Más de la mitad de los votos obtenidos en su favor en las elecciones de 2018 alimentan el ego y halagan la vanidad de Andrés Manuel López Obrador, para quien el resultado del proceso de ratificación –que no revocación de mandato—del domingo pasado fue un triunfo más allá de lo por él mismo esperaba. Pero el 91 por ciento de sufragios en apoyo de su permanencia en el cargo marcan para el actual presidente una segunda mitad del gobierno en el ejercicio de un poder mucho mayor y acentuado que el de los tres primeros años. La posconsulta llevará a la reafirmación del autoritarismo y el voluntarismo basado en una popularidad que puede llegar incluso a la reelección por la vía de la democracia participativa por encima de la representativa, que es garante de la democracia. Ya el senador Félix Salgado Macedonio, gobernador de hecho en Guarrero, hizo un sombrío planteamiento en materia política: así como diputados y alcaldes pueden reelegirse, Andrés Manuel López Obrador también debería permanecer seis años más en el gobierno, dijo. Surgen exclamaciones ominosas como aquellas que proclaman a López Obrador como el mejor presidente del mundo.
Las metas de López Obrador no eran la no revocación del mandato ni su ratificación por la vía electoral; buscaba las armas para incrementar su poder y su autoritarismo. Para la consulta popular el presidente y su partido pusieron en marcha una maquinaria con la fuerza, aunque escasa, de los miembros de su gabinete, de gobernadores y legisladores para promover, no el voto afirmativo que se sabía asegurado, sino la participación que con presiones y acarreos sin disimulo alcanzó una cifra mayor a lo esperado. Dependencias tan ajenas a la política militante como la secretaría de Hacienda, se dieron a la tarea de llamar a la ciudadanía abiertamente y con total irrespeto a la ley a acudir a las urnas. En la posconsulta López Obrador enfocará sus baterías sobre el Instituto Federal Electoral que mediante un referéndum la ciudadanía apruebe el nombramiento de consejeros y jueces electorales mediante el voto popular. A falta de mayoría en las cámaras para modificaciones constitucionales, se emitirán decretos, decretitos o decretazos o leyes secundarias en materia de energía, laboral, económica o política. Se presionará a jueces, magistrados y ministros del poder judicial y ay de aquel que se atreva a contravenir las disposiciones surgidas desde la cúpula del poder.
En el segundo tramo de su gobierno López Obrador gozará de plena libertad y mano ancha para tomar decisiones políticas tan importantes como la sucesión para el 2024. Esta libertad le permitirá, si no alguna forma de reelección, sí la designación del candidato a la presidencia que reúna las condiciones más importantes para el presidente, entre las cuales están convertirse desde ahora en repetidor de las consignas políticas y aceptar el papel de un pelele dispuesto a aceptar y acatar las órdenes de un jefe al estilo del maximato de Plutarco Elías Calles de1928 a 1934.
En la posconsulta las decisiones y determinaciones de López Obrador tendrán un carácter mucho más autoritario y concentrador que el de los peores años de control del Partido Revolucionario Institucional, en buena parte abusivo de la debilidad y la desorganización de los partidos de oposición. Desde el gobierno de Lázaro Cárdenas la designación del candidato del partido oficial a la presidencia de la República tuvo en cuenta la existencia de factores reales de poder. Las posturas y las opiniones de sectores como las Fuerzas Armadas, la iniciativa privada, el Clero debían ser tenidas en cuenta por el presidente para el nombramiento, no de su sucesor sino del candidato de su partido que finalmente, en la realidad política del país, resultaba triunfador. Así ocurrió en los primeros sexenios de la posrevolución antes de la exacerbación del poder del presidente para el nombramiento a su voluntad del que sería su sucesor. Aun así los gobiernos del PRI promovieron desde el poder cambios importantes, políticos o legislativos que ampliaron la participación de la oposición en la política del país. El voto a la mujer en 1953, la creación de los diputados de partido en 1962, la Reforma Electoral de 1973 que abrió la puerta de la política a la juventud y amplió la participación de los partidos de oposición hasta las reformas promovidas por José López Portillo, y las posteriores permitieron, entre otros cambios, el abandono del control oficial de los procesos electorales con la ciudadanización del Instituto Federal y luego Nacional encargados de los comicios. Desde las filas del PRI en diversos procesos se fueron creando los organismos no gubernamentales con la participación ciudadana para el control en las políticas en materias tan importantes como la competitividad y la producción y generación de energías para el desarrollo del país.
El gobierno de Andrés Manuel López Orador autollamado cuarta transformación, ha liquidado con disposiciones administrativas buena parte de los organismos autónomos con la participación ciudadana que controlaron actividades gubernamentales o aseguraron servicios a la población. Más de 80 fideicomisos y mecanismos de control han desaparecido o están en vías de ser liquidados como lo fueron ya el que administraba guarderías infantiles o el Seguro Popular que garantizaba salud para la población carente de mecanismos de seguridad social.
Comenzó desde el lunes pasado la etapa de la posconsulta promovida e impulsada por Andrés Manuel López Obrador, gobiernos, partidos y grupos afines. Será una nueva etapa, la de ocurrencias, caprichos e imposiciones desde el poder de un gobierno con ribetes dictatoriales, que apunta a ejercer su autoridad sobre la vida entera de la sociedad.
