Las autodefensas y las policías comunitarias han sido uno de los temas más polémicos. Surgieron por la desesperación de pobladores, hartos de vivir bajo la suela del zapato de la delincuencia. Ante la incapacidad y la incompetencia de las autoridades, determinaron auto cuidarse.
Explicable el que, en entidades como Guerrero y Michoacán, entre otras –donde la violencia del crimen organizado acabó con cualquier vestigio de paz-, la sociedad civil decidiera agruparse y enfrentar a sus verdugos.
En Michoacán, los agricultores bajo la amenaza cotidiana de las bandas. La extorsión continua, obligándolos a pagar por cada caja de ahuacate, de limones, que conseguían recoger. Rancheros asesinados por negarse a cubrir las cuotas exigidas; quema de cosechas, de sus casas, despojo de propiedades, secuestros y la incertidumbre de perder el patrimonio y la vida.
Surgieron por la unión de unos cuantos amigos, dispuestos a servir de vigilantes de su lugar de origen. Rifle y pistola en mano, obligaron a que los malhechores se alejaran y el rumor de sus logros corrió como pólvora, contagiando a otros municipios.
Sin reglamentación, algunas de estas fuerzas ciudadanas empezaron a contaminarse con reconocidos malandrines, que las usaron para su propio beneficio. Los narcos se infiltraron a sus anchas, con fachada de guardianes. Se les acabó doblegando, cuando se envió a Alfredo Castillo, en calidad de Zar contra la inseguridad, quien logró desmantelarlas –según el oficialismo, “ponerlas en orden”-, encarcelando incluso (José Manuel Mireles), a quien se negó a deponer las armas y a alinearse.
En Guerrero, donde la violencia es lugar común y su gente brava y aguerrida, un desgobernador, Ángel Heladio Aguirre, decidió darles normatividad y proporcionarles las herramientas para su autodefensa. Contó con el apoyo de Osorio Chong.
La problemática, similar: extorsiones, secuestros, violaciones, robo de ganado, abusos sin fin de los malandrines, contra las personas trabajadoras, impotentes y sin contar con el auxilio de autoridades locales ni estatales.
Las policías comunitarias crecieron en número y en poder, integradas al Sistema Estatal de Seguridad Pública y con la anuencia de los de arriba. Los agravios de las gavillas del narco bajaron, aunque en varias de ellas se infiltraron miembros de alguno de los cárteles que dominan Guerrero.
Nestora Salgado se convirtió en la comandante de la denominada fuerza de Olinalá. Vivió tiempo en Estados Unidos y tiene la doble nacionalidad. Regresó a su tierra y convertida en adalid de sus vecinos, dio la batalla para devolverles la tranquilidad, aunque empezaron las denuncias.
Bajo la ley indígena de los Usos y Costumbres se detenía a los presuntos malhechores, se les encarcelaba y se obligaba a la reeducación, además de a pagar un “rescate”. Lo que empezó como rumor, acabó frente a un juez. Malos tratos, sin alimentos se les obligaba a trabajar de sol a sol y, al final, se pedía dinero a la familia.
Hubo una acusación de homicidio, pero también de violación de una adolescente -por parte de uno de sus miembros-. A Nestora le cayeron varios procesos y una Recomendación de la CNDH, en la que se certifican abusos.
Después de un tiempo en prisión, salió libre, pero se repusieron sus procesos. Mientras no haya sentencias, no debería de estar postulada a senadora, aunque se presuma su inocencia. En un Estado de Derecho sobran las autodefensas.
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