En Palacio Nacional –me dicen integrantes del primer círculo presidencial- están decididos a combatir ante la Suprema Corte cualquier impugnación al Plan B de reforma electoral y pavimentar, con el sello de la 4T, el camino hacia la elección presidencial, la de renovación del Congreso de la Unión y las de nueve gobernadores en 2024.
En Palacio Nacional confían en que, más allá de estridencias políticas, la Suprema Corte confirme el proceso legislativo y la visión de la mayoría lopezobradorista para democratizar, adelgazar y hacer menos costoso el aparato electoral del país (INE y Tribunal Electoral) sin afectar la calidad de los comicios por venir.
Pero del otro lado, me confirman, se ha formado un sorprendente bloque de sociedad civil que ha definido –tras pedir opinión a ex ministros de la Corte como José Ramón Cossío, ex presidentes del IFE y del INE como José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés Zurita, a una decena de consejeros electorales en funciones y ex consejeros, juristas y académicos- una ruta jurídica para fortalecer los argumentos jurídicos contra el Plan B.
Esta ruta que implementará el grupo de estrategas que orquestó, impulsó y participó en la manifestación del domingo en defensa del INE, contempla la presentación ante el Máximo Tribunal de un “amicus curiae”, el cual se sumará con el respaldo de al menos 200 mil firmas de ciudadanos a las controversias constitucionales contra la reforma.
El recurso denominado “amicus curiae”, de acuerdo con una explicación de la SCJN, “es un informe técnico que presentan terceros ajenos a un litigio con la intención de presentar argumentos ante la Corte para la mejor resolución de un asunto, dar su opinión con respecto alguna cuestión jurídica, proporcionar datos e información técnica o científica sobre el caso, o para alertar…”.
Así, mientras se alistan la 4T y el sector de la sociedad civil que se opone a la reforma para enfrentarse en la Corte, en Palacio Nacional se dio la orden –como ocurrió tras la marcha de noviembre pasado- para generar una narrativa que minimice la participación de la marcha del domingo, polarizar y señalar a líderes políticos de encabezarla.
Y en esta lucha de estrategias, en la sociedad civil advierten que no entrarán al terreno de López Obrador por lo que dejarán pasar las criticas y descalificaciones, puesto que hoy están más preocupados por lograr que en 2024 la gente tenga oportunidad de premiar o castigar en las urnas el ejercicio de Morena como gobierno –con sus positivos y negativos- a través de elecciones libres e intachables, con un arbitro sano, poderoso y transparente.
Desde la sociedad civil resumen: Hoy el presidente tiene miedo. Su enojo contra la marcha, sus descalificaciones, no corresponden al nivel de aprobación que supuestamente tiene. Hoy está en riesgo la libertad de los ciudadanos para tener elecciones confiables para premiar o castigar a su gobierno y su continuidad porque ven riesgos para su continuidad.
RADAR
Desde Yucatán nos comentan sobre el gran trabajo que hizo el alcalde Julián Zacarías Curi en torno al Carnaval de Progreso 2023, el cual generó una derrama económica estimada de 400 millones de pesos en su ciudad, al recibir durante los festejos a poco más de un millón de personas de diferentes lugares.
De acuerdo con el alcalde, el carnaval de Progreso no sólo es importante por reunir a miles de personas para disfrutarlo sino porque representa un impulso económico para las empresas locales y todos aquellos que viven de los servicios turísticos; por cierto, nos dice el alcalde de una ocupación hotelera de 100%. Nota positiva pues.
Sobre la columna “El abogado y la analista” recibí esta carta de Néstor Vargas Solano, consejero jurídico del Gobierno de la Ciudad de México, que a continuación reproduzco íntegra:
En los cargos públicos que he desempeñado en la Administración Pública me he conducido en todo momento con honestidad y apego a los principios y lineamientos que rigen la conducta de las personas servidoras públicas y jamás he obtenido algún beneficio indebido, mucho menos valiéndome de la función que desempeño.
No existe trama alguna (artificio, dolo o confabulación con que se perjudica a alguien) fraguada por el suscrito, a través de la cual haya adquirido bienes, ni mucho menos hubiere simulado actos con tal propósito.
Los bienes inmuebles que he adquirido, ha sido mediante procedimientos transparentes y con total apego a las disposiciones normativas, administrativas y fiscales que rigen cada uno de los actos jurídicos que fueron celebrados por el suscrito.
Dichos bienes inmuebles se encuentran debidamente inscritos en el Registro Público de la Propiedad, instancia que de acuerdo a lo que establece el artículo 2 de la Ley Registral para la Ciudad de México; “… cumple la función de dar publicidad a la situación jurídica de bienes y derechos, así como los actos jurídicos que conforme a la ley deban registrarse para surtir efectos contra terceros.” Es preciso señalar que para la inscripción de un acto, éste debe reunir los requisitos de forma y fondo establecidos en la normativa vigente para su registro; situación que se cumplió en todo momento respecto de cada uno de los inmuebles que fueron referidos en la nota publicada en ese medio de comunicación.
De lo antes expuesto se advierten tres situaciones:
Cada uno de los inmuebles se adquirieron conforme a las disposiciones normativas aplicables, llevando a cabo la celebración de los actos jurídicos ante el fedatario público correspondiente, quien además realizó las gestiones legales y administrativas para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad.
La adquisición de los bienes inmuebles no las he realizado aprovechándome del cargo que ostento como servidor público del Gobierno de la Ciudad de México, sino en ejercicio del derecho humano consagrado en lo establecido en el artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en correlación con lo establecido en el artículo 6 inciso C, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México y que literalmente ordena: “Toda persona tiene derecho al servicio notarial y a la inscripción registral de bienes y actos jurídicos de forma accesible y asequible.” y de ninguna manera derivan de haber obtenido información privilegiada.
Como parte de las obligaciones que como servidor público tengo encomendadas se encuentra la de realizar la Declaración de Situación Patrimonial en cada ejercicio fiscal, por lo que en su debida oportunidad y conforme a los tiempos establecidos en la Ley de la materia, he cumplido con la inclusión de los bienes y actualización en la declaración patrimonial de cada año. Al respecto, es de precisarse que el inmueble adquirido en el año 2022 será informado oportunamente en la Declaración Patrimonial a presentarse en el año 2023. En relación con los otros 2 inmuebles señalados en el documento de marras, fueron adquiridos en el año 2013, mismos que fueron reportados en las correspondientes Declaraciones Patrimoniales Iniciales.
Con lo anterior, se acredita contundentemente que no he incurrido en los actos de corrupción que se me atribuyen, por lo que es oportuno mencionar que me reservo el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes para reparar el daño a mi honor, vida privada e imagen.
Refrendo mi compromiso con el derecho a la libertad de prensa y la libre manifestación de las ideas, sin que el ejercicio de ellos pueda significar la difusión de especulaciones sin sustento acerca del patrimonio de las personas, que traen como consecuencia afectaciones a la integridad y el honor.
RESPUESTA DEL COLUMNISTA
Ante esta larga explicación que da el abogado Vargas Solano sobre su patrimonio, quisiera hacer las siguientes consideraciones a partir de que mi columna pone la alerta sobre un posible caso de corrupción ante la falta de claridad, nunca afirmo que se haya llevado a cabo algún hecho ilícito y recordar que los funcionarios públicos del más alto nivel siempre estarán bajo el escrutinio público.
Así, en su carta, el abogado confirma el fondo de la columna: la adquisición de un inmueble mientras él desempeña el cargo de Consejero Jurídico del Gobierno de la Ciudad de México y que esta compra no se encuentra en su declaración patrimonial por lo que se compromete a actualizarla en su declaración patrimonial de 2023.
El maestro Vargas Solano afirma que basta la inclusión de sus bienes inmuebles en su declaración patrimonial del 2013 (de la cual no remitió copia), para que eso lo exima de incluirlos en sus declaraciones patrimoniales subsecuentes, cabe destacar que en la declaración de 2019 no aparece reportado ningún bien inmueble.
Recordar que la función del sistema anticorrupción, y en particular de la declaraciones patrimoniales, es poder observar la evolución patrimonial de los servidores públicos, y detectar posibles discrepancias, por ello la importancia de su actualización en bien del servicio público y del propio servidor público.
Llama la atención que el funcionario no haga referencia a la compra de un terreno, realizada por Iris Crystal Monroy Romero, con quien tiene una larga relación personal y con quien ha compartido domicilio, o que él tenga el usufructo vitalicio del mismo ni sobre el juicio con el expediente 549/2021 del Juzgado 1 Civil en la Ciudad de México.
Queda claro, con base en sus dichos, que no existe ni ha existido ninguna intención de Vargas Solano por incurrir en violaciones a la ley, pero si se evidencia falta de claridad en sus declaraciones patrimoniales y hace el compromiso de transparentar en las próximas declaraciones la situación actual de su patrimonio.
