Mientras que en las ciudades se escuchan los gritos más fuertes, en el campo no se visibilizan las demandas de las mujeres rurales que sufren feminicidios, ataques del crimen organizado, violencia intrafamiliar y precarización laboral, denunció Mariana González, vocera del Congreso Agrario Permanente.
Y esta situación se agravó con la pandemia por Covid-19. El año pasado se registraron alrededor de 7 millones de llamadas de emergencia por aumento de violencia intrafamiliar, en las zonas urbanas.
“Pero del sector rural, se desconocen las cifras, lo que vuelve invisibles a las mujeres del campo. La discriminación y marginación es tal que nos coloca en una situación de vulnerabilidad, sin que se concreten acciones en contra de la violencia de género”, señaló.
Y en la movilización que del Metro Chabacano al Zócalo realizaron mujeres campesinas de la Unión de Trabajadores Agrícolas (UNTA) de la Alcaldía de Milpa Alta y otras de la Ciudad de México, Ana María Alonso, dijo:
“Salimos a las calles hoy a recuperar la dignidad arrebatada por el Estado, mas no para festejar. Salimos para recordarle a este gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador que se le olvidó que hay derechos y libertades de la mujer por reivindicar, porque la dignidad es lo que hoy nos mueve”.
A nombre de las 75 mil mujeres campesinas agrupadas en la UNTA, que se movilizaron en cada estado y municipio del país, comentó.
“La mujer campesina sale del campo y viene a ciudad para que al gobierno no se le olvide que tiene un compromiso y una responsabilidad con quienes lo llevamos al poder y a quienes creímos en él y nos traicionó”.
Exigimos al Presidente “permita gobernar a las mujeres las zonas de campo. ¡No más caciques! ¡No más invasión de tierras! ¡No más indefensión ni discriminación!
Afirmó que el 60% de las mujeres rurales enfrenta pobreza por falta de ingresos. Y en el caso de las indígenas es el 62%. Para las urbanas es del 59%.
Y por separado, Mariana González, del Congreso Agrario Permanente (CAP), se refirió a la problemática que vive y señaló que las mujeres productoras son discriminadas. No las toman en cuenta en la inclusión financiera. Solo 2 de cada 10 campesinas tienen acceso al crédito.
Tampoco hay corresponsabilidad en el trabajo. Las mujeres dedican hasta el 67% de su tiempo libre en el cuidado y labores del hogar. Esto disminuye su capacidad para integrarse a actividades remuneradas.
“Y esto se agrava en el sector rural. Hay que reconocer y redistribuir el trabajo no remunerado y haya corresponsabilidad en la familia”.
Se pronunció porque en el campo, el trabajo agrícola se haga mediante contrato formal y remunerado equitativamente, así como por asegurar el acceso de la mujer rural a la tierra y los recursos productivos.