasada por la cantidad de gente que acudía como un primer punto de contacto para buscar la asistencia médica”, explica Cristina Gutiérrez Delgado, consultora independiente y miembro de ISPOR capítulo México, una organización internacional de farmacoeconomía.

Los consultorios médicos de bajo costo adyacentes a farmacias tuvieron un crecimiento explosivo desde mucho antes de la pandemia. Sólo la cadena Farmacias Similares, propiedad del político del Partido Verde, Jorge González Torres, contaba con seis mil 746 consultorios en 2019, cuando en 2010 tenía tres mil 925. En el mismo periodo, pasó de 45.3 millones de consultas a 110.9 millones, según cifras de la Fundación Best, a la que pertenecen estas franquicias.

Para 2020, el año que llegó la pandemia, el número de consultorios creció a siete mil 63, aunque las consultas médicas se redujeron a 107.6 millones.

Andrés Castañeda Prado, coordinador de la causa Salud y Bienestar de la organización Nosotrxs, explica que la explosión de los consultorios en farmacia tiene su origen en el año 2010, cuando cambió la normativa para la prescripción de antibióticos, que requería obligatoriamente de una receta médica para venderlos. Además, a la par empezó la política de medicamentos genéricos, lo que fomentó que hubiera más farmacias con medicinas a costos más accesibles para la gente.

A ello se suma la desatención del gobierno a los centros de salud de primer nivel. De acuerdo con Castañeda, desde 2010 tampoco ha crecido el presupuesto en salud en México, y además existe una disparidad en la asignación de los recursos: entre 80 y 90 por ciento del dinero se dirige al segundo y tercer nivel de atención y el resto al primer nivel, cuando 85 por ciento de las atenciones se dan justo ahí.

La falta de recursos en estas clínicas genera desatención, largos tiempos de espera, consultas exprés, mala calidad de servicios y hasta falta de medicamentos. Y los consultorios de bajo costo han llenado esos huecos.

“Necesitamos duplicar el número de centros de atención primaria. Realmente hay una necesidad. Si las farmacias están duplicándose cada año y están llenas, eso quiere decir que claramente hay una necesidad que no está satisfaciendo el sistema público de primer nivel de atención”, explica el especialista.

A este hecho se suma que alrededor de 20 por ciento de las personas en México brincan de un año a otro de subsistema de salud. Un día pueden tener IMSS por su trabajo, pero al otro pierden el empleo y terminan en el sector informal y sólo con acceso a los servicios del Insabi (antes Seguro Popular). Además de que esto no permite dar un seguimiento al expediente del paciente (porque las distintas dependencias no comparten la información) y lo desincentiva a seguir asistiendo si la nueva clínica queda lejos de su casa.

“Contar con un servicio de médico general en un horario extendido y más cerca del domicilio de las personas lo convierte en un servicio más atractivo que tener que invertir una mañana o tarde o día completo en la unidad de medicina familiar o centro de salud”, explica Gutiérrez Delgado.

La pandemia no vino más que agudizar los problemas de antaño. Con el cierre de la economía, el desempleo creció y mucha gente perdió su seguridad social. La gente, por otro lado, consideró más seguro ir a la farmacia para evitar contagios de Covid que a una clínica del gobierno.

En medio de la pandemia, el gasto público per cápita en los servicios de salud del Insabi, destinado a población sin seguridad social, se redujo de tres mil 656 pesos por persona en 2019 a tres mil 299 en 2020 y a dos mil 911 en este año, revela un estudio del CIEP.

Tampoco hay medicinas. De acuerdo con el Informe de Transparencia en Salud 2019-2020, publicado por Nosotrxs y el colectivo Cero Desabasto, entre esos años se triplicó el número de recetas no surtidas en el IMSS (pasando de cinco millones a casi 16 millones), aun cuando el número de consultas en el país cayó en 45 millones en el mismo lapso por la pandemia.

“El acceso a los medicamentos ha estado fuertemente comprometido en los últimos años y también esto explica en gran medida el aumento de las farmacias. Si no te dan el medicamento en la clínica, ¿para qué vas? De todos modos, en la farmacia hay un médico y te resuelve el problema”, lamenta Castañeda Prado.

CRECE GASTO DE BOLSILLO

Durante varios años, Cristina Gutiérrez trabajó en la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud federal. Ella tenía a su cargo el análisis de la ENIGH, que bianualmente publica el Inegi, para analizar las tendencias de gasto en cuidados de la salud.

Comparte que durante 15 años de análisis de la encuesta se había visto una reducción en el gasto de bolsillo que hacen los hogares en salud; levantamiento tras levantamiento, siempre había por lo menos una ligera reducción.

La creación del Seguro Popular, enfocado en población sin seguridad social, explica parte del fenómeno. Todavía entre las ENIGH de 2016 y 2018, el gasto que hacían las familias en este rubro había caído 0.9 por ciento.

La última encuesta, levantada en 2020, entre los dos primeros picos de la pandemia, revela que el dinero que destinaron los hogares en atención de la salud se disparó 40.5 por ciento respecto a dos años antes. “Es una variación gigantesca en comparación con la tendencia que se venía dando”, explica la experta.

No sólo eso. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre Covid (ENSANUT), 18.6 por ciento de los integrantes de los hogares entrevistados tuvo alguna necesidad de salud en los últimos tres meses previos a la entrevista; de ellos, 82 por ciento buscó atención, 81 por ciento la obtuvo, y sólo 34 por ciento se atendió en servicios públicos.

Al menos en el primer nivel, “la pandemia la soportó el sistema privado de salud en la gran mayoría de los casos”, afirma Andrés Castañeda. En cuanto a atención especializada, el sistema público siguió absorbiendo la atención ya que para el grueso de la población es imposible costear una atención privada de alto nivel.

La Ensanut 2020 también indica que los hogares más pobres destinaron 75 por ciento de su gasto en salud a pagar consultas de atención primaria y medicamentos.

PROS Y CONTRAS

Castañeda considera que la proliferación de consultorios adyacentes a farmacias es un fenómeno polémico: es cierto que resuelven una necesidad que no ha podido subsanar el sistema público de salud, pero “no es, de ninguna manera, la mejor opción y que así se esté solventando sobre todo la atención primaria”.

El problema, dice el especialista, es que este tipo de consultorios, que generan sus ingresos a partir del número de consultas y medicamentos que venden, no tienen incentivos para prevenir y controlar las enfermedades, sino para recetar más medicina.

“Hay papers, algunos del Instituto Nacional de Seguridad Pública, en donde se demuestra que en promedio se recetan más medicamentos en una consulta tradicional en consultorios de una farmacia que en una del sistema público. Y no es que haya una mejor atención. Más medicamentos no significa mejor atención, inclusive puede ser por atención”, explica.

Añade que apostar a que el vacío en los servicios de primer nivel sea llenado por los privados, mientras que el sistema de salud se concentre en el segundo y el tercer nivel, es una muy mala estrategia en términos de salud, en términos económicos y en términos de derechos.

En términos de salud es mala idea porque no hay incentivos para que las personas tengan en control sus enfermedades crónicas, que son las que predominan hoy en México y además terminan en hospitalizaciones en el segundo y tercer nivel.

En términos económicos, va a salir más caro tanto a las personas como a las finanzas públicas. Y en términos de derechos, porque no se aborda de manera integral la salud de los mexicanos.


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