/ domingo 8 de septiembre de 2019

Exmiembros de las FARC, desencantados con la paz

Asesinatos, amenazas y demoras en subsidios del gobierno hacen pensar a los exguerrilleros a seguir el pacto

PONDORES. Los exrebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron un polémico acuerdo de paz en 2016 con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, poniendo fin a más de cinco décadas de un conflicto que ha dejado 260 mil personas muertas y millones de desplazados.

La guerrilla acordó desarmarse y reintegrarse a la sociedad a cambio de beneficios económicos para excombatientes, representación política en el Congreso y garantías de seguridad.

Pero a muchos exrebeldes les preocupa que el presidente Iván Duque, quien asumió el cargo el año pasado, no esté comprometido con ayudar a los excombatientes a reintegrarse.

Es que el gobierno de Duque se ha opuesto a algunos aspectos del acuerdo de paz y ha intentado, sin éxito, hacer enmiendas a través del Congreso, solicitando castigos más severos para los excombatientes acusados de crímenes de guerra.

Otro factor de temor son los asesinatos de docenas de excombatientes de las FARC, algunos en las afueras de los campamentos donde viven como parte de su proceso de reintegración a la sociedad.

Un poco más de 13 mil exguerrilleros participan del proceso de reincorporación. Alrededor de una cuarta parte de ellos viven en 24 campos de reintegración, mientras dos tercios están por fuera de los campamentos, según el centro de pensamiento Ideas Para la Paz. Se desconoce el paradero del restante 8%.

De acuerdo con Naciones Unidas, al menos 137 excombatientes han sido asesinados desde que se firmó el acuerdo, lo que ha provocado temor entre muchos de que puedan ser ultimados fuera de los campamentos. La ONU no identificó a los responsables de las muertes, pero las tasas de impunidad son altas.

El asesinato de activistas de derechos humanos también se ha disparado, aunque las fuentes no están de acuerdo con los números. Las estimaciones van desde cifras gubernamentales de 289 asesinatos hasta las del grupo de expertos Indepaz, que contabiliza en 738.

“La preocupación es la vida (...), que garanticen la vida, porque están asesinando no solo personas en proceso de reincorporación, sino que llevamos centenares de líderes y lideresas sociales”, dijo desde Pondores Marcos Calarcá, vocero y congresista de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido político que surgió de la desmovilizada guerrilla

colombiana.

AMENAZAS PREOCUPANTES

Mensajes amenazantes han sido enviados a algunos exguerrilleros. Existen volantes supuestamente del grupo paramilitar 'Águilas Negras'.

“Nuestro país no puede ser la cuna de la guerrilla y milicianos camuflados de supuestos líderes sociales y por ellos hemos iniciado esta lucha de exterminio en todos los territorios colombianos y nada ni nadie nos va a parar”, dice el panfleto.

La gubernamental agencia de reintegración dijo que se suministra más seguridad a los excombatientes que hacen parte del proceso. Duque anunció 23 nuevas medidas para garantizar su seguridad, que incluyen un trabajo más cercano con el defensor del pueblo para detectar riesgos de manera anticipada, menos tiempo de espera para la asignación de seguridad personal y entrenamiento en defensa personal.

Pero los asesinatos siguen.

PONDORES. Los exrebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron un polémico acuerdo de paz en 2016 con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, poniendo fin a más de cinco décadas de un conflicto que ha dejado 260 mil personas muertas y millones de desplazados.

La guerrilla acordó desarmarse y reintegrarse a la sociedad a cambio de beneficios económicos para excombatientes, representación política en el Congreso y garantías de seguridad.

Pero a muchos exrebeldes les preocupa que el presidente Iván Duque, quien asumió el cargo el año pasado, no esté comprometido con ayudar a los excombatientes a reintegrarse.

Es que el gobierno de Duque se ha opuesto a algunos aspectos del acuerdo de paz y ha intentado, sin éxito, hacer enmiendas a través del Congreso, solicitando castigos más severos para los excombatientes acusados de crímenes de guerra.

Otro factor de temor son los asesinatos de docenas de excombatientes de las FARC, algunos en las afueras de los campamentos donde viven como parte de su proceso de reintegración a la sociedad.

Un poco más de 13 mil exguerrilleros participan del proceso de reincorporación. Alrededor de una cuarta parte de ellos viven en 24 campos de reintegración, mientras dos tercios están por fuera de los campamentos, según el centro de pensamiento Ideas Para la Paz. Se desconoce el paradero del restante 8%.

De acuerdo con Naciones Unidas, al menos 137 excombatientes han sido asesinados desde que se firmó el acuerdo, lo que ha provocado temor entre muchos de que puedan ser ultimados fuera de los campamentos. La ONU no identificó a los responsables de las muertes, pero las tasas de impunidad son altas.

El asesinato de activistas de derechos humanos también se ha disparado, aunque las fuentes no están de acuerdo con los números. Las estimaciones van desde cifras gubernamentales de 289 asesinatos hasta las del grupo de expertos Indepaz, que contabiliza en 738.

“La preocupación es la vida (...), que garanticen la vida, porque están asesinando no solo personas en proceso de reincorporación, sino que llevamos centenares de líderes y lideresas sociales”, dijo desde Pondores Marcos Calarcá, vocero y congresista de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido político que surgió de la desmovilizada guerrilla

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