El Congreso Agrario Permanente (CAP) que integran 10 de las más grandes organizaciones campesinas del país firmó el “Pacto por el Campo”, con el candidato a la gubernatura del Estado, Octavio Pedroza Gaitán, de la coalición "Sí por San Luis".
Con esta firma, el CAP espera sumar a más candidatos por las gubernaturas con valores, calidad moral y conciencia de la relevancia que tiene el sector primario para el desarrollo económico y alimentario de la nación.
El coordinador nacional del CAP, José Luis González Aguilera, refirió que tras casi la mitad de sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, el sector agroalimentario no representa un desarrollo económico para los pequeños y medianos agricultores, ni garantiza la autosuficiencia alimentaria.
“Tenemos la estrepitosa caída en la producción de maíz y frijol, alimentos básicos en la dieta del mexicano. De maíz se estima en 30%, debido a la sequía que impera en todo el territorio nacional. De frijol, ya de enero a abril de este año, se importaron 99 mil toneladas de los Estados Unidos”, comentó el coordinador.
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Actualmente, el precio de inferencia en zonas de consumo del frijol norteamericano de importación se ubica en 24 mil 455 pesos/tonelada de frijol pinto y de 25 mil 192 pesos/tonelada del negro. Esto representa un incremento semanal de 5.2% y 10.9%, respectivamente.
Por esto se tomó la decisión de firmar un Pacto por el Campo con los gobernadores interesados y con aquellos candidatos a las gubernaturas en juego a nivel nacional, pues “la dependencia, inseguridad alimentaria y malnutrición comprometen los derechos y modos de vida, producción y cultura de campesinos e indígenas”.
Además, de vulnerar peligrosamente la independencia y economía nacional, dijo González Aguilera.
En este compromiso va implícito el apoyo mutuo. Es decir, las organizaciones campesinas que integran el CAP apoyarán con su voto al abanderado de la coalición "Sí por San Luis" y, de obtener el triunfo, Pedroza Gaitán apoyará a los campesinos e indígenas de la entidad con programas productivos que alienten la producción de alimentos.
Este Pacto consta de 17 puntos, entre los que destacan el reconocimiento y reactivación de las organizaciones sociales y campesinas como interlocutoras en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas agroalimentarias y agrarias de la entidad potosina.
Impulso a las actividades de los pequeños productores de las ramas de producción para mejorar y acceder a tecnología, adquisición de insumos, tecnificación y apoyos crediticios suficientes, accesibles y oportunos.
Contempla también la puesta en marcha de un Programa de Atención a los Migrantes Rurales que privilegie su derecho a la tierra y garantice el pleno ejercicio de sus derechos agrarios.
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Así como fortalecer los aspectos fitosanitarios y de inocuidad agropecuaria y acuícola, como la plataforma más importante para la prevención y control de daños por plagas y enfermedades, y para concretar la exportación de productos agropecuarios.
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