En la constante evolución de la democracia en México, el ejercicio del voto se erige como uno de los pilares fundamentales que sustentan el sistema político del país. Desde sus antecedentes históricos hasta su consagración en la legislación actual, el voto ha sido tanto un instrumento de empoderamiento ciudadano como un reflejo de los desafíos y avances en la construcción de una sociedad más justa y participativa.
El camino hacia el voto universal y libre en México ha sido una travesía marcada por luchas sociales, reformas políticas y momentos cruciales en la historia del país. En el periodo prehispánico se tenían sistemas de toma de decisiones que, aun cuando diferentes en forma y alcance, reflejaban participación comunitaria.
La llegada de los españoles en el siglo XVI trajo consigo un sistema de gobierno monárquico y autoritario, donde la participación política estaba reservada para unos pocos. Sin embargo, a lo largo de los siglos las ideas de libertad e igualdad comenzaron a permear en la sociedad mexicana alimentando movimientos independentistas y revolucionarios que buscaban un cambio en el status quo.
Fue durante el siglo XIX cuando se gestaron las primeras formas de representación política en México. La Constitución de 1824 estableció el sufragio censitario, restringiéndolo a hombres mayores de 21 años que tuvieran propiedades y educación escolar. Así se excluía a la mayoría de la población y se la condenaba a desigualdad y marginación.
El siglo XX trajo consigo importantes transformaciones en el sistema político mexicano, con reformas constitucionales que ampliaron y garantizaron el derecho al voto. La Constitución de 1917, producto de la Revolución Mexicana, introdujo el sufragio universal, permitiendo a todos los hombres mayores de 21 años ejercer su derecho al voto sin considerar su condición socioeconómica; en1953 se reformó la Constitución para reconocer el sufragio femenino, un hito trascendental en la lucha por la igualdad de género y la participación política de las mujeres en México.
En las últimas décadas se han promulgado diversas leyes y reformas destinadas a fortalecer el sistema electoral y garantizar la transparencia y la equidad en los procesos electorales. La creación del Instituto Federal Electoral (IFE), en 1990, ahora Instituto Nacional Electoral (INE a partir de 2014) representó un paso crucial en su consolidación como un órgano autónomo encargado de organizar y supervisar las elecciones en el país, con el fin de otorgar certeza, transparencia y legalidad a las mismas.
A pesar de los avances en materia de democracia y participación política, México aún enfrenta desafíos significativos en el ámbito electoral. La prevalencia de prácticas clientelistas, la influencia del dinero en la política y la violencia asociada al proceso electoral son algunas de las amenazas que ponen en riesgo la integridad del sistema democrático.
En este sentido, es fundamental que las autoridades electorales y la sociedad trabajen en conjunto para fortalecer las instituciones democráticas, promover una cultura cívica de respeto y tolerancia y garantizar la plena vigencia de los derechos políticos de todos los ciudadanos.
Así, el voto se erige como un pilar fundamental de la democracia en México, reflejando la voluntad soberana del pueblo y constituyendo un instrumento indispensable para la construcción de un país más justo, libre y democrático. Su evolución histórica y su consagración jurídica son testigos del compromiso continuo de México con los principios democráticos y los derechos humanos.
