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PUEBLA. Utilizar empresas fantasma para simular operaciones de adquisición de bienes o servicios en perjuicio del erario público fue una práctica común de presidentes municipales y funcionarios estatales en el pasado reciente, por lo que la Auditoría Superior del Estado de Puebla ha presentado más de 35 denuncias por la comisión de este delito, reveló su titular Francisco Romero Serrano.
“Del cien por ciento del universo de presidentes municipales que hemos revisado, correspondientes al periodo 20142018, el 99.8 por ciento tiene este tipo de prácticas”, expuso el funcionario.
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Agregó que ha denunciado por estas prácticas también a exdirectores del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) y de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (Ceaspue), así como a exsecretarios de Finanzas y Salud, junto con los subsecretarios de Egresos y directores administrativos.
En entrevista con El Sol de Puebla, Romero Serrano realizó un balance del trabajo hecho en la Auditoría a 16 meses de haber sido elegido por una mayoría morenista en el Congreso.
El auditor negó estar a las órdenes del gobernador Miguel Barbosa Huerta y rechazó haber emprendido una persecución o tener intereses personales en contra del rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, y de la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, aunque confirmó que los ha denunciado en la Fiscalía.
El auditor estatal advirtió que el calendario electoral no intervendrá con los objetivos del organismo a su cargo en el trabajo de fiscalización.
“Todos los documentos que nosotros utilizamos para llevar a cabo las denuncias correspondientes obran en los expedientes de los propios sujetos de revisión. Nosotros no inventamos nada, ni inventamos delitos, ni llevamos a nadie al patíbulo con el ánimo de crucificarlos sin prueba alguna”, afirmó.
Romero Serrano aclaró que es posible castigar hechos de corrupción del pasado. “Efectivamente, siempre y cuando no hayan prescrito. Ahora, fíjate lo que son las cosas, es diferente la prescripción por concepto de la revisión pública a la prescripción en el orden penal.
Esa confusión, a algunos exfuncionarios sobre todo, los lleva a pensar que, por el hecho de que ya fue aprobada la cuenta pública, los posibles actos de corrupción ya quedaron en el olvido. ¡No! Si existe denuncia de por medio, si existe algún indicio, si existe alguna demanda ciudadana, o la gestión de la propia autoridad, (y si) encontramos que puede haber existido en forma predeterminada, premeditada, con alevosía y demás, con la intención de engañar a la Auditoría Superior, algún hecho delictivo, es nuestra obligación investigarlo y denunciarlo”.
Reconoce que hay un pendiente en materia de regulación hacia los despachos externos que contratan los ayuntamientos, pues restan independencia a sus auditorías y van en contra de los lineamientos de la Auditoría Superior del Estado.
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