La reciente jornada electoral dejó victorias no solo para los partidos políticos. Ganó la democracia y nuestras instituciones electorales. El Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) probaron su solidez y compromiso para llevar a cabo elecciones de forma ordenada, transparente y pacífica en la mayoría de las casillas. Otra buena noticia fue que la Suprema Corte de Justicia de la Nación defendió la autonomía del INE y determinó la invalidez de su presupuesto 2022 asignado por la Cámara de Diputados.
El INE promovió una controversia constitucional, proceso mediante el cual se dirimen conflictos sobre la distribución o violación de competencias entre órganos y poderes del Estado, en contra de la Cámara de Diputados y del Poder Ejecutivo Federal por la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022. En este caso, la Constitución federal le otorga autonomía presupuestal al INE que consiste en que él sea el que determine cuántos recursos requiere para cumplir sus funciones. Esto quiere decir que ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni el presidente pueden determinar cuántos recursos asignarle cada ejercicio fiscal.
El INE solicitó 24 mil 649 millones de pesos considerando que se llevaría a cabo la consulta de revocación de mandato. Los diputados redujeron 26% su presupuesto y la Corte determinó que esta disminución comprometía sus funciones y potencialmente podría traducirse en una violación de los derechos fundamentales de carácter político-electoral de los ciudadanos.
La resolución de los ministros establece tres cuestiones: 1) la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de modificar la cantidad originalmente solicitada por el INE, pero siempre y cuando, se den razones objetivas y justificadas; 2) se analice en sesión pública de los diputados, si es procedente la autorización de recursos adicionales y, en este caso, establecer las medidas para que se haga la transferencia efectiva de recursos; 3) en caso de que la decisión sea negativa, los diputados deben presentar una justificación técnica y ampliada de su decisión.
Los diputados que votaron a favor del recorte presupuestal al INE están en un dilema. Si argumentan que los recursos ya no son necesarios y que haberle quitado dinero al INE no impidió que se llevara a cabo la revocación de mandato, reconocerían que los pobres resultados de participación ciudadana en la consulta popular se debieron, en parte, al recorte de recursos que aprobaron. De otra forma, tendrán que reconocer la labor del INE y/o autorizar el presupuesto solicitado, y con ello, respetar su autonomía constitucional.
En cualquier caso, no hay duda de que el INE sacó adelante los procesos electorales y de consulta popular de la mejor forma posible. La otra gran lección es para los legisladores: atacar a las instituciones y su autonomía sin justificación es un boomerang que puede regresar con resultados no previstos.
*Manuel Guadarrama es Coordinador de Gobierno y finanzas del IMCO. Las opiniones expresadas en esta columna son personales y no reflejan la postura institucional.
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