La detención del analista político Alfredo Jalife en la Ciudad de México, bajo una orden emitida desde Nuevo León tras una denuncia de Tatiana Clouthier, levanta serias dudas sobre la imparcialidad y el uso del poder judicial en México. La rápida reacción de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, aclarando su papel como mero colaborador a petición de su homóloga en Nuevo León, no disipa las preocupaciones sobre posibles motivaciones políticas detrás de esta acción.
A la sombra…
Esta situación es especialmente preocupante considerando que Clouthier es integrante del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, una figura prominente en la política actual. La acusación de difamación y calumnias contra Jalife, basada en sus declaraciones sobre Clouthier y su supuesta implicación en asuntos de litio y relaciones con Estados Unidos, pone en relieve el delicado equilibrio entre la libertad de expresión y la protección del honor en el ámbito político. El caso subraya la potencial vulnerabilidad del sistema judicial mexicano a influencias políticas y cuestiona la integridad de los procesos legales cuando se entrelazan con intereses de figuras políticas de alto perfil. Por cierto, muchos columnistas comentaban ayer que esto da miedo y no quieren saber qué es lo que puede hacer la autoridad en turno frente a algunos casos más delicados, en los que ellos están involucrados.
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“Nadie debe tener derecho —menos todavía quien se dice de izquierda— de mentir, de difamar, de manchar la reputación de una persona honorable. Alfredo Jalife no es una víctima es un difamador contumaz que debe ofrecer disculpas a Tatiana Clouthier. Para que declare fue detenido”, escribe en X uno de los propagandistas de López Obrador, el hacedor de novelas y enviado especial a guerras Epigmenio Ibarra. Dicen los que saben que también la comunidad judía en México festejó esta noticia, pues se sienten afectados desde hace muchos años por las palabras de este personaje que consideran antisemita, y al que tampoco muchos periodistas quieren, porque no lo consideran del gremio.
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Este fin de semana tendrá lugar el cambio en la presidencia del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, pues Blanca Lilia Ibarra terminará su periodo para dar paso a una nueva gestión que enfrentará los tiempos más difíciles que ha pasado ese organismo. La disputa será entre la comisionada Julieta del Río, que llegó al INAI impulsada por su coterráneo Ricardo Monreal, y el comisionado Adrián Alcalá, promovido por los entonces comisionados Oscar Guerra y Eugenio Monterrey, que recientemente tuvieron que dejar sus encargos como secretarios en el instituto.
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El líder nacional de Acción Nacional, Marko Cortés, debe tener mala memoria o quizá ve un escenario cuesta arriba para la contienda del 2024. Resulta que, con el anuncio del político Rubén Moreira como miembro de la coordinación nacional de la campaña electoral de Xóchitl Gálvez, el político panista olvidó una vieja rencilla con el priista que se remonta al 2016, cuando Cortés, entonces líder de los diputados de su bancada, pidió a la entonces Prpcuraduría General de la República que investigara al exgobernador de Coahuila Humberto Moreira por supuestamente pagar millones de pesos del erario a empresas fantasma, así como a su hermano sobre el que también existían, dijo, denuncias de corrupción.
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Por cierto, dicen los que saben que el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, no se cansa de reír en público y en privado ante lo que considera “cartuchos quemados” de Xóchitl Gálvez. Comenta al respecto: ““Hay puro perdedor, puro cartucho quemado. Santiago Creel perdió contra López Obrador aquí por la jefatura de Gobierno, luego se dedicó a dar permisos de casinos en la Secretaría de Gobernación. Rubén Moreira, pues es el mapache mayor de Coahuila (...) Revivieron a Max Cortázar, experto en guerra sucia (…) Yo creo que va a salar aún más a su candidata porque fue el coordinador de Josefina Vázquez Mota y perdieron, se fueron hasta el tercer lugar”. ¡Que se fue recio!
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En un fallo que ha generado controversia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México revocó la suspensión de las corridas de toros en la Monumental Plaza de Toros México, una decisión que reactiva esta tradición taurina después de más de un año de prohibición. La Segunda Sala de la SCJN anuló la suspensión impuesta por un juez de distrito, a petición de la asociación animalista Justicia Justa, argumentando que esta medida afectaba una actividad económica sin una fianza que compensara el perjuicio laboral y monetario.
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Esta resolución, que aún no afecta a otras plazas de toros en situaciones similares, pero establece un precedente legal importante, ha sido bien recibida por la empresa gestora de la Plaza México y la comunidad taurina. Sin embargo, también ha provocado reacciones entre los detractores de la tauromaquia, quienes se congregaron fuera de la SCJN durante la reunión de los ministros. La empresa que gestiona la plaza ha anunciado que estará atenta al proceso legal para reanudar las actividades taurinas, mientras el debate sobre la ética y legalidad de las corridas de toros en México continúa.
