En México la apostilla sirve para dar validez y eficacia a documentos emitidos aquí o en otro país, mediante sellos y vistos bueno legales, lo que comúnmente conocemos como legalización.
De conformidad con la Convención de La Haya, los Estados contratantes eximen de legalización a los documentos públicos que deban ser presentados en sus territorios, y la única formalidad que se exige es que la autoridad que los emite les fije la apostilla.
El 14 de agosto de 1995 México se adhirió a la Convención de La Haya, cuyo propósito fue agilizar y simplificar el sistema de legalización, pues con el que se contaba entonces era muy engorroso; optando por la legalización única, denominada apostilla como parte de un solo trámite, que resultó más conveniente.
La apostilla es lo que certifica que la firma y el sello de un documento público fueron puestos por una autoridad facultada para hacerlo, y se coloca sobre el propio documento. Asimismo, los países firmantes de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado convinieron el 5 de octubre de 1961, reconocer la autenticidad de los documentos expedidos en otros países, que lleven la apostilla.
De este modo, un país firmante del convenio de la Haya reconoce la eficacia jurídica de un documento público emitido en otro país signatario de dicho Convenio.
En México, la apostilla permite certificar las firmas de los servidores públicos federales facultados para hacer constar la validez y legitimidad de los documentos de origen nacional que surtirán efectos jurídicos en el extranjero, siempre que el trámite se relacione con países que hayan adoptado la Convención por la que se Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros (Convención de la Haya).
La apostilla suprime el requisito de legalización diplomática y consular de los documentos públicos que se originen en un país integrante del Convenio y que se pretenda utilizar en otro. Así, los documentos emitidos en un país parte del Convenio que hayan sido certificados con apostilla deberán ser reconocidos en cualquier país adherido al Convenio sin necesidad de otro tipo de autenticación, como parte del objetivo de este punto en la convención, que no es otra cosa que homologar este trámite.
La apostilla puede aplicarse en documentos emitidos por autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción del Estado, incluyendo los provenientes del Ministerio Público o de un secretario, oficial o agente judicial; pueden ser documentos administrativos, certificaciones oficiales que se haya puesto sobre documentos privados, oficiales y notariales.
Sin embargo, no se aplicará a los documentos expedidos por funcionarios diplomáticos o consulares, ni a los documentos administrativos relacionados directamente con una operación comercial o aduanera.
La apostilla es un mecanismo de índole internacional que coadyuva a las relaciones y cooperación político-sociales entre países otorgando agilidad y prontitud en los trámites, para lo que fue creada. Se puede tramitar enviando los documentos vía paquetería, o bien, de forma presencial, en la Dirección de Coordinación Política con los Poderes de la Unión, dependiente de la Secretaría de Gobernación, ubicada en la calle Río Amazonas Número 62, planta baja, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500. Ciudad de México. Teléfono 55 5093 3000, extensión 35036 o 35050.
Así es el Derecho.
