El jueves 16 de mayo se llevó a cabo la presentación de la “Propuesta de Agenda Nacional de Inteligencia Artificial para México, 2024-2030” en el Senado de la República, proyecto lidereado por la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) bajo la coordinación de la senadora Alejandra Lagunes. Se trata de la primera propuesta que busca dar rumbo al tema de la inteligencia artificial (IA) al puntualizar algunos criterios básicos para desarrollar regulación específica y marcos para la gobernanza y el diseño correspondiente de política pública.
El año pasado, al publicarse el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, México ocupó el quinto lugar detrás de Chile, Brasil, Uruguay y Argentina, entre otras razones debido a que nuestro país calificaba bajo en cuanto a “discusión regulatoria” (dimensión que incluye la existencia de regulación específica sobre IA, existencia de regulación relacionada con aspectos de la IA; y existencia de iniciativas de ley en materia de IA). La propuesta presentada ofrece pistas para desarrollar esta dimensión.
La propuesta tiene varios puntos promisorios. Desde luego, en primer lugar, la propuesta en sí misma representa un gran esfuerzo por colocar el tema de la IA al nivel más alto de la discusión pública en México, al haber sido auspiciada en el Senado y dejar una ruta a seguir para continuar el trabajo en la siguiente legislatura. En segundo lugar, la propuesta establece rutas para desarrollar una ley específica y ajustar los marcos legales de otras instancias que tendrán responsabilidades y atribuciones en la materia. Por ejemplo, se habla de fortalecer las capacidades del Instituto Nacional de Transparencia, del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del Instituto Nacional del Derecho de Autor, entre otros. En tercer lugar, propone ámbitos clave en los que se deberá contar con políticas públicas que permitan aprovechar mejor la tecnología para el desarrollo del país, como la infraestructura, la educación y la formación, la investigación e innovación, y la seguridad, entre otros.
En cuarto lugar, define aspectos centrales de gobernanza, quizá la parte de la propuesta que cuenta con mayor desarrollo específico. Aquí propone integrar las atribuciones de la actual Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia y las del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de Información en una nueva Agencia Digital Nacional, como organismo público descentralizado que reporte al Ejecutivo Federal. Dentro de esta agencia, se propone una Oficina de IA –un poco bajo la inspiración de la oficina equivalente de la Unión Europea--, con facultades para evaluar las capacidades de los modelos de IA, monitorear la implementación de reglas, identificar riesgos emergentes, investigar posibles infracciones y apoyar la aplicación de regulaciones sobre usos y prácticas prohibidas de IA y registro de sistemas de riesgo. Además, se habla de un Comité de Ética para fomentar el uso y aplicación responsable, conformado “con enfoque multiactor, multisectorial, interdisciplinario y transdiciplinario”, que esperemos se traduzca en tener ahí personas de la industria, la academia, el sector público y de la sociedad civil. También propone fortalecer las atribuciones de la Comisión Intersecretarial de Tecnologías de la Información y Comunicación y de la Seguridad de la Información (CITICSI) y habilitar su Consejo Consultivo –también de conformación plural—para “empujar actualizaciones constantes a la Agenda Digital Nacional y Agendas Específicas (sic)”. Finalmente, propone la asignación de “un talento digital” en todas las entidades públicas –parecida a la figura de jefe de IA propuesta por la Orden Ejecutiva de la Casa Blanca en Estados Unidos—y el desarrollo de pruebas de riesgo, lo cual es muy buena idea.
Un quinto punto positivo de la propuesta es que, con base en las mejores prácticas, propone que mucha de la discusión, pero, sobre todo, de los mecanismos de gobernanza estén guiados por una participación plural en donde participe junto al sector público, la academia, la sociedad civil y la industria. Además, en varios apartados, refiere que tanto la discusión como las acciones de gobernanza y política pública deberán estar orientadas por los principios de inclusión, no discriminación, acceso equitativo y fomento a la innovación.
Todos los anteriores son aspectos muy positivos para continuar con los siguientes pasos hacia la conformación de un marco regulatorio y de gobernanza de la IA en México. Sin embargo, también hay aspectos que podrían haber estado mejor expuestos y que no son menores. Por ejemplo, si bien en algunas partes de la propuesta se habla de la importancia de que las recomendaciones de regulación, gobernanza y política pública deben garantizar y proteger los derechos humanos y el medio ambiente, falta una declaración de principios coherente que fundamente mejor la propuesta en estos dos ámbitos (el medio ambiente se menciona en cuatro ocasiones sin mayor reflexión). En parte, esto se debe a que la propuesta ni siquiera menciona el tema de los riesgos, a pesar de que por ahí de forma tímida se habla de ciertos usos prohibidos como el reconocimiento y predicción de emociones y la identificación biométrica con fines de perfilamiento. En parte, también se debe a que, en general, la propuesta parte de un enfoque que mira más desde lo económico y lo técnico, que no está mal para una primera propuesta. Lo que sí es que están muy poco desarrollados algunos conceptos clave como transparencia, rendición de cuentas y explicabilidad. Con todo, se agradece este gran esfuerzo que debe servir como línea de base para comenzar a plantearse seriamente los rumbos que queremos que siga nuestro país en materia de IA.
