Han pasado cuatro años desde la publicación de las leyes secundarias que dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Éstas, y las sucesivas reformas a las leyes concernientes como al Código Penal Federal, entre otras, han resultado fundamentales para gestar el cambio institucional necesario para un combate frontal a la corrupción y la impunidad; de igual forma, sentaron las bases para los hechos que hoy estamos presenciando.
Y es que la famosa “renovación moral” propuesta por el ex Presidente Miguel de la Madrid, a principios de los 80, introdujo “en papel” el combate a la corrupción en la agenda de gobierno, para quedarse. La forma en la que se percibe la corrupción en el país, a partir del hartazgo ciudadano, ha tomado relevancia política. Sin embargo, los efectos concretos en la realidad nacional se han comenzado a dar en estos últimos cuatro años.
Con el paso del tiempo, el discurso se ha modificado y fortalecido. Desde ser concebida como un problema administrativo, un mal contagiado del crimen organizado, una distorsión del sistema político, a una situación de corresponsabilidad que implica la participación conjunta del sector público y privado, así como la reafirmación de la integridad, tanto de personas, como de empresas e instituciones.
Transparencia Internacional señala que “la corrupción es el abuso de poder confiado a alguien para obtener una ganancia privada”. Pero en la realidad, distintos matices han creado una amplia tipología de corrupciones. No hay un escenario, sino distintas escenas en las que los actores anteponen el beneficio particular al requerido por sus funciones.
En la historia contemporánea hemos atestiguado varios escándalos de corrupción con resultados mínimos en comparación con los daños al erario. Pero las recientes publicaciones sobre actuales indagatorias respecto a Odebrecht, la Reforma Energética, el desfalco fraguado en la compra y rehabilitación de Agro Nitrogenados e incluso los casos de los dos Duarte, Miguel Alonso, y otros, vienen a cambiar el panorama.
Esta es una oportunidad única. Existe la posibilidad de desenmascarar, no solo a uno o dos personajes involucrados en hechos de corrupción, sino deshilvanar y castigar a todas las personas que integraron tan poderosa red que operó en los últimos años al amparo de poder público. Es tiempo de ser críticos y permitir que la justicia llegue, demandar transparencia en las acciones en la medida en la que la legalidad lo permita, y evitar errores respetando los procesos, tiempos y nuevas disposiciones jurídicas.
El tiempo nos dirá qué tan profundas serán las acciones -y qué tan prolíficos los resultados-, pero lo que es seguro ahora, es que se está sentando un precedente en la lucha anticorrupción, no sólo por el caso Lozoya, sino por la cooperación entre las instituciones de los tres poderes y organismos autónomos, indispensable para la impartición de justicia y el beneficio de la nación. Estamos viviendo un proceso histórico.
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@ClauCorichi
