/ jueves 18 de mayo de 2017

Seis semanas de violencia dejan 44 muertos en Venezuela

Caracas.- Seis semanas de protestas contra el gobiernovenezolano dejaron ya 44 muertos, unos mil heridos y más de mil200 detenidos, un saldo frente al cual el presidente NicolásMaduro y la oposición se muestran inflexibles en sus posiciones.Nadie retrocede, pero tampoco avanza.

La crisis política venezolana sigue aumentando de decibeles concada protesta opositora, a la que Maduro responde con una mayorrepresión y la gente en su contra actúa con mayor firmeza y másmovilizaciones.

Mientras, los venezolanos siguen sin un horizonte definido parauna próxima elección, a no ser la convocatoria a una AsambleaConstituyente, la jugada de Maduro para reformar la Carta Magnapara sacarse del encima la incómoda Asamblea Nacional (Congreso)dominada por una mayoría opositora.

Esto pese a que la actitud del mandatario despierte ladesconfianza de un ambiente internacional descreído del gobiernobolivariano.

Los analistas se preguntan por qué Maduro se niega a llamar aunas elecciones regionales o locales que podrían tranquilizar elclima, en espera del gran año de la definición electoral de 2018,cuando están previstas las presidenciales.

En cuestión de poco más seis meses el conflicto políticovenezolano registró un brusco deterioro, con un signocaracterístico:

Nadie sabe cuándo habrá elecciones. Los últimos comiciosfueron los legislativos, en diciembre de 2015, en los que eloficialismo cargó con una abrumadora derrota.

En octubre pasado, la presidenta del Consejo Nacional Electoral(CNE), Tibisay Lucena, admitió las órdenes de varios tribunalespenales para suspender la activación de un referéndum revocatoriodel mandato de Maduro, que venía impulsando la oposición confirmas de electores.

Cuando se vio que la consulta se estancó en barreras legales yen la negativa del presidente, Lucena anunció que las eleccionesde gobernadores previstas para diciembre de 2016 fueron cambiadaspara junio de 2017 y que las de alcaldes se efectuarían en sufecha, en diciembre de este año.

La oposición acusó a Maduro de ordenar al CNE suspender laselecciones regionales hasta nuevo aviso, esperando un repunte dealicaída posición en las encuestas o un impulso de los preciospetroleros que mejoraran la asfixia económica.

En los primeros meses de 2017, la oposición instó a Lucena afijar la fecha de las regionales, presentando un cronograma quediera claridad al horizonte electoral.

Sin embargo, el CNE admitió como necesaria una sentencia delTribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordenó a los partidospolíticos legalizar sus inscripciones para poder participar enfuturos comicios.

Desde marzo, la medida obligó a los partidos a llamar a susmilitantes para que respaldaran con sus firmas la legalización delos partidos.

Luego del procedimiento, los principales grupos dejaron clarassus aspiraciones: Primero Justicia dijo que su único candidato ala presidencia era Henrique Capriles, Voluntad Popular señaló quees Leopoldo López y Acción Democrática lanzó a Henry RamosAllup.

Con el correr de los días, Capriles fue inhabilitado por 15años para optar por un cargo político, López sigue presocumpliendo una condena de casi 14 años de cárcel y Ramos tienependiente una demanda impulsada por Maduro por supuesta insaniamental.

Esto fue antes de que el TSJ emitiera, a finales de marzo dossentencias que despojaron de sus funciones a la Asamblea Nacional,lo que fue considerado por los diputados como un golpe deEstado.

La oposición mantenía esperanzas de que se fijaran laselecciones regionales entre junio y octubre, algo que hasta ahorasigue en el limbo.

Luego de seis semanas de protestas, con movilizaciones casidiarias y una dura represión de los cuerpos de seguridad, elpanorama político sigue en un túnel oscuro ante la falta de unaconvocatoria electoral.

La declaración de la fiscal general, Luisa Ortega, de que losfallos del TSJ determinaron una ruptura institucional fracasó enfortalecer los reclamos opositores.

Entonces, la oposición no solo tomó como bandera ladestitución de los magistrados que firmaron las polémicassentencias, sino que reflotó las exigencias que tuvo en unfrustrado diálogo con el Gobierno a fines de 2016: un cronogramaelectoral, respeto a la Asamblea Nacional, liberación de lospolíticos presos y solución al desabastecimiento de alimentos ymedicinas.

Maduro se sacó de la manga la propuesta de una Constituyente,que según él, contribuirá a devolverle la paz al país.

Sin embargo, sus reiteradas afirmaciones de que esaConstituyente tendrá carácter originario y plenipotenciario, loque hacen es generar más dudas.

La Asamblea unicameral denunció la propuesta como ilegal,aunque sabe que está ante la posibilidad de que si laConstituyente se impone podría reformar el poder Legislativo odisolver la cámara de mayoría opositora, un objetivo que Madurono ha ocultado.

Según el gobernante, la Constituyente tendrá unos 500delegados, la mitad de los cuales serán escogidos en unaselecciones de segundo grado, en las que votarán grupos auspiciadospor el Gobierno como consejos comunales, sindicatos y otrasagrupaciones.

La Asamblea Nacional desconfía de las declaraciones de Madurode que los miembros de la Constituyente serán elegidos por el votouniversal, directo y secreto, pues las directrices dictadasaseguran una mayor presencia del oficialismo.

El diputado José Guerra dijo estar seguro de que Maduro nologrará imponer la Constituyente, en vista del rechazo popular asu propuesta.

“Nosotros queremos elecciones, pero de verdad. Es imposibleque imponga su Constituyente porque tiene un rechazo del 80 porciento de la población. Como están las cosas, el Gobierno no ganani una elección de reina de carnaval”, dijo Guerra aNotimex.

Guerra, una cara frecuente en las manifestaciones, recalcó quepara darle viabilidad al país se necesita una solución electorala la crisis. “De no haber una salida democrática, tendremos unpaís fragmentado, ingobernable”, alertó.

El analista Michael Penfold señaló en un trabajo que en todoslos escenarios posibles de salida a la crisis los militares sonactores fundamentales, incluso en aquellos en los que las nuevasalianzas o negociación el asunto parecen una transacciónestrictamente política.

La represión a las manifestaciones ha mostrado hasta dondeestán dispuestos a ir los militares para apuntalar a Maduro.

“Muchos expertos enfatizan la importancia que juegan losmoderados de ambos bandos para garantizar un cambio democrático.Mi impresión es que esta enseñanza para el caso venezolano esmucho más compleja y debe ser precisada: lo importante es que laoposición se mantenga unida más allá de la distinción entremoderados y radicales. El cambio democrático es virtualmenteimposible sin unidad”, concluyó Penfold.

/afa

Caracas.- Seis semanas de protestas contra el gobiernovenezolano dejaron ya 44 muertos, unos mil heridos y más de mil200 detenidos, un saldo frente al cual el presidente NicolásMaduro y la oposición se muestran inflexibles en sus posiciones.Nadie retrocede, pero tampoco avanza.

La crisis política venezolana sigue aumentando de decibeles concada protesta opositora, a la que Maduro responde con una mayorrepresión y la gente en su contra actúa con mayor firmeza y másmovilizaciones.

Mientras, los venezolanos siguen sin un horizonte definido parauna próxima elección, a no ser la convocatoria a una AsambleaConstituyente, la jugada de Maduro para reformar la Carta Magnapara sacarse del encima la incómoda Asamblea Nacional (Congreso)dominada por una mayoría opositora.

Esto pese a que la actitud del mandatario despierte ladesconfianza de un ambiente internacional descreído del gobiernobolivariano.

Los analistas se preguntan por qué Maduro se niega a llamar aunas elecciones regionales o locales que podrían tranquilizar elclima, en espera del gran año de la definición electoral de 2018,cuando están previstas las presidenciales.

En cuestión de poco más seis meses el conflicto políticovenezolano registró un brusco deterioro, con un signocaracterístico:

Nadie sabe cuándo habrá elecciones. Los últimos comiciosfueron los legislativos, en diciembre de 2015, en los que eloficialismo cargó con una abrumadora derrota.

En octubre pasado, la presidenta del Consejo Nacional Electoral(CNE), Tibisay Lucena, admitió las órdenes de varios tribunalespenales para suspender la activación de un referéndum revocatoriodel mandato de Maduro, que venía impulsando la oposición confirmas de electores.

Cuando se vio que la consulta se estancó en barreras legales yen la negativa del presidente, Lucena anunció que las eleccionesde gobernadores previstas para diciembre de 2016 fueron cambiadaspara junio de 2017 y que las de alcaldes se efectuarían en sufecha, en diciembre de este año.

La oposición acusó a Maduro de ordenar al CNE suspender laselecciones regionales hasta nuevo aviso, esperando un repunte dealicaída posición en las encuestas o un impulso de los preciospetroleros que mejoraran la asfixia económica.

En los primeros meses de 2017, la oposición instó a Lucena afijar la fecha de las regionales, presentando un cronograma quediera claridad al horizonte electoral.

Sin embargo, el CNE admitió como necesaria una sentencia delTribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordenó a los partidospolíticos legalizar sus inscripciones para poder participar enfuturos comicios.

Desde marzo, la medida obligó a los partidos a llamar a susmilitantes para que respaldaran con sus firmas la legalización delos partidos.

Luego del procedimiento, los principales grupos dejaron clarassus aspiraciones: Primero Justicia dijo que su único candidato ala presidencia era Henrique Capriles, Voluntad Popular señaló quees Leopoldo López y Acción Democrática lanzó a Henry RamosAllup.

Con el correr de los días, Capriles fue inhabilitado por 15años para optar por un cargo político, López sigue presocumpliendo una condena de casi 14 años de cárcel y Ramos tienependiente una demanda impulsada por Maduro por supuesta insaniamental.

Esto fue antes de que el TSJ emitiera, a finales de marzo dossentencias que despojaron de sus funciones a la Asamblea Nacional,lo que fue considerado por los diputados como un golpe deEstado.

La oposición mantenía esperanzas de que se fijaran laselecciones regionales entre junio y octubre, algo que hasta ahorasigue en el limbo.

Luego de seis semanas de protestas, con movilizaciones casidiarias y una dura represión de los cuerpos de seguridad, elpanorama político sigue en un túnel oscuro ante la falta de unaconvocatoria electoral.

La declaración de la fiscal general, Luisa Ortega, de que losfallos del TSJ determinaron una ruptura institucional fracasó enfortalecer los reclamos opositores.

Entonces, la oposición no solo tomó como bandera ladestitución de los magistrados que firmaron las polémicassentencias, sino que reflotó las exigencias que tuvo en unfrustrado diálogo con el Gobierno a fines de 2016: un cronogramaelectoral, respeto a la Asamblea Nacional, liberación de lospolíticos presos y solución al desabastecimiento de alimentos ymedicinas.

Maduro se sacó de la manga la propuesta de una Constituyente,que según él, contribuirá a devolverle la paz al país.

Sin embargo, sus reiteradas afirmaciones de que esaConstituyente tendrá carácter originario y plenipotenciario, loque hacen es generar más dudas.

La Asamblea unicameral denunció la propuesta como ilegal,aunque sabe que está ante la posibilidad de que si laConstituyente se impone podría reformar el poder Legislativo odisolver la cámara de mayoría opositora, un objetivo que Madurono ha ocultado.

Según el gobernante, la Constituyente tendrá unos 500delegados, la mitad de los cuales serán escogidos en unaselecciones de segundo grado, en las que votarán grupos auspiciadospor el Gobierno como consejos comunales, sindicatos y otrasagrupaciones.

La Asamblea Nacional desconfía de las declaraciones de Madurode que los miembros de la Constituyente serán elegidos por el votouniversal, directo y secreto, pues las directrices dictadasaseguran una mayor presencia del oficialismo.

El diputado José Guerra dijo estar seguro de que Maduro nologrará imponer la Constituyente, en vista del rechazo popular asu propuesta.

“Nosotros queremos elecciones, pero de verdad. Es imposibleque imponga su Constituyente porque tiene un rechazo del 80 porciento de la población. Como están las cosas, el Gobierno no ganani una elección de reina de carnaval”, dijo Guerra aNotimex.

Guerra, una cara frecuente en las manifestaciones, recalcó quepara darle viabilidad al país se necesita una solución electorala la crisis. “De no haber una salida democrática, tendremos unpaís fragmentado, ingobernable”, alertó.

El analista Michael Penfold señaló en un trabajo que en todoslos escenarios posibles de salida a la crisis los militares sonactores fundamentales, incluso en aquellos en los que las nuevasalianzas o negociación el asunto parecen una transacciónestrictamente política.

La represión a las manifestaciones ha mostrado hasta dondeestán dispuestos a ir los militares para apuntalar a Maduro.

“Muchos expertos enfatizan la importancia que juegan losmoderados de ambos bandos para garantizar un cambio democrático.Mi impresión es que esta enseñanza para el caso venezolano esmucho más compleja y debe ser precisada: lo importante es que laoposición se mantenga unida más allá de la distinción entremoderados y radicales. El cambio democrático es virtualmenteimposible sin unidad”, concluyó Penfold.

/afa

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