/ sábado 10 de octubre de 2015

Alto Poder / Manuel Mejido

* La ONU acusa y el Gobierno mexicano se defiende

* Se pide que militares regresen a sus cuarteles

* En los casos Tlatlaya y Ayotzinapa, sigue el encubrimiento

La declaración del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación que priva en México, es demoledora y demuestra que en el país impera la ley de la selva.

Durante cinco días, Zeid Ra’ad Al Hussein se reunió con el Presidente de la República, el secretario de Gobernación, la procuradora General de la República, la secretaria de Relaciones Exteriores, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, senadores, diputados, el líder de los gobernadores, los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina, además del comisionado Nacional de Seguridad.

Todos los funcionarios mexicanos que conversaron con el Alto Comisionado, le presentaron un escenario halagüeño y, en algunos casos, hasta color de rosa sobre la real situación del país en el grave asunto de la violación a los derechos humanos y la impartición de justicia.

El representante de la ONU reconoció, sin ambages, que en el país ha habido significativos avances legislativos para la protección de las garantías individuales que todo Estado debe procurar para sus gobernados.

Es regla universal que un Estado se declara fallido cuando es incapaz de preservar la vida y la hacienda de sus ciudadanos. Según el Alto Comisionado de la ONU, “para un país que no se encuentra en medio de un conflicto, las cifras calculadas son, simplemente, impactantes: 151 mil 233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015…”.

También, Zeid Ra’ad Al Hussein se fue directo a la yugular del Gobierno mexicano al señalar que “desde 2007, hay al menos 26 mil personas cuyo paradero se desconoce, muchas posiblemente como resultado de desapariciones forzadas…”.

Las palabras pueden tergiversarse, pero las cifras resultan contundentes e inapelables.

Impera impunidad

Las cifras ofrecidas por el propio Gobierno nacional al representante de la ONU “muestran que 98 por ciento de los crímenes cometidos en México quedan sin resolver; la mayoría de ellos no son nunca propiamente investigados. Por tanto no es sorprendente que la ciudadanía mexicana se sienta insegura”.

La justicia está por los suelos

Una declaración que indigestó al Gobierno de México en el pleno fue que “parte de la violencia puede ser atribuida a los poderosos y despiadados grupos del crimen organizado, que han hecho miserable la vida de mucha gente en varios de los 32 estados de la República. Condeno sus acciones sin reservas. Sin embargo, muchas desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales presuntamente han sido llevadas a cabo por autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo la policía y algunas partes del Ejército, ya sea actuando por sus propios intereses o en colusión con grupos del crimen organizado”.

Primero, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Gobierno mexicano recomponer la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.

Luego, los integrantes de la CIDH apoyaron la investigación realizada por los expertos internacionales. Ahora, el Alto Comisionado se solidarizó con ellos y dijo que “es importante que el Gobierno actúe decisivamente sobre las recomendaciones del GIEI incluyendo su insistencia de que las autoridades reviertan su decisión de no permitir que los expertos se entrevisten con miembros del 27 Batallón, quienes estaban presuntamente en la escena cuando algunos de los ataques tuvieron lugar”.

Las Fuerzas Armadas, de acuerdo con su añeja tradición de protección a sus integrantes, se manifestaron en la televisión durante una entrevista que realizó el reportero Santos Mondragón al general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, donde categóricamente dijo que no permitirá que se interrogue a sus soldados, como si los jefes, oficiales y la tropa fuesen de su pertenencia y no sometidos a las leyes emanadas de la misma Constitución que el resto de la ciudadanía.

El microcosmos de problemas crónicos

Otra observación del Alto Comisionado que no tiene desperdicio refiere que “el caso de Iguala es un microcosmos de problemas crónicos que subyacen a la implacable ola de violaciones de derechos humanos que está teniendo lugar a lo largo de México. De manera particular, pone de relieve el predominio de la impunidad y la indiferencia por las víctimas que afectan al país entero”.

Al unísono, todos los funcionarios mexicanos entrevistados por el funcionario de la ONU se acorazaron negando hechos que siguen a la vista de todos. Zeid Ra’ad Al Hussein, sin rodeos, fue directamente al corazón del problema en los asesinatos de Tlatlaya, en el Estado de México.

La versión oficial señala que el 30 de junio de 2014, autoridades militares anunciaron que durante un ataque en una bodega en el municipio de Tlatlaya en el Estado de México, soldados mataron a 22 de los agresores, incluyendo a una niña de 15 años.

El observador de la ONU corrigió: “Solo después de varios meses, y gracias a una valiente testigo y algo de periodismo audaz, emergió una historia por completo diferente; dicha historia sugiere que la mayor parte de esas 22 personas de hecho se habían rendido y que luego fueron ejecutadas sumariamente, y que tres mujeres sobrevivientes habían sido sujetas a detención arbitraria y a tortura. Desde entonces, detalles más alarmantes sobre el caso han emergido, como la aparente alteración de la escena del crimen y la fabricación de cargos contra las sobrevivientes, así como la naturaleza de las órdenes de operación dadas al oficial a cargo de las mismas”.

Una vez presentado el panorama por el funcionario de la ONU, hizo unas recomendaciones al Gobierno mexicano.

En primer lugar, sugirió fortalecer “de manera urgente” las procuradurías en todo el país “para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean propiamente investigadas, conduciendo a resultados en tiempo”.

Soldados deben regresar a sus cuarteles

Según la ONU, México requiere una reestructuración de sus policías. Esto no resulta ninguna novedad porque desde hace muchos años el pueblo, los ciudadanos que no tienen influencia, han padecido vejaciones, robos y asesinatos cometidos impunemente por la fuerza pública.

Igual que hizo el genio de la política y la intriga, Joseph Fouché, durante la Revolución Francesa, cuando advirtió que era muy fácil sacar a los militares pero que resultaba muy difícil hacerlos volver a sus cuarteles, ahora el Alto Comisionado recomendó al Gobierno nacional “adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública”.

Como conclusión a sus trabajos, el experto internacional resumió los mecanismos para recomponer al país y dejó bien sentado que solo lo logrará quien Sreforme radicalmente la policía, haga funcionar la justicia, aplaste el índice de criminalidad y encarcele a los criminales; el que regrese al Ejército a los cuarteles, proteja a las personas marginadas, trabaje duro para reducir la violencia contra las mujeres -ése es el Gobierno que la nación necesita y quiere-”.

Tan solo en dos palabras puede resumirse el problema que tiene atascado a México en todas sus debilidades. Se debe acabar, definitivamente, con la corrupción y la impunidad.

Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio. manuelmejidot@gmail.com

* La ONU acusa y el Gobierno mexicano se defiende

* Se pide que militares regresen a sus cuarteles

* En los casos Tlatlaya y Ayotzinapa, sigue el encubrimiento

La declaración del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación que priva en México, es demoledora y demuestra que en el país impera la ley de la selva.

Durante cinco días, Zeid Ra’ad Al Hussein se reunió con el Presidente de la República, el secretario de Gobernación, la procuradora General de la República, la secretaria de Relaciones Exteriores, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, senadores, diputados, el líder de los gobernadores, los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina, además del comisionado Nacional de Seguridad.

Todos los funcionarios mexicanos que conversaron con el Alto Comisionado, le presentaron un escenario halagüeño y, en algunos casos, hasta color de rosa sobre la real situación del país en el grave asunto de la violación a los derechos humanos y la impartición de justicia.

El representante de la ONU reconoció, sin ambages, que en el país ha habido significativos avances legislativos para la protección de las garantías individuales que todo Estado debe procurar para sus gobernados.

Es regla universal que un Estado se declara fallido cuando es incapaz de preservar la vida y la hacienda de sus ciudadanos. Según el Alto Comisionado de la ONU, “para un país que no se encuentra en medio de un conflicto, las cifras calculadas son, simplemente, impactantes: 151 mil 233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015…”.

También, Zeid Ra’ad Al Hussein se fue directo a la yugular del Gobierno mexicano al señalar que “desde 2007, hay al menos 26 mil personas cuyo paradero se desconoce, muchas posiblemente como resultado de desapariciones forzadas…”.

Las palabras pueden tergiversarse, pero las cifras resultan contundentes e inapelables.

Impera impunidad

Las cifras ofrecidas por el propio Gobierno nacional al representante de la ONU “muestran que 98 por ciento de los crímenes cometidos en México quedan sin resolver; la mayoría de ellos no son nunca propiamente investigados. Por tanto no es sorprendente que la ciudadanía mexicana se sienta insegura”.

La justicia está por los suelos

Una declaración que indigestó al Gobierno de México en el pleno fue que “parte de la violencia puede ser atribuida a los poderosos y despiadados grupos del crimen organizado, que han hecho miserable la vida de mucha gente en varios de los 32 estados de la República. Condeno sus acciones sin reservas. Sin embargo, muchas desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales presuntamente han sido llevadas a cabo por autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo la policía y algunas partes del Ejército, ya sea actuando por sus propios intereses o en colusión con grupos del crimen organizado”.

Primero, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Gobierno mexicano recomponer la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.

Luego, los integrantes de la CIDH apoyaron la investigación realizada por los expertos internacionales. Ahora, el Alto Comisionado se solidarizó con ellos y dijo que “es importante que el Gobierno actúe decisivamente sobre las recomendaciones del GIEI incluyendo su insistencia de que las autoridades reviertan su decisión de no permitir que los expertos se entrevisten con miembros del 27 Batallón, quienes estaban presuntamente en la escena cuando algunos de los ataques tuvieron lugar”.

Las Fuerzas Armadas, de acuerdo con su añeja tradición de protección a sus integrantes, se manifestaron en la televisión durante una entrevista que realizó el reportero Santos Mondragón al general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, donde categóricamente dijo que no permitirá que se interrogue a sus soldados, como si los jefes, oficiales y la tropa fuesen de su pertenencia y no sometidos a las leyes emanadas de la misma Constitución que el resto de la ciudadanía.

El microcosmos de problemas crónicos

Otra observación del Alto Comisionado que no tiene desperdicio refiere que “el caso de Iguala es un microcosmos de problemas crónicos que subyacen a la implacable ola de violaciones de derechos humanos que está teniendo lugar a lo largo de México. De manera particular, pone de relieve el predominio de la impunidad y la indiferencia por las víctimas que afectan al país entero”.

Al unísono, todos los funcionarios mexicanos entrevistados por el funcionario de la ONU se acorazaron negando hechos que siguen a la vista de todos. Zeid Ra’ad Al Hussein, sin rodeos, fue directamente al corazón del problema en los asesinatos de Tlatlaya, en el Estado de México.

La versión oficial señala que el 30 de junio de 2014, autoridades militares anunciaron que durante un ataque en una bodega en el municipio de Tlatlaya en el Estado de México, soldados mataron a 22 de los agresores, incluyendo a una niña de 15 años.

El observador de la ONU corrigió: “Solo después de varios meses, y gracias a una valiente testigo y algo de periodismo audaz, emergió una historia por completo diferente; dicha historia sugiere que la mayor parte de esas 22 personas de hecho se habían rendido y que luego fueron ejecutadas sumariamente, y que tres mujeres sobrevivientes habían sido sujetas a detención arbitraria y a tortura. Desde entonces, detalles más alarmantes sobre el caso han emergido, como la aparente alteración de la escena del crimen y la fabricación de cargos contra las sobrevivientes, así como la naturaleza de las órdenes de operación dadas al oficial a cargo de las mismas”.

Una vez presentado el panorama por el funcionario de la ONU, hizo unas recomendaciones al Gobierno mexicano.

En primer lugar, sugirió fortalecer “de manera urgente” las procuradurías en todo el país “para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean propiamente investigadas, conduciendo a resultados en tiempo”.

Soldados deben regresar a sus cuarteles

Según la ONU, México requiere una reestructuración de sus policías. Esto no resulta ninguna novedad porque desde hace muchos años el pueblo, los ciudadanos que no tienen influencia, han padecido vejaciones, robos y asesinatos cometidos impunemente por la fuerza pública.

Igual que hizo el genio de la política y la intriga, Joseph Fouché, durante la Revolución Francesa, cuando advirtió que era muy fácil sacar a los militares pero que resultaba muy difícil hacerlos volver a sus cuarteles, ahora el Alto Comisionado recomendó al Gobierno nacional “adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública”.

Como conclusión a sus trabajos, el experto internacional resumió los mecanismos para recomponer al país y dejó bien sentado que solo lo logrará quien Sreforme radicalmente la policía, haga funcionar la justicia, aplaste el índice de criminalidad y encarcele a los criminales; el que regrese al Ejército a los cuarteles, proteja a las personas marginadas, trabaje duro para reducir la violencia contra las mujeres -ése es el Gobierno que la nación necesita y quiere-”.

Tan solo en dos palabras puede resumirse el problema que tiene atascado a México en todas sus debilidades. Se debe acabar, definitivamente, con la corrupción y la impunidad.

Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio. manuelmejidot@gmail.com

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