Que el ciudadano Ernesto Cordero demande a la Procuraduría General de la República llevar adelante las investigaciones del caso de lavado de dinero que involucra al candidato presidencial Ricardo Anaya tiene visos político-electorales, resulta evidente. Todo acto relacionado con la contienda tiene un carácter electoral. Lo son también las amenazas del candidato de la alianza Por México al Frente de enviar a la cárcel al presidente de la República por supuestos actos de corrupción durante su gobierno.
La denuncia presentada a título personal ante la PGR por el senador Ernesto Cordero revela el interés de hacer patente ante la opinión pública hechos que muestran a un candidato implicado en delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal, que no obstante estar comprobados desde el mes de febrero pasado, no han tenido el seguimiento por la pasividad de la autoridad ante el temor de ser señalada por procedimientos facciosos en pleno proceso electoral. No es el actual presidente de la Cámara de Senadores ni el aún miembro del Partido Acción Nacional, sino el ciudadano Ernesto Cordero quien demanda a la fiscalía incorporar a la investigación en curso elementos como el video en el que se revela el uso de recursos producto de lavado de dinero y operaciones fraudulentas de un grupo de empresarios para aportar recursos económicos a la candidatura de Ricardo Anaya. El ciudadano Cordero, no el senador, insta a la PGR a llamar a declarar a los empresarios Barreiro sobre la simulación en la compra de un terreno sobrevaluado por maquinaciones fraudulentas que en apariencia era propiedad del hoy candidato Ricardo Anaya; demanda también se solicite la información a las instancias públicas y privadas sobre la situación financiera del candidato Anaya.
La denuncia de Ernesto Cordero ante la PGR se produjo tres días después de conocido el video que confirma las operaciones fraudulentas en las que está implicado Ricardo Anaya, cuya investigación comenzó en febrero pasado, y 24 horas antes del tercer y último debate entre los aspirantes a la Presidencia de la República. La Procuraduría general de la República estaría obligada a responder a la denuncia presentada por el ciudadano Ernesto Cordero. Los elementos de prueba que acompañan la demanda serían suficientes para continuar las investigaciones iniciadas desde hace varios meses. En la proximidad de las elecciones del primero de julio, surge la pregunta sobre los efectos jurídicos que un proceso judicial puede tener sobre la candidatura de Ricardo Anaya. El curso de las investigaciones determinará los efectos políticos en el proceso electoral. Pero más allá de esta perspectiva de cambio en la situación política o en el escenario de la contienda, la demanda de continuar la investigación del caso Barreiro-Anaya debe ser una respuesta al derecho de la ciudadanía a conocer no sólo las propuestas de los partidos y candidatos, sino los antecedentes, personalidad, integridad moral y honestidad de cada uno de ellos. La exigencia de transparencia de los contendientes no debe quedar en meros discursos, promesas o palabras. Es una claridad que beneficia a la democracia.
