.jpg "migrantes (1).jpg")
En el primer bimestre de 2024, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) otorgó la condición de refugiados a tres mil 959 personas en contexto de movilidad. Esta cifra es sólo una quinta parte del total de solicitantes que recurrió a la Comar en el mismo lapso.
Entre enero y febrero de este año, la proporción de solicitudes de refugio aprobadas con relación al total de peticiones, superó la de años previos.
Por ejemplo, en 2023, año en que el flujo migratorio en México registró sus mayores números históricos, la Comar recibió 140 mil 948 solicitudes de refugio y únicamente 21 mil personas en situación de movilidad recibieron la condición de refugio. Esto es un aproximado de 14 por ciento respecto al total de solicitudes.
La cantidad de solicitudes de asilo aprobadas por la Comar es una cifra reducida comparada con la cantidad de personas que ingresaron a México de manera irregular y que huyeron de sus países por motivos vinculados a la violencia.
Entre enero y diciembre del año pasado, la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) de la Secretaría de Gobernación (Segob), registró 782 mil 176 eventos de personas indocumentadas.
Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reveló que más de la mitad de los migrantes salieron de sus países de origen por causas como violencia, inseguridad o amenazas.
En el Reporte de Monitoreo de Protección en México 2023 “El Impacto del Desplazamiento forzado en la movilidad humana”, el ACNUR precisó que 6 de cada 10 personas declaró que su vida estaría en riesgo en caso de regresar a su país de origen.
“Este dato refuerza la posibilidad de que la mayoría de las personas que ingresan a México de manera irregular podrían tener necesidades de protección internacional”, señala el documento.
Con esto, se puede estimar que al menos 436 mil personas en contexto de movilidad irregular que transitaron por nuestro país el año pasado, podrían tener necesidad de refugio o asilo.
De acuerdo con la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, hay tres supuestos para que el Estado brinde refugio a personas migrantes. Temores fundados de persecución, y riesgos o amenazas por violencia generalizada, son las principales causas.
La misma legislación establece que la condición de refugiado garantiza a que el Estado mexicano cumpla con principios como la no devolución, no discriminación, respeto al interés superior de la niñez, la unidad familiar, evitar sanciones por el ingreso irregular y confidencialidad.
En un contexto en el que México se ha posicionado como uno de los tres países, a nivel global, con más solicitudes de refugio, el ACNUR ha denunciado la falta de recursos para que la Comar pueda procesar el cien por ciento de las solicitudes de refugio que recibe.
Datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 señalan que mientras la Comar cuenta con un presupuesto de poco más de 51 millones de pesos, el Estado mexicano destina más de dos mil millones a su política migratoria.
El Instituto Nacional de Migración (INM) recibió en este año más de mil 897 millones de pesos. En tanto, a la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur se le asignó un presupuesto de 65.4 millones de pesos, y a la UNPMRIP, 47.9 millones de pesos.
