VILLAHERMOSA. Tabasco aprobó la llamada Ley Garrote con el aval de la mayoría de Morena en el Congreso local, reforma al Código Penal que impone prisión de seis y hasta 20 años a quienes pretendan extorsionar por medio del bloqueo de vías de comunicación a empresas que realicen obras públicas y privadas en la entidad, así como a quien obstruya el acceso de personal o de maquinaria al lugar destinado para éstas.
Con 24 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, y tras una modificación al artículo 308 Bis debido a la polémica por lo que se consideró como inhibición de la protesta ciudadana, la ahora referida Ley Antiextorsión propone un nuevo tipo llamado “Impedimento de ejecución de trabajos u obras”, el cual eleva las sanciones incluso hasta 20 años de prisión a integrantes de organizaciones que pretendan extorsionar a las empresas que realicen obras públicas y privadas.
Previo a la votación del pleno, el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana, convocó a reuniones con los grupos parlamentarios para modificar la propuesta de reforma y plantear una nueva redacción.
La modificación al Artículo 308 quedó de la siguiente manera, enfocada en el combate a la extorsión: “Al que extorsione, coaccione, intenté imponer o imponga cuotas en impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinarias o equipos especializados o similar para la ejecución de trabajo de obra pública o privadas en las vías de comunicación de jurisdicción local al que se refiere el artículo 306, se le impondrá prisión de seis a 13 años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”, con incremento por la mitad cuando el sujeto activo se haga acompañar por menores de edad o se emplee violencia.
Sin embargo, añade: “Al que careciendo de facultad legal, impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, se le impondrá prisión de uno a cinco años y multa de ciento cincuenta a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.
Además, se contemplan de dos a 10 años de cárcel a quien interrumpa o dificulte el servicio público local de comunicación destruyendo o dañando algún medio de transporte de pasajeros o de carga, y hasta ocho a quien obstaculice las vías.
Por su parte, el gobernador Adán Augusto López Hernández afirmó que no se busca que esta ley sea una medida coercitiva que impida o limite el derecho de los ciudadanos a la libre manifestación de las ideas, al señalar que sólo se centra en quienes buscan chantajear y con cualquier pretexto impedían el libre tránsito. “Ni mucho menos es un atentado a la libre expresión, reiteramos que somos respetuosos del derecho de todos a expresarse a manifestarse libremente por todos los rincones del estado”.
“Con esta reforma se pretende que haya una mayor penalidad para el delito, pero también se trata de garantizar el derecho de todos a la inversión, el desarrollo”, abundó.
Los votos en lo general fueron de los 18 diputados de Morena presentes en el pleno; dos del PRD, Agustín Silva Vidal y Ricardo Fitz Mendoza, además del diputado independiente José Manuel Sepúlveda; en contra fueron las diputadas del PRD, Dolores Gutiérrez Zurita y Elsy Lidia Izquierdo Morales; se abstuvieron la diputada de Morena, Ena Bolio Ibarra, y los diputados del Verde, Odette Carolina Lastra y Carlos Mario Ramos Hernández.
La iniciativa la envió al Congreso del estado el gobernador Adán Augusto López Hernández.
Al reiterar su rechazo la diputada del PRI, Ingrid Rosas Pantoja, señaló que es sorprendente ver que quienes antes de ser miembros del gobierno en turno bloqueaban pozos petroleros, tomaban instalaciones públicas, oficinas de gobiernos, cerraban carreteras, calles, pernoctaban en plazas, en parques, en entradas de edificios públicos en calles o avenidas, hoy quieren prohibir esos actos.
