El Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024, que se publica en el Cuarto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, revela retrocesos de 2019 a 2021 en materia de derechos humanos y registra un aumento en el porcentaje de la población que vive en pobreza extrema.
Las cifras, que tienen como fuente la información que entregan distintas dependencias a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que forman parte de los Anexos de dicho documento, mencionan que disminuyó el “porcentaje de recomendaciones aceptadas y cumplidas”.
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Este indicador bajó de 18.5 por ciento en 2019 a 11.2 por ciento en 2020. En los años 2021 y 2022 no se registran datos de esta medición anual.
Apenas el 15 de diciembre, López Obrador declaró en su conferencia mañanera en Palacio Nacional que los organismos de derechos humanos, sobre todo los que están financiados por Naciones Unidas, “son aparatos onerosos, costosísimos, que no ayudan en nada”.
“Esos organismos surgieron como distractores de lo realmente importante para las naciones, en tanto sus gobiernos, en varios casos, eran saqueados”, sostuvo el mandatario.
Otro indicador que reporta el gobierno de la Cuatroté es el “número de hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos en los cuales una autoridad es presunta responsable”, y revela que su meta es llegar a 19 mil 936 casos para 2024.
En las últimas dos administraciones la cifra oscilaba entre 14 mil 959 (año 2016) y 28 mil 471 hechos (año 2019). Hace dos años, ya en la gestión del presidente López Obrador se reportaron 26 mil 743 hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos en los cuales una autoridad es presunta responsable. Mientras que para los años 2021 y 2022 se menciona que no hay datos disponibles.
En lo que respecta al porcentaje de población en situación de pobreza extrema, mientras en 2016 este era de 7.6 por ciento, para 2018 descendió a un 7.4 por ciento y en 2020 creció a un 8.51 por ciento. Esta medición se realiza cada dos años, por lo que no hay datos del ejercicio 2021 y del presente año.
La población en situación de pobreza extrema, según dicho apartado, se refiere a aquella con al menos tres carencias sociales y que se encuentra por debajo de la línea de pobreza extrema por ingresos.
Para justificar los datos mencionados en los indicadores de justicia y derechos humanos, el gobierno federal indica, al pie de las gráficas, que algunas cifras son preliminares y que en el caso del Censo de Derechos Humanos Federal y Estatal 2021, que realizó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), ocurrió durante la pandemia de Covid-19.
En contraste, en algunos indicadores donde la actual administración recibe una mejor evaluación, como el porcentaje de la población que confía en el gobierno federal, que pasó de 51.22 por ciento en 2019 a 54.1 por ciento en el 2021, no aparecen notas al pie de página.
SEGURIDAD Y JUSTICIA
De acuerdo con una métrica que aparece en los Indicadores de los programas de mediano plazo derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que se publican en las páginas 547, 548 y 549 del Cuarto Informe de Gobierno, la tasa de delitos cometidos por servidores públicos por cada 100 mil habitantes registra un descenso, ya que pasó de 17.12 en 2020, a 16.68 en 2021.
En los últimos cuatro años de gobierno de Enrique Peña Nieto (PRI), esta tasa de delitos era más baja: se ubicaba en 9.46 en 2015, en 10.80 en 2016, en 12.22 en 2017, y 14.62 en 2018.
En lo que respecta a la tasa de incidencia delictiva del fuero común por cada 100 mil habitantes, así como al porcentaje promedio de la población que dejó de realizar actividades por temor a ser víctima de un delito, se observa un incremento en el periodo de 2020 a 2021, repunte que también se registró en administraciones pasadas.
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La tasa de incidencia delictiva del fuero común por cada 100 mil habitantes creció de 201.22 durante el año 2020 a 216.22 en el año 2021. Con Peña Nieto llegaron a una tasa máxima de 216.79 delitos en 2018.
En el segundo rubro (porcentaje promedio de la población que dejó de realizar actividades por temor a ser víctima de un delito), la tasa pasó de 22.7 durante el año 2019 a una de 25.49 en el año 2020. En lo que respecta al presente año que hoy culmina y al año 2021, no hay registros.
En el indicador referente al Índice de Paz México, que mide anualmente (por puntos) la “paz negativa entendida como ausencia de violencia”, bajó de 2.694 puntos en 2020 a 2.650 para 2021. La meta de la actual administración para 2024 es llevar este indicador a 0.0 puntos.
Dicho Índice de Paz México comprende el periodo de 2015 a 2021, y en lo que va de esta administración el año más alto en percepción de violencia es 2019, primer año de gobierno del Presidente López Obrador, con 2.914 puntos.
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En el Índice de Estado de Derecho, elaborado anualmente por la organización internacional independiente World Justice Project (WJP, Proyecto de Justicia Mundial, por sus siglas en inglés), el gobierno de López Obrador se fijó la meta de alcanzar 0.47 puntos para 2024.
Las variables que se muestran en los datos del Cuarto Informe de Gobierno, indican que el avance en este rubro ha sido marginal, ya que en 2019 el indicador se colocó en 0.39 puntos, en el 2020 en 0.40 puntos y en el 2021 en 0.41 puntos, mientras que para 2022 todavía no hay datos de esta medición global.
