México se enfrenta a una crisis de seguridad y protección de las y los periodistas. Pese a contar desde 2012 con un Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos coordinado por la Secretaría de Gobernación (Segob), éste no ha conseguido ofrecer el auxilio y seguridad requeridos por la prensa.
“La investigación de Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) pone de manifiesto que el Mecanismo es una institución muy necesaria que puede desempeñar un papel de vital importancia en la protección de los y las periodistas de México. Ha contribuido a garantizar la seguridad de cientos de periodistas en situación de riesgo en uno de los entornos más peligrosos del mundo para la prensa. Sin embargo, esta investigación también pone de relieve muchos errores y deficiencias graves en el desempeño y las capacidades del Mecanismo que dejan a muchos/as periodistas sin protección ante graves peligros”, dice el informe “La Verdad se Protege”.
El documento indica que desde 2012 han ocurrido 88 homicidios contra comunicadores en México, 37 de éstos directamente relacionados con su trabajo. Los estados más peligrosos durante este periodo fueron Veracruz con 21 asesinatos, seguido de Guerrero con 10, Oaxaca con 9 y Sonora con 7, exponen las cifras de la CPJ.
Organizaciones civiles como el CPJ elaboraron su propio conteo ante la falta de claridad en las estadísticas oficiales del gobierno. Mientras que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) registró 86 asesinatos entre 2012 y diciembre de 2023, la Segob reportó 166 asesinatos hasta octubre de 2022.
"Estas diferencias podrían menoscabar los esfuerzos para diseñar e implementar medidas de protección efectiva", apunta el informe.
Además de los homicidios, México ostenta el récord del mayor número de periodistas desaparecidos en el mundo. A finales de 2023, se confirmó la desaparición de al menos 15 comunicadores, sin que ningún caso haya resultado en sentencias condenatorias o imposición de penas contra los responsables.
De acuerdo con la información del CPJ, el ejercicio periodístico se convierte en una actividad de alto riesgo en este país, especialmente en medios regionales o locales fuera de la Ciudad de México y en la cobertura de temas relacionados con la delincuencia, crimen organizado y corrupción política.
La falta de garantías de seguridad para periodistas inscritos en el Mecanismo es evidente, asegura el documento: El Mecanismo de Protección de la Segob, que confirmó a la CPJ que ocho periodistas bajo la protección del Mecanismo fueron asesinados desde su fundación en 2012.
De ellos, dos periodistas fueron asesinados en Quintana Roo (2018 y 2019) y otros seis en Veracruz, Baja California Sur, Guerrero, Sonora, Oaxaca y Michoacán.
A pesar de los numerosos ataques contra la prensa, la FEADLE logró solo 37 sentencias condenatorias desde 2012, incluyendo amenazas, robos, torturas y homicidios, con condenas que oscilan entre dos días y 50 años de prisión. De estas, únicamente ocho fueron por asesinatos, sin que se haya declarado culpable al autor intelectual de ningún periodista desde 2010.
Uno de los casos emblemáticos que ilustran las deficiencias del Mecanismo es el del periodista Rubén Pat Cauich, quien perdió la vida por disparos en Playa del Carmen, Quintana Roo, el 24 de julio de 2018, apenas dos meses después de inscribirse en el Mecanismo.
Pat Cauich había denunciado reiteradas amenazas y agresiones, sin embargo, el Mecanismo sólo le proporcionó un botón de pánico, ignorando la urgencia de su situación. El CPJ, en contacto frecuente con Pat, transmitió estas preocupaciones al Mecanismo, pero aparentemente sin resultados inmediatos.
Amnistía Internacional y el CPJ entrevistaron a 28 periodistas inscritos en el Mecanismo en diferentes estados de la República mexicana. La mayoría de ellos enfrentaban amenazas o ataques de la delincuencia organizada o funcionarios públicos.
Las medidas de protección más comunes proporcionadas por el Mecanismo fueron botones de pánico y números de emergencia, así como patrullas policiales en sus hogares o lugares de trabajo. Sin embargo, muchos periodistas se quejaron de que los botones de pánico no funcionaban correctamente.
El informe concluye con la evidente necesidad de reformas urgentes en el Mecanismo para garantizar una protección efectiva y sensible para los periodistas en México. La coordinación con organismos de investigación, mayor capacitación del personal y una atención adecuada a la salud mental son pasos cruciales para abordar esta crisis y proteger la libertad de prensa en el país.
