/ jueves 18 de noviembre de 2021

Denuncian por corrupción a Oscar Montes de Oca, fiscal de Quintana Roo

El fiscal es acusado de favorecer a un grupo hotelero de la Riviera Maya en el caso de un adeudo millonario

Derivado de presuntos actos de corrupción y sobornos al interior de la Fiscalía General del Estado y juzgados mercantiles, incluido abusos en el ejercicio de la función pública, fue interpuesta una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra del fiscal General del Estado, Oscar Montes de Oca Rosales.

En la misma querella se incluye a parte de su equipo, entre ellos el vice fiscal especializado, Carlos Maya Girón, el coordinador de fiscales del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Patrimoniales, Alfonso Díaz Pauli, la juez tercero de lo mercantil María del Rosario Pérez Basto y quienes resulten responsables de los probables hechos constitutivos de delito.

En la denuncia se acusa que la Fiscalía General del Estado echó a andar toda la maquinaria y tráfico de influencias, para de manera ilegal ayudar a los empresarios Orlando y Romárico Arroyo Marroquín, socios del corporativo hotelero Grupo Sunset, y defenderlos de un millonario adeudo de sus hoteles y un embargo de sus propiedades hoteleras.

Se trata de un juicio de más de cinco años, en el que la empresa Comercializadora Time Share International S.A de C.V reclama el pago de más de 126 millones de dólares (unos 2 mil 520 millones de pesos) al Corporativo Sunset, quienes buscan a toda costa no pagar, y para ello las autoridades de la Fiscalía General del Estado han desempolvado un expediente, que ya estaba archivado para favorecer a los hermanos Arroyo Marroquín y a sus hoteles.

En la denuncia se señala la presunción de un soborno a la Juez Tercero Mercantil de Cancún, el cual alcanzó al fiscal General del Estado, Oscar Montes de Oca Rosales, de acuerdo con la manipulación de la Carpeta de Investigación FGE/QR/BJ/03/3082/2017 misma que se integró en la Unidad de Delitos Patrimoniales.

En la denuncia, que ya tiene la Fiscalía Anticorrupción, se exige la investigación de Oscar Montes de Oca para saber si recibió dinero a cambio de otorgar “todas las facilidades” al Grupo Sunset y a los hermanos Romárico y Orlando Arroyo Marroquín, cayendo en un acto de tráfico de influencias.

La querella expone las tácticas dilatorias, irregularidades y manoseo del juicio contra la cadena hotelera, que el fiscal Montes de Oca Rosales pudo instruir a su secretaria particular Julieta Vázquez Cabrera, al vice fiscal especializado, Carlos Maya Girón, al coordinador de fiscales del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Patrimoniales Alfonso Díaz Pauli para que la Fiscalía General del Estado favorezca en todos los actos al Grupo Sunset.

Todo esto comenzó, denuncian, con el apoyo dado por Giovani Marcel Puc Chi, fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía de Quintana Roo, ante quien compareció Rufino Corona Neri representante legal del Grupo Sunset, después de más de seis meses de haber sido legal y debidamente notificado sobre el no ejercicio de la acción penal determinado a la carpeta de investigación FGE/QR/BJ/03/3082/2017, en el domicilio señalado por el referido Corona Neri, y que no obstante de lo anterior, a la postre señalara ante el referido fiscal del Ministerio Público, que “….desconocía dicha determinación….” y que “…..nunca había sido notificado…..”, para que con ello Giovani Marcel Puc Chi, comenzara a brindar todo el “apoyo” para que fuera impugnada la determinación del no ejercicio de la acción penal ante el Juez de Oralidad de Cancún, manipulando así actuaciones en la carpeta de investigación en la que tenían tanto interés los hermanos Arroyo.

En la denuncian explican que, una vez que indebidamente se llevó a cabo la audiencia de impugnación, se ordenó regresar la carpeta de investigación ante el fiscal del Ministerio Público para continuar con su integración, y esto sin la presencia de dos de los imputados, los que jamás estuvieron en la audiencia de referencia por que fueron “…..notificados por estrados….”, situación por demás abusiva, sin respetar el derecho a la mínima defensa.

Acusan, los empresarios hoteleros han movido mucho dinero para corromper autoridades, entre ellos al juez Pedro Pablo Álvarez Vega (quien es el coordinador de Jueces de Justicia Penal en Cancún), para con ello poder obtener una determinación o resolución que favorezca a los intereses de los hermanos dueños del consorcio hotelero Grupo Sunset dentro de la carpeta administrativa 655/2021 del Juzgado de Despacho Adscrito al Sistema Penal Acusatorio de Primer Instancia del Distrito Judicial de Cancún, pretendiendo vincular a proceso a los ahí indebidamente señalados, y así evadir el cumplimiento de sus obligaciones y pagos que les ha sido reclamados dentro de los Juicios Mercantiles 716/2015 y el diverso 152/2016 ante el Juzgado Tercero Mercantil de Primera Instancia en Cancún, Quintana Roo.

El adeudo del Grupo Sunset a la comercializadora es de 126 millones de dólares, y la manipulación del expediente afirman es tratar de imponer solo una multa de 20 millones de dólares al grupo hotelero y evitar que paguen el millonario adeudo a la Comercializadora Time Share International S.A. de C.V.

En el mismo caso se involucra a la juez tercero de los mercantil María del Rosario Pérez Basto, quine también fue demandada por favorecer a los hoteles del Grupo Sunset mediante actos que contravienen la ley y su ejercicio público.

La juez, Pérez Basto había levantado un embargo a los hoteles Sunset Marina Lagoon de Cancún y el hotel Tres Ríos de la Riviera Maya, ambos del citado grupo hotelero, sin embargo debido a su improcedencia legal, fue anulado por otro juez, y los inmuebles fueron asegurados nuevamente en favor de la empresa demandante.

Los denunciantes señalaron que “nos encontramos ante un caso donde están de por medio muchos millones de dólares, pero no es deseable ni correcto que eso pase en nuestra sociedad, por que las autoridades están legalmente instituidas para proteger a ricos y pobres, empresarios y ciudadanos comunes y corrientes, por igual, sin distinción alguna y con la máxima imparcialidad posible, cosa que, sin duda, en este caso no ocurre, por la compra de voluntades con dinero y con influencias”, sentenciaron.



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Derivado de presuntos actos de corrupción y sobornos al interior de la Fiscalía General del Estado y juzgados mercantiles, incluido abusos en el ejercicio de la función pública, fue interpuesta una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra del fiscal General del Estado, Oscar Montes de Oca Rosales.

En la misma querella se incluye a parte de su equipo, entre ellos el vice fiscal especializado, Carlos Maya Girón, el coordinador de fiscales del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Patrimoniales, Alfonso Díaz Pauli, la juez tercero de lo mercantil María del Rosario Pérez Basto y quienes resulten responsables de los probables hechos constitutivos de delito.

En la denuncia se acusa que la Fiscalía General del Estado echó a andar toda la maquinaria y tráfico de influencias, para de manera ilegal ayudar a los empresarios Orlando y Romárico Arroyo Marroquín, socios del corporativo hotelero Grupo Sunset, y defenderlos de un millonario adeudo de sus hoteles y un embargo de sus propiedades hoteleras.

Se trata de un juicio de más de cinco años, en el que la empresa Comercializadora Time Share International S.A de C.V reclama el pago de más de 126 millones de dólares (unos 2 mil 520 millones de pesos) al Corporativo Sunset, quienes buscan a toda costa no pagar, y para ello las autoridades de la Fiscalía General del Estado han desempolvado un expediente, que ya estaba archivado para favorecer a los hermanos Arroyo Marroquín y a sus hoteles.

En la denuncia se señala la presunción de un soborno a la Juez Tercero Mercantil de Cancún, el cual alcanzó al fiscal General del Estado, Oscar Montes de Oca Rosales, de acuerdo con la manipulación de la Carpeta de Investigación FGE/QR/BJ/03/3082/2017 misma que se integró en la Unidad de Delitos Patrimoniales.

En la denuncia, que ya tiene la Fiscalía Anticorrupción, se exige la investigación de Oscar Montes de Oca para saber si recibió dinero a cambio de otorgar “todas las facilidades” al Grupo Sunset y a los hermanos Romárico y Orlando Arroyo Marroquín, cayendo en un acto de tráfico de influencias.

La querella expone las tácticas dilatorias, irregularidades y manoseo del juicio contra la cadena hotelera, que el fiscal Montes de Oca Rosales pudo instruir a su secretaria particular Julieta Vázquez Cabrera, al vice fiscal especializado, Carlos Maya Girón, al coordinador de fiscales del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Patrimoniales Alfonso Díaz Pauli para que la Fiscalía General del Estado favorezca en todos los actos al Grupo Sunset.

Todo esto comenzó, denuncian, con el apoyo dado por Giovani Marcel Puc Chi, fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía de Quintana Roo, ante quien compareció Rufino Corona Neri representante legal del Grupo Sunset, después de más de seis meses de haber sido legal y debidamente notificado sobre el no ejercicio de la acción penal determinado a la carpeta de investigación FGE/QR/BJ/03/3082/2017, en el domicilio señalado por el referido Corona Neri, y que no obstante de lo anterior, a la postre señalara ante el referido fiscal del Ministerio Público, que “….desconocía dicha determinación….” y que “…..nunca había sido notificado…..”, para que con ello Giovani Marcel Puc Chi, comenzara a brindar todo el “apoyo” para que fuera impugnada la determinación del no ejercicio de la acción penal ante el Juez de Oralidad de Cancún, manipulando así actuaciones en la carpeta de investigación en la que tenían tanto interés los hermanos Arroyo.

En la denuncian explican que, una vez que indebidamente se llevó a cabo la audiencia de impugnación, se ordenó regresar la carpeta de investigación ante el fiscal del Ministerio Público para continuar con su integración, y esto sin la presencia de dos de los imputados, los que jamás estuvieron en la audiencia de referencia por que fueron “…..notificados por estrados….”, situación por demás abusiva, sin respetar el derecho a la mínima defensa.

Acusan, los empresarios hoteleros han movido mucho dinero para corromper autoridades, entre ellos al juez Pedro Pablo Álvarez Vega (quien es el coordinador de Jueces de Justicia Penal en Cancún), para con ello poder obtener una determinación o resolución que favorezca a los intereses de los hermanos dueños del consorcio hotelero Grupo Sunset dentro de la carpeta administrativa 655/2021 del Juzgado de Despacho Adscrito al Sistema Penal Acusatorio de Primer Instancia del Distrito Judicial de Cancún, pretendiendo vincular a proceso a los ahí indebidamente señalados, y así evadir el cumplimiento de sus obligaciones y pagos que les ha sido reclamados dentro de los Juicios Mercantiles 716/2015 y el diverso 152/2016 ante el Juzgado Tercero Mercantil de Primera Instancia en Cancún, Quintana Roo.

El adeudo del Grupo Sunset a la comercializadora es de 126 millones de dólares, y la manipulación del expediente afirman es tratar de imponer solo una multa de 20 millones de dólares al grupo hotelero y evitar que paguen el millonario adeudo a la Comercializadora Time Share International S.A. de C.V.

En el mismo caso se involucra a la juez tercero de los mercantil María del Rosario Pérez Basto, quine también fue demandada por favorecer a los hoteles del Grupo Sunset mediante actos que contravienen la ley y su ejercicio público.

La juez, Pérez Basto había levantado un embargo a los hoteles Sunset Marina Lagoon de Cancún y el hotel Tres Ríos de la Riviera Maya, ambos del citado grupo hotelero, sin embargo debido a su improcedencia legal, fue anulado por otro juez, y los inmuebles fueron asegurados nuevamente en favor de la empresa demandante.

Los denunciantes señalaron que “nos encontramos ante un caso donde están de por medio muchos millones de dólares, pero no es deseable ni correcto que eso pase en nuestra sociedad, por que las autoridades están legalmente instituidas para proteger a ricos y pobres, empresarios y ciudadanos comunes y corrientes, por igual, sin distinción alguna y con la máxima imparcialidad posible, cosa que, sin duda, en este caso no ocurre, por la compra de voluntades con dinero y con influencias”, sentenciaron.



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