Tomas Garrido Canabal ejerció entre los años 20 y 30 del siglo pasado un poder dictatorial con todos los excesos del contenido tropical contra la Iglesia Católica con el pretexto de la puesta en marcha de una pretendida revolución educativa fundada por el anarquista Francisco Ferrer Guardia a fines del Siglo XIX, basada en la ya por entonces anacrónica escuela racionalista. Garrido Canabal fue nombrado secretario de Agricultura en 1934 por el presidente Lázaro Cárdenas, cargo al que fue obligado a renunciar por las acciones violentas del grupo anticlerical de los Camisas Rojas, patrocinado por el propio Garrido Canabal y encabezado por el entonces joven político tabasqueño Carlos A. Madrazo. El gobierno de Garrido Canabal abrió la puerta a otro fanatismo religioso como lo es la diversidad de los credos evangélicos que en Tabasco proliferaron y siguen expandiéndose hasta el presente. Quien esto escribe está lejos de un anticlericalismo político derrotado desde la época de la Reforma en el Siglo XIX y considera que liquidada la revuelta cristera de finales de los años 20 marcó la necesidad de una nueva relación entre la Iglesia y el Estado sobre la base del laicismo y la no intervención del Clero en asuntos políticos del país.
No es necesario ser un cervantista profundo para aceptar la falsedad de la sentencia atribuida al Quijote de la Mancha que encabeza este artículo. La realidad es que el Hidalgo de Extremadura describía a su escudero lo que encontraría al llegar a la plaza principal de un poblado y que sería justamente la fachada y las torres de la iglesia. El presidente Andrés Manuel López Obrador, o no ha leído o no ha entendido la obra de don Miguel de Cervantes Saavedra pero coincidentemente rectifica en su reciente andanada en contra de la Iglesia Católica al afirmar –peregrina disculpa—que en la relación con su gobierno interfiere la “mano negra” de los conservadores empeñados en enfrentarlo con la institución eclesiástica. La presunta rectificación no borra su dicho anterior con el que califica de hipócritas a los sacerdotes, jesuitas o no, por haber callado ante la guerra declarada por Felipe Calderón. Sectores de la Iglesia han señalado con justeza lo equivocado de la estrategia de abrazos no balazos de López Obrador, evangélico salido recientemente del clóset, para con los grupos del crimen organizado.
Como otros segmentos de la opinión pública, la Iglesia se refiere a la violencia de que han sido víctimas muchos de sus miembros y demanda una corrección de la estrategia del gobierno no para matar a los delincuentes sino aplicar la ley para contener la trágica carrera ascendente que sólo en materia de asesinatos dolosos suma ya en el país la cifra de 162 mil víctimas en lo que va de la presente administración. Gobierno del odio y del enfrentamiento, el de López Obrador ha abierto ya un nuevo frente imposible de cerrar contra la Iglesia Católica que, quiérase o no, agrupa a millones de mexicanos en el país.
El señalamiento de organismos de la Iglesia Católica como la Conferencia del Episcopado y la Diócesis de Morelos, así como los de otros sectores de la población, no sólo coincide con hechos tan reprobables como el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un delincuente que gozaba de indebida libertad en Cerocahui, poblado ubicado en lo más profundo de la Sierra Tarahumara de Chihuahua; es que en lo que va de la administración y particularmente en los últimos meses se ha registrado un número creciente de homicidios y atentados a periodistas, defensores de los derechos humanos, ambientalistas, religiosos y a familias enteras incluyendo menores a manos de la delincuencia, organizada o no que cobran nuevas víctimas al amparo de la adelantada impunidad que el gobierno parece garantizarle al ofrecerle abrazos y no balazos. Nadie en su sano juicio demanda del gobierno una política de mátalos en caliente de la época porfirista que López Obrador insiste falsamente en contraponer a la aplicación de la ley que el presidente de la República, en el momento de su toma de posesión se compromete a cumplir y hacer cumplir conforme lo establece la Constitución. Uno de los deberes fundamentales del Estado es garantizar la seguridad a todos los ciudadanos y para ello dispone del monopolio de la fuerza como instrumento para hacer que la ley se cumpla a cabalidad. En tanto, López Obrador interpreta y tergiversa las palabras del Papa Francisco cuando el Pontífice se refiere a la violencia de la delincuencia y no, como lo quiere el presidente al uso de la fuerza por parte del Estado. Andrés Manuel López Obrador llegará sin duda al momento de rendir cuentas por el cumplimiento o no de esa obligación fundamental que le marca la Constitución. Independientemente de posiciones políticas o partidistas, la ciudadanía del país demandará a justo título esa rendición de cuentas ante la nación entera.
