Es probable que en algunos años sea posible analizar el legado de la administración de Peña Nieto de manera más objetiva. Hoy, la emocionalidad en contra de su administración y de los pésimos resultados, ha quedado clara en las urnas. Sin embargo, Ayotzinapa retumba en los oídos de millones de personas como el caso más ejemplar de la terrible crisis de derechos humanos que nos ha heredado. En vísperas de que la SCJN defina si es viable o no una Comisión de la verdad, amargo es aun el sabor que nos queda, ante la impunidad e injusticia generalizadas en México.
Peña Nieto ha abandonado los dos únicos gobiernos que ha tenido en su trayectoria, con un manto de tragedia detrás. El Estado de México, con la indeleble marca de Atenco, y el país con miles de casos más, en los que Ayotzinapa guarda un lugar muy particular. Después de las ovaciones por el “Mexican Moment, este terrible episodio, fue el encontronazo con la realidad, una que abriría los ojos al mundo entero, a lo que sucedía en el país.
Cifras del propio INEGI, indican que en México en los últimos 3 años, se han registrado casi medio millón de violaciones a los derechos humanos. En algunos casos relacionados con violencia, los hombres figuran como las principales víctimas, y en otros, como la discriminación, o el acoso, mujeres, infantes e indígenas figuran como los principales grupos afectados.
A nivel nacional la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha señalado que de las 3137 recomendaciones emitidas desde 1990 a la fecha, el 60% de las de éstas, han sido incumplidas por los tres niveles de Gobierno.
A nivel internacional, el panorama no cambia sustancialmente. México ha sido explícitamente reprobado en materia de protección de los derechos humanos, y entre 1994 y 2018, los órganos y procedimientos especiales de los sistemas universal e interamericano de derechos humanos han dirigido más de 2650 recomendaciones al Estado mexicano para cumplir con sus compromisos internacionales en la materia.
Hace unas semanas, la imagen de 43 pupitres vacíos, revelaba que para el pueblo entero de México, lo que sucedió con los 43 jóvenes de la normal de Ayotzinapa un 26 de septiembre de 2014, continúa siendo un misterio.
El gobierno mexicano demostró con esta tragedia, la más terrible de sus caras. Bloqueó la investigación, dilató los procesos, no sólo desacredito los resultados del GIEI, sino que les espió con el fin de entorpecer investigaciones, y como consecuencia, se trató de imponer una verdad histórica que hasta la fecha a nadie convence.
La gota que ha revivido en la agenda pública este caso, sin duda ha sido la decisión del los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas, quienes ante las evidencias que validan el hecho de que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura, han tirado un proceso que para el gobierno peñista se creía cerrado.
Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tenga la última palabra. Serán sus Magistrados y Magistradas, quienes determinen si tendremos derecho a la verdad, y sí las víctimas tendrán acceso a una inagotable sed de justicia que hoy se exige al gobierno de Peña, no sólo desde México, sino desde los más altos órganos del sistema de Naciones Unidas, y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La oportunidad está en la mesa. Más allá de las interpretaciones jurídicas que ha planteado el Ejecutivo para frenar esta Comisión de la Verdad, el Poder Judicial, en su más alta esfera, tiene hoy en sus manos dar un golpe de timón, y sacar este caso de una inaceptable impunidad, o resolver en contra de la víctimas y la justicia, y pasar así a ser juzgados por la historia ante terrible omisión.
