La Auditoría Superior de la Federación identificó que en el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) dejó de ejercer dos mil 199 millones 810 mil 500 pesos del Fondo Mexicano del Petróleo.
Al hacer la revisión de la Cuenta Pública 2019, la ASF asegura que el Conacyt, que encabeza María Elena Álvarez-Buylla, no acreditó la recepción de esos dos mil 199 millones 810 mil 500 pesos por concepto de aportaciones de ese Fondo, previo a que se decretara en este año la desaparición de ese fideicomiso.
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Dicho fondo estaba destinado para el desarrollo de investigación científica y tecnológica, además de recortar las becas para formar a especialistas del sector de los hidrocarburos.
La Auditoría pudo constatar que en el cambio de ese programa sí se gastaron 364 millones 545 mil 800 pesos, pero al solicitar los comprobantes “el Conacyt no acreditó ni comprobó en qué conceptos fueron ejercidos dichos recursos”.
Señala que con esos recursos “no financió el desarrollo de proyectos para investigación científica, tecnológica, innovación y formación de recursos humanos especializados en materia de hidrocarburos, y los resultados en materia de otorgamiento de becas se redujeron respecto de los años anteriores, toda vez que, en 2019 disminuyó 50 por ciento en comparación con 2016”.
Las becas pasaron de 16 a ocho becas posdoctorales con una disminución de recursos de 32.1 por ciento, por un monto de seis millones 156 mil pesos a cuatro millones 176 mil pesos.
En consecuencia, señala la falta de transparencia con que se maneja la institución. Esa postura se ratifica al hacer también una evaluación de desempeño a la institución en la que se advierte que al momento de cerrar la auditoría el Consejo no había publicado su plan de desarrollo.
Al cancelar el programa de Innovación Tecnológica para Incrementar la Productividad de las Empresas, con la reorientación del presupuesto, “los 256 millones 869 mil pesos asignados al programa se ejercieron, principalmente, en conceptos de gasto corriente”, es decir, el pago de salarios. Al no destinar recursos la Auditoría afirma que no se incentivó “la inversión de las empresas en actividades y proyectos relacionados con la investigación, desarrollo tecnológico e innovación, mediante el otorgamiento de subsidios, que permitan la maduración tecnológica de los proyectos apoyados”.
Esos recursos se destinaron principalmente a conceptos de gasto corriente, lo que limitó el desarrollo de las empresas que contribuyen en la generación de capacidades científicas mediante la ejecución de proyectos en la materia.
Como no operó el programa, la Auditoria se abstuvo de opinar sobre la cancelación del programa, sólo se concreta a indicar que el diseño de “los lineamientos de operación del programa no garantizaron el cumplimiento de los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad y selectividad de los subsidios”.
Al emitir recomendaciones confía en que el Conacyt “ejerza los recursos aprobados para los objetivos que le fueron autorizados en el PEF, por la Cámara de Diputados; que implemente una estrategia que le permita dar continuidad a los apoyos para empresa que desarrollen proyectos vinculados a la innovación y desarrollo tecnológico, y que en coordinación con los sectores relacionados con la ciencia, tecnología e innovación, elabore el Plan Nacional para la Innovación de la presente administración”.
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