La empresa encargada de la vigilancia de la estación migratoria de Ciudad Juárez donde murieron 39 migrantes, Grupo de Seguridad Privada (CAMSA), será multada y se buscará que se le revoque el permiso tras las irregularidades que se hallaron en las primeras investigaciones, informó Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien reiteró no habrá impunidad en este caso.
En una segunda conferencia de prensa realizada este jueves en Palacio Nacional, la funcionaria indicó que ya se tienen identificados a los socios de CAMSA: David Vicente Salazar Gasca y George Mcphail Trouyet, así como a representantes y apoderados legales.
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Como dio a conocer El Sol de México en su portada de este jueves, Grupo de Seguridad Privada (CAMSA), S.A de C.V. es la empresa que contrató el Instituto Nacional de Migración (INM) el 3 de septiembre de 2020 para la vigilancia de esa estación donde 39 personas, procedentes en su mayoría de Guatemala, perdieron la vida a causa del incendio en una de las celdas de detención.
Fuentes del INM confirmaron a El Sol de México que esta empresa, con sede en la Ciudad de México, se hizo de la custodia de las instalaciones de la dependencia a cargo del comisionado Francisco Garduño, a través de una adjudicación directa.
Las fuentes señalaron, sin embargo, desconocer si CAMSA tenía autorización para operar en Chihuahua.
En 2022, Grupo de Seguridad Privada CAMSA sólo firmó un contrato con el sector público, el del Instituto Nacional de Migración, pero ninguno en 2021 ni 2020.
Tras reiterar que el Gobierno federal inició el proceso administrativo contra CAMSA para revocarle el permiso, Rosa Icela Rodríguez señaló que entre las irregularidades se encontraron que la empresa solo tenía reportados 4 elementos de seguridad con 10 uniformes; sin embargo, el contrato con el INM señalaba que deberían tener 503 elementos en las instalaciones ubicadas en 23 estados.
Asimismo, no cuenta con permiso de portación de armas y en los informes mensuales no reportó altas o bajas de personal.
Por la tarde de este miércoles, CAMSA retiró a su personal de la estación migratoria en Ciudad Juárez y en su lugar fueron desplegados elementos de la Guardia Nacional, según constató este diario.
En total, el INM ha pagado más de 523 millones de pesos a empresas privadas para la seguridad de sus instalaciones, de acuerdo con contratos hechos públicos por la propia dependencia incorporada a la Secretaría de Gobernación.
Ejecutan órdenes de aprehensión
Por su parte, Sara Irene Herrerías, titular de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la FGR, informó que se cumplimentaron seis órdenes de aprehensión durante la madrugada de este jueves, pero no se dieron a conocer las identidades de los presuntos responsables para no violar las garantías individuales ni el proceso de la investigación.
Aunque se refirió que son tres funcionarios del INM, dos policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio.
"La Fiscalía General de la República había solicitado cuatro órdenes de aprehensión. Pero hoy de madrugada se finalizó la audiencia y se concedieron seis órdenes de aprehensión", detalló en la conferencia de prensa
Por el momento, compartió, fueron cumplimentadas cinco de las órdenes de detención, aunque no precisó quién es la persona que todavía no ha sido puesta a disposición judicial.
Las órdenes de detención son por los delitos de homicidio doloso, dolo eventual y delito de lesiones en contra de 62 extranjeros que se encontraban en la estación migratoria.
En las próximas horas se realizará la audiencia de formulación de cargos ante un juez de distrito, quien tendrá conocimiento de la carpeta de investigación y recibirá todas las pruebas que logró recuperar la FGR.
Las funcionarias indicaron que, por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, se iniciará un proceso de reparación del daño a los familiares de las víctimas.
Respecto a los 28 migrantes sobrevivientes del incendio ocurrido hace tres días, los médicos han recomendado no trasladarlos a otros hospitales, aunque uno de ellos ya fue dado de alta.
Se trata de cinco salvadoreños, diez guatemaltecos, ocho hondureños y cinco venezolanos
Respecto a los 39 migrantes fallecidos, seis son originarios de Honduras, siete de El Salvador, 18 de Guatemala, uno de Colombia y siete de Venezuela.
|| Con información de Rafael Ramírez / El Sol de México ||
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