El crimen sigue en la impunidad, expresó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), quien reclamó a México que a 30 años del asesinato de Víctor Manuel Oropeza Contreras el caso sigue sin resolverse.
La SIP instó públicamente al gobierno de México a poner fin a la ausencia de justicia que rodea a este y numerosos otros casos de asesinatos contra periodistas en ese país.
Víctor Manuel Oropeza fue asesinado el 3 de julio de 1991. Era médico y durante 28 años ejerció el periodismo. Desde 1984 publicaba en el Diario de Juárez, de Ciudad Juárez, su columna "A mi manera" en la que criticó y denunció la "estrecha relación" entre los cuerpos policíacos y los narcotraficantes.
Tenía 60 años cuando desconocidos ingresaron a su consultorio y le apuñalaron. Tras el asesinato, la familia de su viuda, Patricia Martínez Téllez, fue amenazada.
El presidente de la Sub-comisión de la SIP contra la Impunidad, Juan Francisco Ealy Lanz-Duret, expresó que "es lamentable que a 30 años del asesinato aún no se tengan resultados.
La falta de resolución de los casos de asesinatos contra periodistas, la violencia y la impunidad, restringen la libertad de expresión y de prensa, tal como lo expresa nuestra Declaración de Chapultepec".
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Ealy Lanz-Duret, El Universal, Ciudad de México, México, agregó que "la SIP está comprometida a seguir exigiendo que el crimen de Víctor Manuel Oropeza no quede impune y haremos todo lo posible para que no caiga en el olvido y que el Estado repare de forma digna a la familia".
Tras una investigación del crimen, la SIP presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo de 1997. La organización argumentó que las deficiencias en el proceso de investigación del asesinato violaron normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos referentes a los derechos a la vida, la integridad personal, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, las garantías judiciales y la protección judicial. La CIDH admitió el caso al que le asignó el número 11.740.
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Desde entonces, el caso Oropeza pasó por varios procesos de discusión con autoridades de distintos gobiernos de México, pero quedó estancado en 2007. A fines de 2019 se retomaron las conversaciones con representantes del Estado.
En la actualidad la SIP, junto a la familia, analiza un posible acuerdo de solución amistosa con el Estado que incluya, entre otras medidas, una investigación diligente del asesinato, la identificación y sanción de los responsables, el reconocimiento de responsabilidad del estado y la compensación para los familiares de la víctima.
