La Iglesia mexicana, obligada por el fracaso de los sistemas de procuración de justicia y seguridad en el país, buscará establecer un diálogo con quienes resulten candidatos a la presidencia de la República para poner en marcha una nueva agenda de seguridad que atienda los altos índices de violencia en México.
“Se iniciará un proceso de diálogo con los futuros candidatos oficiales a la presidencia de la República y otros cargos, tratando de buscar compromisos para emprender otros caminos distintos”, dijo el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, durante la inauguración del Diálogo Nacional por la Paz, organizado por la Conferencia del Episcopado Mexicano y la Universidad Iberoamericana de Puebla.
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Al final de este foro, emanará una nueva estrategia de seguridad, denominada Agenda Nacional por la Paz, elaborada por representantes de la iglesia católica y demás religiones, académicos, activistas y víctimas de varios delitos.
Sánchez Espinosa expuso que el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, junto con el laico Pedro Palma, en la parroquia de la localidad de Cerocahui, en la sierra Tarahumara, fue la semilla del diálogo, que comenzó con foros de justicia y seguridad en todo el país.
En medio de un gobierno desbordado por la delincuencia y necesitado de otros actores para hacer frente a la situación de violencia en el país, resulta oportuna la intervención de la Iglesia, opinó el arzobispo.
El contexto actual del país y la coyuntura electoral que se avecina en 2024 son ideales para presentar los resultados de este encuentro ante los futuros líderes en México. Una vez que sea creada la nueva estrategia, se buscará entregar este documento a los perfiles definidos que competirán por un cargo de elección popular en 2024 para que, si llegan al poder, hagan suya la propuesta emanada del foro, agregó.
Inseguridad exige movilización
Frente a la grave crisis de inseguridad que vive nuestro país, es necesario que la población refuerce su capacidad de movilización y organización, pues se requiere obligar a las autoridades a actuar ante la desprotección de la ciudadanía, apuntó el escritor y activista, Javier Sicilia Zardain, durante el primer día de actividades de este encuentro.
La capacidad de indignación no se ha perdido, la sociedad ha disminuido su voluntad por salir de su centro para exigir un alto a la desmedida violencia que atañe a miles de familias en todo México, subrayó. El contexto actual de criminalidad en México exige el diseño de una estrategia de seguridad que no dependa de la voluntad de las autoridades locales.
“Ellos sólo entienden con presión, con presión política y presión de movilización, lo que ellos llaman ‘músculo’”, señaló.
El activista mexicano, que organizó la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad en 2011 tras la muerte de su hijo, resaltó que es necesario recobrar la dignidad del país, antes de que la violencia arrebate a toda la población el derecho a vivir.
Desigualdad detonó la crisis
La desigualdad económica en México ha detonado una crisis de inseguridad, impunidad y violencia, ingobernabilidad y pérdida de valores que se agudizó en los últimos 15 años. Esta situación, a su vez, ha impactado en la descomposición del núcleo de la sociedad, la familia, y ha debilitado al Estado mexicano, subrayó el sacerdote jesuita Hernán Quezada.
“Hay crisis de gobernanza, hay desconfianza sobre la capacidad de los gobiernos, en todos los niveles; se ve que no tienen capacidad para atender las violencias en todas sus manifestaciones. Existe también la sensación de que las instituciones gubernamentales no saben cómo atender la crisis violenta en todas sus manifestaciones, hay una notable percepción de que el sistema de justicia y de gobierno son corruptos”, compartió.
Militarización es inviable
El Estado mexicano fracasó sistemáticamente en la formación de instituciones policiacas capacitadas para enfrentar a los grupos delictivos que imperan en el país. Por el contrario, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador le apostó a una corporación híbrida civil-militar, la Guardia Nacional, que ha sido incapaz de contener la proliferación de las células criminales que atentan contra la paz y prosperidad del país, apuntaron los académicos Eduardo Guerrero Gutiérrez y Sergio López Ayllón.
El contexto actual, en donde grupos criminales ostentan arsenales que superan en fuerza al del Ejército Mexicano, demanda que las corporaciones policiacas tengan las herramientas necesarias para afrontar la adversa realidad de violencia que se vive en el país, urgieron.
Señalaron que el gobierno federal, partiendo de ese escenario, instauró una corporación híbrida civil-militar, la Guardia Nacional, sin embargo, su configuración fue inadecuada y ello ocasionó que se creara una policía poco funcional.
Guerrero Gutiérrez hizo hincapié en que la ausencia de una institución fuerte ha debilitado al Estado mexicano. Esta condición, además, ha permitido que los grupos criminales refuercen su presencia territorial, al punto de que hoy en día existen alrededor de 40 cárteles, 57 mafias y 500 células criminales a nivel local.
Fracasa sistema de justicia
En México hay un sistema de justicia colapsado, que apenas y sanciona el dos por ciento de los delitos cometidos en todo el país. Atiborrar las cárceles y elevar las condenas a números absurdos resultó inútil y, por el contrario, exacerbó la corrupción, opinaron los académicos Elena Azaola y Jorge Atilano.
“Hay un miedo profundo que apenas les permite sobrevivir”, condenó Elena Azaola Garrido, doctora en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
La inseguridad en México provocó una limitación en el desarrollo de las capacidades de miles de personas, dañó lazos familiares y, de forma preocupante, estimuló la pérdida de confianza en las autoridades, aseguró.
No podemos esperar a que llegue el candidato perfecto al poder, es necesario realizar acciones desde abajo, añadió Jorge Atilano González Candia, encargado del Sector Social de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús. “Tenemos un gobierno desbordado y necesitado de otros actores para atender la situación de violencia, de desamparo, el sistema de justicia necesita con urgencia un nuevo diseño”, precisó.
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Si en México decidieran guardar un minuto de silencio por cada persona que, durante los últimos 15 años, fue víctima de desaparición forzada u homicidio, el país estaría en silencio durante un poco más de año, lamentó González Candia. En este periodo han sido asesinadas cerca de 450 mil personas y han desaparecido 111 mil en todo el país. Para honrar la memoria de cada uno de ellos, se debe estar en silencio por 389 días.
Nota publicada en El Sol de Puebla
