Hasta el 1 de marzo del 2024 conoceremos la sentencia. Brian M. Cogan, Juez de Distrito de los Estados Unidos, accedió a la petición de los abogados de Genaro García Luna en julio pasado. Mucha especulación se desató entre las autoridades mexicanas a partir de este ajuste.
“La sentencia está programada actualmente para el 27 de septiembre de 2023. Como el Tribunal puede recordar, anteriormente solicitamos una prórroga del calendario de presentación de recursos posteriores al juicio porque, después del veredicto en febrero, varias personas, incluidos exfuncionarios de la aplicación de la ley mexicana y estadounidense, se pusieron en contacto con nosotros con posibles pruebas nuevas favorables a la defensa que podrían resultar en la presentación de una moción de la Regla 33 para un nuevo juicio”, escribió César de Castro.
“Parece que a medida que más personas se dan cuenta de la naturaleza de la evidencia contra el Sr. García Luna, incluso más exfuncionarios y otros se comunican con nosotros con información que creen que habría sido útil para la defensa en el juicio. Además, en el último mes, se nos proporcionaron miles de páginas de material, archivos de audio y video potencialmente relevantes para el caso que nunca habíamos visto antes y que estamos revisando diligentemente. La gran mayoría de este nuevo material está en español, por lo tanto, solo los miembros de nuestro equipo que hablan español pueden revisarlo, lo que ralentiza nuestra revisión. Entendemos que esto no puede ser un proceso indefinido, sin embargo, los materiales que hemos recibido son directamente relevantes para el caso”, agregó el abogado del mexicano.
Y eso generó muchas dudas, pues algunos miembros del poder político mexicano sienten que pueden ser involucrados en las nuevas evidencias.
“En consecuencia, respetuosamente solicitamos que las fechas contenidas en el calendario de presentación de recursos posteriores al juicio y la fecha de la sentencia se prorroguen de la siguiente manera: (1) presentación de recursos posteriores al juicio de la defensa el 15 de diciembre de 2023; (2) oposición del gobierno el 19 de enero de 2024; (3) respuesta de la defensa el 2 de febrero de 2024; y (4) sentencia el 1 de marzo de 2024”, pidió César de Castro.
En otra carta, los abogados de García Luna dijeron que el gobierno no ha identificado ningún perjuicio para ninguna de las partes si el Tribunal otorgara la solicitud.
“De hecho, la única parte afectada sería el Sr. García Luna, quien permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano, una instalación que es casi universalmente reconocida como más punitiva que otras instalaciones federales de detención previa al juicio. En segundo lugar, la defensa no solicitó la posición del gobierno porque, como creo que el Tribunal está al tanto, el gobierno se ha opuesto a todas las solicitudes previas de la defensa al respecto. En tercer lugar, en cuanto al punto del gobierno de que la defensa ha tenido años para investigar y hablar con testigos, sabe que no podemos controlar cuándo y si las personas se presentan para presentar información desde México y otros lugares que creen que podría ser útil para la defensa, ni tenemos el poder y los recursos del gobierno de los Estados Unidos para citar testigos de otros países. El gobierno también es consciente de que el juicio generó una gran publicidad y que continúan escribiéndose historias sobre el juicio en México y el presidente de México hace referencia al caso con frecuencia. Como resultado, las personas están surgiendo con información relevante que no podríamos haber anticipado”.
“Por último, el gobierno intenta su propia expedición de pesca para determinar qué información ha obtenido la defensa al sugerir que la defensa tiene alguna obligación de identificar la nueva evidencia que sería la base de nuestra moción según la Regla 33. No estamos obligados a proporcionar esa información para justificar nuestra solicitud”, explica César de Castro. Y eso es precisamente lo que todo mundo pregunta en estos días, no solamente en Estados Unidos.
