La intención de Conagua de requisar agua a las industrias que tienen concesiones para el uso del líquido bajo el argumento de atender el desabasto entre la población durante la emergencia sanitaria generó suspicacias entre el sector privado.
El proyecto de acuerdo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) publicó el 18 de mayo para su revisión en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) ha recibido más de una decena de comentarios de la industria en los que expresan dudas sobre los fundamentos de las disposiciones que se pretenden aplicar.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo que desconoce que la Secretaría de Salud hubiese solicitado el apoyo que implica este Anteproyecto de Acuerdo, ni a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ni a la Conagua, “lo cual implicaría que el mismo carecería de fundamentación”.
El comentario de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable del CCE subraya que de acuerdo con el decreto presidencial del 27 de marzo, que declara como emergencia sanitaria la pandemia del coronavirus Covid-19, “las acciones que deben ejercer las demás dependencias federales dependen y tan solo proceden si devienen de un requerimiento de la Secretaría de Salud”.
No obstante, el CCE consideró útil el proyecto de la Conagua que llama a los concesionarios a compartir el recurso por el que pagan con los organismos operadores y autoridades locales para el abastecimiento de hogares y zonas conurbadas con el fin de paliar la emergencia sanitaria.
La semana pasada, El Sol de México dio a conocer que la Conagua publicó un proyecto de acuerdo que establece como medida extraordinaria el uso parcial o total de las aguas concesionadas a empresas e instituciones, con el fin de proporcionarla de forma provisional a población afectada por la pandemia y así evitar la escasez del líquido.
Los comentarios indican que las industrias les preocupa que el acuerdo no precisa el volumen de agua que les será requerido ni tampoco que como concesionarios no pagarán por el recurso requisado.
El organismo cúpula del sector empresarial habla de algunas inconsistencias que hacen incierta la interpretación del acuerdo, por lo que pidió mayor precisión y certeza jurídica.
Entre otras, el CCE pide a la Conagua informe el volumen de líquido que requerirá para cubrir la demanda por la emergencia, así como garantizará el resarcimiento de daños que se ocasionen a su infraestructura, ya que el documento establece que los organismos operadoras podrán hacer uso de ésta durante el tiempo que esté vigente el acuerdo.
Además, pide que se señale con precisión si el acuerdo será aplicable solo a empresas o a todos los concesionarios de agua en el país, implicando a aquellos que desarrollen actividades esenciales conforme a lo establecido por el Consejo de Salubridad General.
Al respecto, la Iniciativa GEMI, una organización de empresas por el medio ambiente, la salud y la seguridad, opinó que el acuerdo de la Conagua debe establecer casos de excepción a las empresas con actividades esenciales.
“En el país contamos con un grupo de empresas definidas por el gobierno Federal como esenciales para la atención de esta emergencia sanitaria y que a nuestro leal saber y entender, deben contar con la totalidad de los insumos necesarios para sostener sus actividades”, indicó un comentario enviado por el grupo de empresas que incluye a Bonafont, Coca Cola FEMSA, Grupo Bimbo, Nestlé, Pepsico, Grupo Herdez, Jumex, Grupo Modelo, Unilever, L'oréal, Natura, Cemex, Chrysler, Ford y General Motors, entre otros.
El Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico) también se pronunció respecto al proyecto de la Conagua y advirtió que quitarle agua a empresas de alimentos podría afectar a la producción y provocar desabasto en el país.
El organismo que agrupa a empresas de alimentos, bebidas y productos de cuidado personal y del hogar, como Alpura, Barcel, Bimbo, Coca Cola, Grupo Peñafiel, Kellogg’s, La Costeña, La Moderna, Gruma, Herdez, Danone, Lala, Jumex, Heineken y José Cuervo, señaló que “la alteración en la industria alimenticia por falta de este recurso (el agua) provocaría desabasto de alimentos indispensables, afectando colateralmente a la población”.
La Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas añadió además que el acuerdo no considera el aspecto fiscal en cuanto al pago de derechos, ya que no específica quien será sujeto del derecho ni la forma en que se deberá declarar.
Las distintas industrias que se han pronunciado al acuerdo, entre ellas la química y la de la celulosa y del papel, coinciden en que el agua requisada no les sea cobrada, además de que se deje en claro cuánto tiempo durará el acuerdo.
La última versión del proyecto de la Conagua establece que la medida estará vigente durante seis meses desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación o hasta el abastecimiento a la población por la emergencia sanitaria sean superado, condición que no se estipuló en la primera versión del documento publicada el pasado 18 de mayo.
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