Por Adriana Aguilar (@adi_aguiarias)
La denuncia que admitió la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, en contra del ex ministro Arturo Zaldívar, expone un conflicto de independencia judicial que podría sacudir al sistema jurídico en nuestro país.
La semana pasada, una noticia vinculada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) abrió la caja de Pandora. La ministra presidenta de la Corte y del Consejo, Norma Piña, dio trámite a una denuncia anónima en la que se ponen al descubierto presuntas violaciones a la independencia judicial cometidas durante la gestión del exministro Arturo Zaldívar.
Ante esto, Zaldívar anunció en conferencia de prensa auspiciada por Morena, que interpondrá cuatro denuncias penales, cuatro quejas administrativas y una demanda de juicio político contra la ministra presidenta entre otras causas por el delito de ejercicio ilícito del servicio público pues, en su opinión, Piña estaba obligada a excusarse de atender la denuncia debido a “su pública animadversión” hacia el ex ministro.
La independencia judicial, víctima principal del caso
Antes de desarrollar las implicaciones de las acusaciones de la ministra presidenta, vale aclarar en qué consiste la independencia judicial, víctima principal del caso.
Según estándares, la independencia es un principio que redunda en que las personas juzgadoras cuenten con las garantías necesarias para resolver con imparcialidad, basándose en los hechos y en el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, ya sean directas o indirectas.
La independencia judicial tiene un carácter dual: es externa e interna. Según los académicos Hugo Concha y Antonio Caballero, la externa significa que el Poder Judicial no se encuentra subordinado a otro poder del Estado o a alguna fuerza social. La interna, implica que el cumplimiento de las funciones del personal judicial no esté subordinado a presiones ejercidas por superiores jerárquicos.
En nuestro país, al interior de las instancias judiciales existen órganos encargados de velar por el respeto al principio de independencia judicial en sus dos expresiones. A nivel federal, esta instancia es el CJF, que para hacerlo cuenta con tres órganos: la Comisión de Disciplina, la Contraloría y la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA). En el caso de la SCJN, ésta también cuenta con una Contraloría y una UGIRA.
De acuerdo con la denuncia presentada, las personas titulares de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, de la UGIRA y de la Contraloría, fueron las principales ejecutoras de las presiones en contra de personas magistradas y juzgadoras durante el periodo de 2019 a 2022. En su momento, estas personas fueron designadas discrecionalmente por el Pleno del Consejo a propuesta del expresidente Zaldívar. Cabe señalar que quien ahora ocupa la titularidad de la UGIRA fue designado a propuesta de la ministra Norma Piña.
¿Por qué pasan estas cosas al interior del Poder Judicial?
El hecho de que las personas titulares de los órganos disciplinarios y de control sean elegidas de manera discrecional y a propuesta de quienes, como lo vemos ahora, pueden ser sujetos a investigación, es un aspecto que pone en entredicho su carácter independiente. Aunado a ello, es bien sabido que el Poder Judicial es una institución muy jerarquizada, con un poder muy concentrado en la figura de la Presidencia. De hecho, en casos como la denuncia que se comenta, es la o el presidente el facultado para decidir respecto a su admisión, lo que hace muy difícil pensar en la posibilidad de que una denuncia pueda ser tramitada y abierta una investigación en contra de un presidente o presidenta en funciones.
Visto lo anterior, es comprensible que ésta sea la primera vez que un exministro sea investigado desde el propio Poder Judicial y que, incluso, se tenga que establecer la ruta de procesamiento. Sobre este punto, el precedente más próximo es el proyecto que el ministro Alcántara Carrancá presentó para el caso de la ministra Yazmín Esquivel.
Lo ocurrido la semana pasada abre muchas preguntas sobre lo que ocurre al interior del Poder Judicial de la Federación. De ser ciertas las acusaciones, ¿qué papel jugaron en su momento los órganos disciplinarios y de control de la Corte y del Consejo encargados de prevenir, investigar y sancionar dichos actos? ¿Cuentan estos órganos con independencia para cumplir sus funciones? ¿Cuánto poder concentra quien ocupa la Presidencia de la Corte y del Consejo a tal grado que puede llegar a cometer todas las violaciones que se comentan en la denuncia?
Propuestas para que la historia no se repita
Si el asunto tiene una intencionalidad política o no, se sabrá con el tiempo. Lo mejor que podemos desear como ciudadanía ahora es que los hechos denunciados efectivamente se investiguen, que se garantice el debido proceso (por cierto, ya trastocado ante la filtración del documento de la Corte) y que tanto la Corte —para el caso de Zaldívar— y el Consejo —para el de sus personas colaboradoras— se conduzcan con imparcialidad y se salvaguarde la garantía de independencia de la institución y de sus personas funcionarias.
Finalmente, ahora que se discuten propuestas en torno al Poder Judicial, es un buen momento para pensar lo que se puede hacer para garantizar que los órganos disciplinarios y de control gocen de independencia. Una primera propuesta es que la designación de sus titulares se haga por un órgano externo y no por personas que forman parte del poder judicial, y que el proceso de selección se realice con base en mecanismos objetivos y transparentes tal como lo establecen los estándares internacionales. Lo anterior ayudaría a no repetir la historia.
* Adriana Aguilar es investigadora del programa de Transparencia en la justicia de México Evalúa.
