Por primera vez en los últimos 80 años, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se encuentran en una arena de lucha libre llena de lodo.
Mientras que el Presidente de la República insiste en que nadie ganará más que él, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación insisten en seguir gozando de salarios tan altos como cualquier dirigente de una empresa trasnacional, del tamaño de la Ford, General Electric o Coca Cola.
Para defender sus percepciones, los ministros argumentan una intromisión de poderes y niegan que su salario mensual ascienda a 600 mil pesos mensuales. Tienen razón en protestar porque su sueldo es de 269 mil pesos al mes, después de impuestos y considerando el total de prestaciones de que gozan.
Esta semana la SCJN publicó los tabuladores de los servidores públicos del Poder Judicial y los ministros perciben mensualmente hasta 269 mil 215 pesos sólo de salario. No suman el aguinaldo ni la prima de riesgo (sólo que un magistrado o ministro se tropiece y se rompa la cabeza en el salón de sesiones, porque no corren ningún riesgo), que se les entrega anualmente y juntas suman los 747 mil, si se dividen en 12 meses, la percepción aumenta.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gana el equivalente a 633 mil pesos mensuales, suma que los magistrados ganarían de no pagar impuestos.
Resulta vergonzoso y humillante que siete funcionarios perciban esa suma, mientras hay 77 millones de mexicanos sobreviviendo en algún grado de pobreza y 8 millones 547 mil sólo alcanzan el salario mínimo, a todas luces insuficiente para mantener a una familia.
¿De qué manera misteriosa se asignan los salarios de ministros, magistrados y jueces?
SI LOS DIPUTADOS DAN, TAMBIÉN QUITAN
Anualmente, cada secretaría, instituto autónomo o empresa descentralizada, presenta su proyecto de gasto a la Secretaría de Hacienda, encargada de proyectar el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Después, la SHCP envía su iniciativa a la Cámara de Diputados, donde se desgreñan los legisladores en la asignación de recursos. Entonces, es en San Lázaro donde aprueban cuánto ganará cada funcionario de esas dependencias.
La lógica señala que, si los diputados dan también pueden quitar, y de la misma forma que elevaron los sueldos de la Suprema Corte, pueden bajarlos. Sin embargo, existen dos impedimentos, el primero es cuestión de los llamados derechos adquiridos y, la segunda, la Ley Federal del Trabajo que prohíbe bajar el salario a un trabajador, aunque no hagan mucho los ministros, son considerados trabajadores.
La disputa entre el presidente López Obrador y los ministros por los salarios, está relacionada con el discurso de gobernar en austeridad, un tema que es urgente porque durante décadas se dirigió al país con excesos y ocurrencias.
Sergio Salvador Aguirre Anguiano, ministro en retiro de la Suprema Corte, en el libro “¿Absolutismo constitucional?”, escribió:
“Se trata de un principio que parece políticamente correcto. Es lo primero, porque lleva en sí la falacia de que el Presidente de la República es el servidor público de máximo nivel, y parece políticamente correcto para frenar los abusos que dieron origen a esa tendencia y en que incurrieron presidentes municipales, al asignarse sueldos estratosféricos que rebasaban, por mucho, los de otros servidores públicos.
“Y es también un apotegma, porque simulando ser una impecable regla moral, lleva la idea de que el Presidente de la República es el jefe de todos los servidores públicos, trátese de quien se trate, o sea que el ‘jefe del archivista o del director, del subsecretario o del senador’ juez o del ministro.”
EL 127 CONSTITUCIONAL Y EL PUEBLO LO EXIGEN
Luego de que la Corte anulara la Ley de Remuneraciones aprobada por el Congreso, los diputados de Morena revivieron el artículo 127 de la Constitución, que señala, entre otros temas, que los funcionarios percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.
El reclamo de los ministros, magistrados y ministros, no tiene valor jurídico porque el segundo punto del 127 es muy claro al señalar que ningún funcionario público podrá ganar más que el Presidente de la República.
Lo que en realidad ocurre es que el pueblo está, con razón o sin ella, en contra de la voracidad de los funcionarios y apoya al Presidente por su espíritu juarista para gobernar.
¿Por qué no por iniciativa propia aceptan reducir sus percepciones, como muestra de solidaridad con un pueblo que sufre muchas carencias, si el derecho adquirido y la Ley del Trabajo impiden bajar los salarios?
Las primeras acciones emprendidas por López Obrador como presidente han generado desconcierto, desconfianza y críticas, porque antes “se respetaba” la investidura y los acuerdos para aprobar o rechazar cualquier propuesta pasaban por la Presidencia y se votaba en bloque en el Congreso o en la sala superior de la SCJN.
Desde tiempos de Álvaro Obregón, en México hubo siempre un solo poder. El presidencial.
El llamado Jefe de la Nación no se ha inmiscuido en fallos de la Corte, previamente autorizados. Sólo ha exigido que se ahorre en todos los niveles de gobierno. AMLO sí ha criticado las resoluciones de la Corte, pero nunca ha ordenado su desacato.
El enfrentamiento entre el Presidente y los ministros de la Corte, deberá tener una salida a favor de la austeridad, ampliamente respaldada por el pueblo, que ya pide la cabeza de los ministros.
Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.
manuelmejidot@gmail.com
