Generales, integrantes de la cúpula militar están molestos. La decisión del diputado Santiago Creel –en su calidad de presidente del Poder Legislativo durante la sesión de Congreso General de ayer- para no permitir la entrada de militares armados en el pleno de San Lázaro, me aseguran, no les gustó y tomaron nota.
Fuentes consultadas me dijeron ayer por la tarde que algunos generales se sintieron lastimados por la orden de Creel, pues echan por delante el papel protagónico que han jugado tanto el Ejército como la Armada, la Fuerza Área y la Guardia Nacional en el sexenio y lo vieron como un desaire… otros lo aceptaron como un gesto soberano y advirtieron que no hay que exagerar.
¿Qué pasó? Durante la sesión del Congreso General, en la cual se da el banderazo al periodo de sesiones –el que empezó ayer concluye el 30 de abril- se realizan Honores a la Bandera; pero los soldados que integraban la Escolta de Bandera y la Banda de Guerra portaban fusiles de asalto y pistola de cargo.
“Como presidente del Congreso no puedo permitir armas en este Salón de Sesiones que es un Parlamento, que es una soberanía”, dijo Creel desde la tribuna y ante gritos de rechazo de legisladores de Morena y aliados dejó claro que se deben respetar los protocolos. La ceremonia se hizo, solemne y marcial, en el vestíbulo principal.
Por la noche, activistas contra la militarización del país me compartían su alegría pues consideraron que si bien Creel actuó conforme a lo que marca la norma del Poder Legislativo y la Constitución, se le había puesto un “parón” al protagonismo de las Fuerzas Armadas en un acto de gran relevancia: la apertura del periodo de sesiones del Congreso de la Unión.
Pero, ¿qué es lo que irritó a un sector de la cúpula castrense? Las fuentes consultadas me compartieron un catálogo de labores que le han sido asignadas a militares desde el gobierno de la República, muchas de ellas de índole civil, para lo que en 2022 la Sedena ejerció un presupuesto de 112 mil 557 millones 168 mil 656 pesos.
Las tareas: además de su misión constitucional de salvaguardar la soberanía nacional, las fuerzas armadas despliegan 30 tareas adicionales que van desde la construcción de cuatro aeropuertos, 32 hospitales, 240 cuarteles, tramos del Tren Maya, y 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar hasta la distribución de libros de texto gratuitos y vacunas contra Covid-19.
Además, por órdenes del Ejecutivo, las Fuerzas Armadas nutrieron la integración de la Guardia Nacional y luego la Sedena la absorbió como su segundo brazo armado, a la par de la Fuerza Aérea, capacitan a beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y vigilan la entrega de recursos de programas sociales a jóvenes y ancianos.
Desde el inicio de este gobierno se ordenó al Ejército combatir el huachicol, vendió cachitos para la rifa del Avión Presidencial y participa intensamente en uno de los programas estrella de la 4T: Sembrando Vida. Se ha encargado de reclutar médicos para la emergencia sanitaria, personal para la Guardia Nacional y hasta operadores de pipas para la distribución de gasolina en la Ciudad de México. Ufff.
Quienes conocen a Creel saben que es un duro pero sobre ello es un hombre de leyes, de diálogo y negociación, y que lo dejó claro ayer ante la molestia de los diputados y senadores oficialistas, pero para algunos personajes en Palacio Nacional no les gustó, pero para ciudadanos que critican el protagonismo militar en este sexenio lo aplaudieron de pie.
RADAR
Duros duros hay en todas partes. Me comentan que en sectores de Morena y entre algunas “corcholatas” se prepara una narrativa implacable contra el activismo que realizan el consejero presidente Lorenzo Córdova y el consejero electoral Ciro Murayama para frenar el Plan “b” de reforma electoral del presidente López Obrador.
Según esas líneas discursivas, la legislación electoral no describe ni autoriza el activismo de los consejeros y que sus tareas les son remuneradas con un salario superior al del Presidente de la República y se limitan a la organización y dirección del INE, vigilar el cumplimiento del orden constitucional en el área electoral y garantizar los certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en esta arena.
Y esas líneas discursivas van aún más allá: deben renunciar a su cargo si tienen una posición parcial sobre temas electorales, que como autoridad “no pueden llamar al pueblo” a revelarse contra la norma electoral y que esperen a que concluya su encargo en abril próximo para pronunciarse como ciudadanos y no como autoridad. Así las ideas que fluyen en la 4T.
