/ viernes 20 de noviembre de 2020

Se dispara venta de alcohol ilegal en América Latina

El confinamiento y la pérdida del empleo llevó a los consumidores latinoamericanos a buscar opciones más baratas para beber durante la pandemia

MIAMI. El comercio ilícito de bebidas espirituosas aumentó 9.7 por ciento en América Latina durante la pandemia de Covid-19 y se calcula que al cerrar el año 2020 se habrá comercializado fuera de la ley un volumen equivalente a 750 millones de botellas de un litro.

Las cifras pertenecen al primer estudio sobre el comercio ilícito de bebidas alcohólicas espirituosas en América Latina y el Caribe luego del impacto del coronavirus, que ha sido realizado por Euromonitor International, líder en investigación estratégica de mercado.

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El estudio demuestra que las restricciones de acceso a canales formales de venta impuestas por los gobiernos para intentar frenar la pandemia fueron aprovechadas por quienes producen y venden bebidas ilegales.

También aprovecharon la proliferación de nuevos canales de distribución debido a la pandemia, como los pequeños comercios, el comercio electrónico y las aplicaciones de entrega.

EN TODOS LOS PAÍSES AUMENTA

Todos los países evaluados -Panamá, México, Colombia, Brasil, Perú y República Dominicana- mostraron un crecimiento consistente en actividad ilícita y, según Euromonitor International, de darse una recuperación económica lenta en la región, aumentarán las probabilidades de que esta actividad criminal prolifere.

Colombia es el país con mayor porcentaje de crecimiento de actividad ilícita con 10.6 por ciento comparado con los niveles de 2019, seguido por Brasil (+10.1%), México (+9.8%), República Dominicana (+9.4%), Perú (+6.5%) y Panamá (+6.4%).

"Con este estudio buscamos aportar hacia un mayor entendimiento de la problemática del comercio ilícito, específicamente en bebidas alcohólicas, debido al impacto negativo que ha demostrado tener", expresó Lilian Krohn, Consultora Euromonitor International.

El estudio realizado identificó los principales propulsores de la actividad ilícita en América Latina y el Caribe, que van desde el cierre de negocios no esenciales como medida preventiva ante el Covid-19 hasta la inestabilidad por la desigualdad de ingresos y la pérdida de empleo debido a la pandemia.

GOLPE AL MERCADO

El confinamiento afectó tanto al poder adquisitivo como a las aspiraciones de compra y empujó a consumidores a buscar productos de menor costo.

Para los proveedores de alcohol ilícito se abrió así la oportunidad de engañar a los consumidores que buscan mantener su estilo de vida a menor costo con productos que lucen como los originales.

Una menor capacidad de las autoridades de vigilar la aplicación de la ley en la industria y el aumento de la importación de materia prima como el etanol impulsaron las prácticas informales a lo largo de toda la cadena de suministro. Las bandas criminales aprovecharon para abastecer a las cadenas de falsificación.

Las zonas francas jugaron un papel clave para el acceso de contrabando, con zonas grises y reglas poco claras explotadas por las actividades delictivas.

COOPERACIÓN, LA CLAVE

Históricamente, estudios realizados han demostrado que las ventas ilícitas generan un impacto negativo en la sociedad, gobiernos y negocios y el estudio considera clave la cooperación entre productores, comerciantes, plataformas digitales y gobierno para contrarrestar el problema.

Una de las primeras medidas es lograr que el consumidor esté informado de los riesgos para la salud que conlleva el consumo de productos alternativos, así como de las estrategias adoptadas por los proveedores de bebidas espirituosas ilícitas para engañarlos.

Los nuevos canales de venta como el comercio electrónico representan una oportunidad y un reto y es por eso que deben fortalecerse los mecanismos de control que eviten la propagación del mercado ilícito también en ese terreno. Es necesario establecer un monitoreo permanente para garantizar que los productos sean lícitos, que hayan pagado los impuestos correspondientes y pasado los controles salud que el país establece.

Al mismo tiempo se debe trabajar en coordinación entre industria, gobiernos y empresas en línea para reportar vendedores y lugares de venta ilegales.

Los servidores públicos deben tener acceso a capacitación de forma permanente que les ayude a identificar efectiva y constantemente nuevas estrategias criminales y así frenar la expansión del mercado ilícito de bebidas.

El modelo del estudio se basó en factores predeterminados incluyendo data macroeconómica proyectada en 2020 en conjunto con información histórica de estudios relacionados al alcohol ilícito y el impacto generado por medidas específicas alrededor del Covid-19.

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Las cifras pertenecen al primer estudio sobre el comercio ilícito de bebidas alcohólicas espirituosas en América Latina y el Caribe luego del impacto del coronavirus, que ha sido realizado por Euromonitor International, líder en investigación estratégica de mercado.

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El estudio demuestra que las restricciones de acceso a canales formales de venta impuestas por los gobiernos para intentar frenar la pandemia fueron aprovechadas por quienes producen y venden bebidas ilegales.

También aprovecharon la proliferación de nuevos canales de distribución debido a la pandemia, como los pequeños comercios, el comercio electrónico y las aplicaciones de entrega.

EN TODOS LOS PAÍSES AUMENTA

Todos los países evaluados -Panamá, México, Colombia, Brasil, Perú y República Dominicana- mostraron un crecimiento consistente en actividad ilícita y, según Euromonitor International, de darse una recuperación económica lenta en la región, aumentarán las probabilidades de que esta actividad criminal prolifere.

Colombia es el país con mayor porcentaje de crecimiento de actividad ilícita con 10.6 por ciento comparado con los niveles de 2019, seguido por Brasil (+10.1%), México (+9.8%), República Dominicana (+9.4%), Perú (+6.5%) y Panamá (+6.4%).

"Con este estudio buscamos aportar hacia un mayor entendimiento de la problemática del comercio ilícito, específicamente en bebidas alcohólicas, debido al impacto negativo que ha demostrado tener", expresó Lilian Krohn, Consultora Euromonitor International.

El estudio realizado identificó los principales propulsores de la actividad ilícita en América Latina y el Caribe, que van desde el cierre de negocios no esenciales como medida preventiva ante el Covid-19 hasta la inestabilidad por la desigualdad de ingresos y la pérdida de empleo debido a la pandemia.

GOLPE AL MERCADO

El confinamiento afectó tanto al poder adquisitivo como a las aspiraciones de compra y empujó a consumidores a buscar productos de menor costo.

Para los proveedores de alcohol ilícito se abrió así la oportunidad de engañar a los consumidores que buscan mantener su estilo de vida a menor costo con productos que lucen como los originales.

Una menor capacidad de las autoridades de vigilar la aplicación de la ley en la industria y el aumento de la importación de materia prima como el etanol impulsaron las prácticas informales a lo largo de toda la cadena de suministro. Las bandas criminales aprovecharon para abastecer a las cadenas de falsificación.

Las zonas francas jugaron un papel clave para el acceso de contrabando, con zonas grises y reglas poco claras explotadas por las actividades delictivas.

COOPERACIÓN, LA CLAVE

Históricamente, estudios realizados han demostrado que las ventas ilícitas generan un impacto negativo en la sociedad, gobiernos y negocios y el estudio considera clave la cooperación entre productores, comerciantes, plataformas digitales y gobierno para contrarrestar el problema.

Una de las primeras medidas es lograr que el consumidor esté informado de los riesgos para la salud que conlleva el consumo de productos alternativos, así como de las estrategias adoptadas por los proveedores de bebidas espirituosas ilícitas para engañarlos.

Los nuevos canales de venta como el comercio electrónico representan una oportunidad y un reto y es por eso que deben fortalecerse los mecanismos de control que eviten la propagación del mercado ilícito también en ese terreno. Es necesario establecer un monitoreo permanente para garantizar que los productos sean lícitos, que hayan pagado los impuestos correspondientes y pasado los controles salud que el país establece.

Al mismo tiempo se debe trabajar en coordinación entre industria, gobiernos y empresas en línea para reportar vendedores y lugares de venta ilegales.

Los servidores públicos deben tener acceso a capacitación de forma permanente que les ayude a identificar efectiva y constantemente nuevas estrategias criminales y así frenar la expansión del mercado ilícito de bebidas.

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