Por: Marielle Cámara Díaz
Hace tres semanas iniciaron los cortes de suministro de agua en la ciudad de Monterrey como respuesta a la falta de abastecimiento. A pesar de que este es un evento sin precedentes en la ciudad, la crisis del agua no es un tema nuevo en México. Muchos estados han tenido problemas de este tipo, e incluso conflictos han estallado por el “oro azul'', llamado así por su alto valor. En el 2004, un grupo llamado Ejército Zapatista de Mujeres se movilizó exigiendo su derecho al agua, conformado por mujeres que habitan en distintas comunidades cerca de una de las presas del Sistema Cutzamala, que abastece la demanda de agua de la Ciudad de México pero no el de quienes habitan en lo extraurbano. En el 2020, un grupo de agricultores de Chihuahua se rebelaron contra la Guardia Nacional y tomaron el control de la presa la Boquilla, cuya agua se extrae y dirige hacia Estados Unidos, como lo establece el acuerdo del Tratado de Aguas entre México y E.U.A. Conflictos así hay muchos y llevan varios años.
Sin embargo, no sorprende que una crisis en una ciudad metropolitana como Monterrey, sea más sonada y conocida por los medios y las personas. Aunque el conflicto del agua lleva años presentándose en México, es muy fácil para quienes vivimos en la ciudad distanciarnos de la problemática, pues basta con abrir el grifo para recibir el recurso sin tener que informarnos de dónde proviene y cómo. El agua en la ciudad ha perdido su significado ya que, quienes tenemos fácil accesibilidad a ella, llegamos a olvidar que no es ilimitada. En la ciudad de México como en otras ciudades del país, la concentración del agua se encuentra en donde hay mayor rentabilidad política y económica. El problema es que, cuando existe una gestión del agua que no es democrática, la gente de la ciudad se abastece del agua a costa de otros grupos y comunidades.
No existe una corta respuesta de por qué existe la escasez del agua, ni tampoco un único grupo a quien responsabilizar. El sexto párrafo del artículo 4 de la Constitución obliga al Estado a garantizar el acceso al agua, pero sin una conciencia de la sociedad civil del ahorro del agua, sumado a una alta demanda por habitante, es muy complicado siquiera pensarlo. Las empresas son claramente responsables con el uso del agua que usan para sus productos, pero tampoco hay que olvidar que ellas responden a la demanda que se presenta. Para que la gestión del agua suceda de manera incluyente, deben participar diversos actores en ella. Crisis como la que ocurre ahora en Monterrey normalmente deberían de concluirse con aprendizajes y, en el marco del Día de la Tierra, invito a lxs lectores a resignificar el agua y cuidar su uso.
