/ lunes 9 de septiembre de 2019

El Espectador | Con el ojo puesto en Pentamed

Sin duda, el gobierno federal debe hacer una limpia en el sector salud.

Basta recordar que el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo al inicio de su administración que la corrupción ahí estaba peor que en el rubro educativo, y esas son palabras mayores. De ahí que el mandatario tenga en la mira a las distribuidoras de medicamentos beneficiadas durante el sexenio pasado.

Lo que se requiere es que se combatan las malas prácticas sin dejar de lado la atención a los pacientes, pues estos meses hemos visto protestas por la falta de medicamentos, historias escalofriantes por el desabasto y a un Presidente que asegura que tres distribuidoras que acaparaban los contratos, son las que promueven la campaña en contra del gobierno por la falta de medicinas para niños con cáncer y otros padecimientos.

Así, a las proveedoras “¡se les acabó la mina de oro!”, aseguró hace algunas semanas López Obrador, al tiempo en que un juez federal declaró ilegal el "veto" que el ejecutivo impuso a Grupo Fármacos Especializados, empresa que por años dominó la distribución de medicamentos al sector público.

Sin embargo, los rounds entre el gobierno y las farmacéuticas no cesan, y menos si se presentan quejas y denuncias contra estas. Tal es el caso de Comercializadora Pentamed, firma cuyo panorama se pone cada vez más oscuro. Pues resulta que la Secretaría de la Función Pública, de Irma Eréndira Sandoval, recibió una serie de denuncias en contra de esta distribuidora, otra de las consentidas del gobierno de Enrique Peña Nieto y a la que ya traía entre ojos la 4T (en este espacio también le platicamos de los negocios con vacunas de Grupo Laboratorios Imperiales Pharma).

Las denuncias, de acuerdo con fuentes de la SFP, detallan que Pentamed, de Humberto Tello y Rodrigo Carrasco, recibió ayuda de funcionarios federales para ganar contratos jugosos. Además, presuntamente fue creada por accionistas de SAVI, empresa inhabilitada en 2015 por entregar documentos falsos en una compra consolidada del 2013.

Fue precisamente en 2013 cuando Pentamed se hizo notar en el gobierno federal. Con Felipe Calderón, de 2006 a 2012, la distribuidora se llevó 31 contratos por 449 millones de pesos; pero con Peña Nieto dio el salto hasta apropiarse de 266 contratos por seis mil 364 millones 791 mil 764 pesos, lo que de inmediato acaparó las miradas en el sector al multiplicar sus entradas.

Entonces llegó Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de la 4T, quien puso lupa a los contratos de las distribuidoras. Fue entonces cuando salió a la luz que sólo 10 empresas concentraron 79.6 por ciento del gasto que el gobierno peñista destinó a la compra de medicamentos y materiales de curación, entre ellas Pentamed.

Asimismo, en este mismo espacio le adelanté en julio pasado que la empresa de Humberto Tello había solicitado al Presidente de la República su apoyo porque el ISSSTE, de Luis Antonio Ramírez, les debía 170 millones de pesos. Fuentes del gobierno federal dicen que la distribuidora fue atendida debido a “buenos oficios” de funcionarios de la misma 4T, pero desde entonces despertó suspicacias su crecimiento millonario.


Sin duda, el gobierno federal debe hacer una limpia en el sector salud.

Basta recordar que el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo al inicio de su administración que la corrupción ahí estaba peor que en el rubro educativo, y esas son palabras mayores. De ahí que el mandatario tenga en la mira a las distribuidoras de medicamentos beneficiadas durante el sexenio pasado.

Lo que se requiere es que se combatan las malas prácticas sin dejar de lado la atención a los pacientes, pues estos meses hemos visto protestas por la falta de medicamentos, historias escalofriantes por el desabasto y a un Presidente que asegura que tres distribuidoras que acaparaban los contratos, son las que promueven la campaña en contra del gobierno por la falta de medicinas para niños con cáncer y otros padecimientos.

Así, a las proveedoras “¡se les acabó la mina de oro!”, aseguró hace algunas semanas López Obrador, al tiempo en que un juez federal declaró ilegal el "veto" que el ejecutivo impuso a Grupo Fármacos Especializados, empresa que por años dominó la distribución de medicamentos al sector público.

Sin embargo, los rounds entre el gobierno y las farmacéuticas no cesan, y menos si se presentan quejas y denuncias contra estas. Tal es el caso de Comercializadora Pentamed, firma cuyo panorama se pone cada vez más oscuro. Pues resulta que la Secretaría de la Función Pública, de Irma Eréndira Sandoval, recibió una serie de denuncias en contra de esta distribuidora, otra de las consentidas del gobierno de Enrique Peña Nieto y a la que ya traía entre ojos la 4T (en este espacio también le platicamos de los negocios con vacunas de Grupo Laboratorios Imperiales Pharma).

Las denuncias, de acuerdo con fuentes de la SFP, detallan que Pentamed, de Humberto Tello y Rodrigo Carrasco, recibió ayuda de funcionarios federales para ganar contratos jugosos. Además, presuntamente fue creada por accionistas de SAVI, empresa inhabilitada en 2015 por entregar documentos falsos en una compra consolidada del 2013.

Fue precisamente en 2013 cuando Pentamed se hizo notar en el gobierno federal. Con Felipe Calderón, de 2006 a 2012, la distribuidora se llevó 31 contratos por 449 millones de pesos; pero con Peña Nieto dio el salto hasta apropiarse de 266 contratos por seis mil 364 millones 791 mil 764 pesos, lo que de inmediato acaparó las miradas en el sector al multiplicar sus entradas.

Entonces llegó Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de la 4T, quien puso lupa a los contratos de las distribuidoras. Fue entonces cuando salió a la luz que sólo 10 empresas concentraron 79.6 por ciento del gasto que el gobierno peñista destinó a la compra de medicamentos y materiales de curación, entre ellas Pentamed.

Asimismo, en este mismo espacio le adelanté en julio pasado que la empresa de Humberto Tello había solicitado al Presidente de la República su apoyo porque el ISSSTE, de Luis Antonio Ramírez, les debía 170 millones de pesos. Fuentes del gobierno federal dicen que la distribuidora fue atendida debido a “buenos oficios” de funcionarios de la misma 4T, pero desde entonces despertó suspicacias su crecimiento millonario.