Gabriel Corona Armenta / Profesor de la FES Acatlán-UNAM
Elegir a gobernantes y representantes populares era, hasta hace 18 años, un derecho político exclusivo de la ciudadanía residente en territorio nacional. Sin embargo, este derecho se ha extendido más allá de nuestras fronteras en los últimos años. Desde 2006 los mexicanos pueden votar en los comicios presidenciales y, de acuerdo con la legislación de su entidad de origen, ahora también pueden elegir diputaciones, senadurías, gubernaturas o la jefatura de gobierno de la CDMX.
El sufragio desde el extranjero abre la posibilidad de que muchos de los 12 millones de mexicanos que viven en los EU, y otros países, participen en la elección de gobernantes y representantes populares. Es un derecho que tienen como residentes en otras naciones, aunque por diferentes circunstancias hayan abandonado su tierra. Este hecho se justifica porque, no obstante la distancia, siguen unidos a la misma y contribuyen al bienestar de sus familias en México. Por esta razón, no deben escatimarse esfuerzos para que voten en las elecciones de este año.
El INE y los OPLE han realizado diversas gestiones para que los mexicanos que cumplen los requisitos respectivos para votar puedan hacerlo desde los países donde residen. Esta es una obligación con quienes continúan formando parte de sus comunidades, a pesar de estar ausentes por diversas razones. El derecho al sufragio en el extranjero es un reconocimiento a los mexicanos que conservan la ciudadanía y contribuyen a la economía mexicana, enviando periódicamente remesas a sus lugares de origen.
Por todo lo anterior, la noticia de que 39 mil residentes en el extranjero no podrían votar, por distintas causas, en las próximas elecciones ha encendido las alarmas. Sobre todo porque incluso se ha denunciado un plan de votos, masivo e ilegal, desde diferentes direcciones de la CDMX, Quintana Roo y Nuevo León para alterar los resultados. También se ha mencionado que hay alrededor de 18 mil registros atípicos, que poseen fotocopias de firmas o comprobantes falsos de domicilio, entre otras irregularidades. Cabe recordar que ya en otro momento hubo hechos tan graves que provocaron la destitución de todo el consejo general de OPLE de Chiapas, durante la elección de un diputado migrante en 2015.
Concretar el derecho a votar desde el extranjero es un gran reto para las autoridades electorales, federales y locales. Es necesario garantizar este derecho de manera transparente. Por esta razón, aunque el INE ya anunció algunas medidas para lograrlo, debe aclarar perfectamente este asunto, para eliminar cualquier posibilidad de manipulación de la voluntad popular, expresada más allá de nuestras fronteras. En la memoria colectiva todavía están muy presentes las prácticas electorales fraudulentas, usadas para mantener ilegalmente al PRI en el poder. El fantasma del fraude, en cualquier forma y grado, tiene que desaparecer por completo del escenario político mexicano.
Este y otros temas son parte del análisis que realiza el Panel Ciudadano de Seguimiento al Proceso Electoral una iniciativa del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia Justicia y Sociedad PUEDJS UNAM.
