El gobierno decidió cancelar el Proyecto FSRU Pajaritos apenas iniciado el año y las protestas de los empresarios involucrados ya comenzaron a esparcirse. Nos referimos a ICA-Fluor, de Juan Carlos Santos; Juan Reynoso, de Duranco, y Acciona, de José Manuel Entrecanales, entre algunas de las afectadas por esta decisión del equipo de Andrés Manuel López Obrador. Perdieron un gran negocio, que muchos ya saboreaban en sus manos.
Lo cierto es que luego de las escenas de desesperación en la Ciudad de México y otras zonas del país que se quedaron sin gasolina, la posibilidad de desabasto de gas natural en el sureste de México comienza a ser un tema recurrente en las mesas de los empresarios. Hacen notar la urgencia de nueva infraestructura en generación, transmisión y distribución.
Estudios del Centro de Control de Energía (Cenace) indican que el margen de reserva ha disminuido en los últimos años y está en valores preocupantes, situación que parece no importarle a las filiales de Pemex como MGC México, que lleva José Antonio de la Torre, y Mex Gas Supply SL, a cargo de Roberto Hernández. O tal vez lo que les preocupa más es que el nuevo gobierno comience a revisar todos esos señalamientos de contratos poco transparentes y la mención de que algunas de esas empresas son como compañías fantasmas que llevan dinero a paraísos fiscales del que nadie sabe al final nada.
Las cosas podrían complicarse más en la Secretaría de Energía, de Rocío Nahle, y en Petróleos Mexicanos, bajo el mando de Octavio Romero, ante la posibilidad de desabasto de gas natural en el sureste. Pero parece que están dispuestos a aceptar el golpe con tal de perseguir más actos de corrupción y transparentar los movimientos financieros de MGC y Mex Gas Supply, entre otras de las señaladas desde hace años como firmas fachada.
Se menciona en este contexto la cancelación para licitar el acondicionamiento, rehabilitación y mantenimiento del gasoducto pendiente en el puerto de Pajaritos, Veracruz, parte del Proyecto FSRU. El proceso tuvo que haber culminado el pasado 9 de enero, sin embargo, las filiales frenaron la licitación a pesar de que tenía por lo menos seis meses en curso y una docena de interesados en participar. El argumento recayó en que el gobierno federal espera producir el combustible suficiente durante los próximos 12 meses, por lo que ya no es necesario dependender de empresas privadas como en la administración anterior suponían.
Pero, nos cuentan que si algo evidencia esta postura es inexperiencia, pues en Veracruz, Tabasco y Chiapas pueden tener un grave problema de desabasto si los factores en contra se aparecen. Lo cierto es también que los ciudadanos y observadores exigen desde hace años que se combatan las malas prácticas al interior de Pemex, y este es un paso importante en ese sentido. ¿O no?
