@ebuendiaz
Hace unos días fue aprobada en comisiones del Senado una iniciativa que pretende renovar la Ley General de Población de 1974 en la que se señala, entre otros aspectos, la obligatoriedad para las y los mexicanos de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos y obtener la clave única de registro de población (CURP) con fotografía. Dicha iniciativa está en espera de ser aprobada por el pleno del Senado. Se trata de un nuevo intento de crear la cédula de identidad ciudadana, nada más con otro nombre.
De acuerdo con la iniciativa de ley, la CURP con fotografía se convertirá en un documento que garantiza veracidad sobre los datos de identidad de su titular. Por ello, la nueva ley señala que será un medio de identificación válido ante todas las autoridades mexicanas.
La CURP contendrá los siguientes datos del titular del documento: nombre y apellido, el registro de población, la fotografía, el lugar y fecha de nacimiento, firma y huellas dactilares. Ello significa que ahora contendrá datos biométricos de las y los ciudadanos, esto es, información única que permitirá establecer la identidad de una persona. También tendrá una vigencia 15 años e impone el deber de renovarla en los siguientes supuestos: cuando llegue a dicha temporalidad, por deterioro y ante la evidente falta de coincidencia entre la fotografía y los rasgos físicos del titular.
Se trata de una iniciativa preocupante para las y los mexicanos, pues tiene la intencionalidad de que el gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), concentre los datos de las y los mexicanos sin controles y con amplias posibilidades que sean trasferidos a otras autoridades. De hecho, el artículo 83 de la ley que será sometida al pleno del Senado es muy delicado, no solo para el cuidado de los datos personales, sino también para la materia electoral.
Dicho artículo señala que SEGOB podrá proporcionar a otras autoridades la información del Registro Nacional de Ciudadanos que requieran para el ejercicio de sus atribuciones. Lo grave de dicha disposición radica en que los datos personales que las y los mexicanos le entregan a las autoridades no deben tener una finalidad distinta para la cual fueron proporcionados. El abrir la posibilidad a una transferencia de datos entre instituciones sin condiciones y sin garantías de protección, es francamente un despropósito.
No olvidemos que los datos personales consisten en cualquier información que permita identificar o hacer identificable a una persona, de ahí que sea indispensable que las autoridades y particulares en posesión de éstos, sean extremadamente cuidadosos con su manejo. Aspectos que no se advierte que hayan sido contemplados en la iniciativa de ley.
Por otra parte, también dicho artículo señala que SEGOB proporcionará al Instituto Nacional Electoral, la información del señalado Registro que sea necesaria para la integración de los instrumentos electorales. Ello quiere decir que el Padrón Electoral volverá a depender del gobierno y ello puede generar un problema donde no lo había. Si la idea es el retroceso, la iniciativa de ley merece un aplauso.
El Padrón Electoral del INE es una base de datos que se integra por la información que aporta cada uno de los ciudadanos para la obtención de la credencial para votar con fotografía. El hecho que ahora el Padrón dependa del gobierno, puede generar un problema de desconfianza pública en el instrumento más importante de la materia electoral.
Recordemos que hace más de 30 años, cuando el Padrón dependía del gobierno, personas fallecidas votaban, una misma persona tenía distintos registros y se rasuraba de éste a personas que no simpatizaban con el gobierno en turno, etc. Al final se trataba del uso político a los datos de la ciudadanía por parte del gobierno y no había confianza en la organización de las elecciones.
Hay que decir que la iniciativa forma parte de un largo y constante intento de distintos gobiernos por concentrar los datos de millones de mexicanas y mexicanos. Si bien es cierto que la idea que hay detrás de dicha iniciativa es que el Estado garantice debidamente el derecho fundamental a la identidad de las personas, también lo es que la protección de los datos personales debe ser la base sobre la cual se construya cualquier propuesta. Hoy la iniciativa no cumple ese objetivo y tiene elementos que generan convicción sobre el uso político de los mismos. En momentos donde la atención pública está dispersa (candidaturas, elecciones, inseguridad, etc), los actores políticos siempre quieren sorprendernos. La nueva Ley General de Población no es la excepción.
*Maestro en democracia y derechos humanos.
