La reunión entre la primera ministra francesa y los sindicatos sobre la reforma de las pensiones concluyó en un "fracaso" ante el rechazo de la jefa del Gobierno a retirar el texto legal, anunciaron los sindicalistas.
"Es forzosamente un fracaso", afirmó Cyril Chabanier, presidente del sindicato CFTC, que a la salida de la reunión con la primera ministra, Élisabeth Borne, leyó un comunicado conjunto de los líderes de las ocho principales centrales.
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Su principal mensaje es que los sindicatos no están dispuestos a abrir negociaciones sobre otras cuestiones laborales, como quería Borne, mientras no retire en primer lugar esta controvertida reforma, que retrasa de 62 a 64 años la edad mínima de jubilación.
"La primera ministra ha dicho que quiere mantener su texto, una decisión grave", ya que la reforma "la rechaza casi la totalidad de la población", añadió Chabanier, quien insistió en que la reforma es "injusta" y "brutal".
El secretario general de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT, primera central del país), Laurent Berger, se quejó de que la primera ministra sólo les hubiera convocado ahora que el proceso de adopción de la ley está ya concluido, y "es muy tarde".
Pero aunque reconoció que otras cuestiones laborales que la primera ministra pretendía poner encima de la mesa son importantes, recalcó que están en relación con las pensiones y con el retraso de la edad de jubilación.
Por eso, Berger hizo un llamamiento para que "haya el máximo de trabajadores y de ciudadanos en las manifestaciones de mañana" jueves, en la que será la undécima jornada de movilización nacional contra la reforma.
La nueva líder de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sophie Binet, consideró "inútil" el encuentro de hoy, que duró poco más de una hora, y descalificó a "un Gobierno radicalizado, obtuso y desconectado" de la realidad, además de "irresponsable" por el clima social que ha generado.
"El Gobierno es responsable del desorden", añadió Binet, que aseguró que las movilizaciones tienen que continuar "hasta que el Gobierno entienda que no hay más salida que la retirada de esta reforma".
Los sindicatos no se privaron también de pedir "responsabilidad" al Consejo Constitucional, que el próximo 14 de abril debe validar o no la ley en lo que puede marcar un nuevo punto de inflexión en la crisis de las pensiones.
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Para las centrales sindicales, el órgano de interpretación de la Carta Magna debe "ver que nuestra democracia necesita calma" tras casi tres meses de protesta social.
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