Una investigación realizada por el Proyecto Amapola México señala que, durante los últimos 50 años, la cantidad de esta droga que las fuerzas armadas declararon haber destruido ha “crecido progresivamente sexenio tras sexenio” hasta llegar casi a su totalidad, pues del año 1967 al 2021 esta cifra pasó de ser del 35 por ciento al 99 por ciento.
De acuerdo con Paul Frissard, coordinador de Investigación y Políticas Públicas de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), los datos proceden de informes del gobierno mexicano, quienes comenzaron a publicar las cifras de las superficies de cultivos destruidos por todas las autoridades de seguridad desde el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, aunque dicha práctica comenzó desde los años 30.
Para Frida Ibarra, investigadora y abogada de MUCD, el problema radica en que a nivel legal la persecución de los delitos se encuentra en manos de las fuerzas civiles de seguridad, es decir el Ministerio Público y la Fiscalía General de la República (antes Procuraduría General de la República), mismas que han perdido control progresivamente de estas tareas.
“Lo que podemos decir, por lo menos desde el punto de vista legal, es que observamos esfuerzos que tratan de legalizarlo abiertamente (la participación de las fuerzas militares en la persecución de estos delitos) cuando es inconstitucional”, advirtió durante la presentación del segundo dossier de proyecto.
Este hecho, según Román Le Cour, coordinador del Programa para México y Centro América del Noria Research, demuestra tres aspectos: Que la guerra contra las drogas y la militarización del país llevan más de 50 años de implementación en México y que la producción y el tráfico de drogas no se dan a espaldas del gobierno ni de los mercados legales “sino que se articulan con ellos y sus agentes”.
Respecto al tercer punto, señala que estas hacen referencia a los diferentes tipos de violencias que se viven en el país a raíz de esta práctica de destrucción, que “no son únicamente el producto de lo que vemos como el narco. Tienen que ver con explotación laboral, humillaciones, migración, discriminaciones, criminalización, desapariciones y muchas más manifestaciones violentas que son realizadas por actores públicos y privados”.
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Al respecto Cecilia Farfán, politóloga de la Universidad de California, señala que una de las consecuencias que la destrucción de la amapola ha traído al país tiene que ver con que se ha criminalizado a la población productora, lo que ha generado una serie de violaciones graves a derechos humanos.
“(En estos territoritos) se encuentran casos de tortura y desaparición forzada realizados por las autoridades específicamente. Lo que es interesante, y es uno de los hallazgos de esta investigación, es que incluso a veces el mismo personal militar es víctima de violaciones a derechos humanos por parte de otros integrantes de las fuerzas armadas”, señala.
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