Los cambios que el gobierno de AMLO introdujo en la operación de las Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, a cargo de la Secretaría del Bienestar -antes SEDESOL-, con el argumento de presuntas prácticas de corrupción, no sólo se ha convertido en un tema bastante polémico, sino que también exhibió, nuevamente, una más de las decisiones que el Presidente adopta con objetivos políticos específicos.
La reducción, a partir de este año, del 50 por ciento del presupuesto a dichas Estancias, llama la atención porque en primera instancia podría pensarse que estas medidas son resultado de una falta de conocimiento sobre el tema, pero no es así.
Muy recientemente, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) llevó a cabo, a petición del Congreso, un estudio sobre el “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. Recuento de la Evidencia de las Evaluaciones 2007-2019”, el cual ofrece un amplio diagnóstico sobre el rol que cumplen dichas instituciones, pero, inexplicablemente, muy poco se sabe de éste.
Retomo algunos de los datos duros de dicho documento, sólo para contextualizar con un poco más de detalle la situación:
México es uno de los países en donde la participación laboral de las mujeres es de las más bajas. Al cuarto trimestre de 2018 este sector representaba el 43.9 % de la fuerza laboral nacional, pero en países como Portugal, Japón y Chile, el porcentaje de mujeres que trabaja se ubica en 70.7, 68.7 y 57.9 por ciento, respectivamente. Esto se encuentra directamente asociado a las alternativas con que cuentan las madres para el cuidado de sus hijos mientras trabajan.
Si bien el estudio señala que la mayor parte de madres opta porque algún familiar cuide a sus hijas e hijos, lo cierto es que al menos hasta el año de 2017, las Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, atendían a una población de poco más de 317,700 niñas y niños (312,209 en edades de 1 a 3 años 11 meses y a 5,514 que presentan algún tipo de discapacidad). En este caso, las beneficiarias son las madres o padres que no cuentan con seguridad social -la mayoría participa en el sector informal- y en donde el ingreso de sus hogares se encuentra por debajo de la línea de pobreza por ingreso.
Tal vez este dato de 317,700 niñas y niños no nos diga mucho a primera vista; sin embargo, es una cifra mucho mayor a los 295,270 menores que son atendidos conjuntamente en las estancias del ISSSTE (29,683), del IMSS (197,710) y la SEP (67,877), ésta última por medio de sus Centros de Desarrollo Infantil.
Respecto al número de establecimientos para el cuidado de los menores, resulta que las Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras operan 9,157 centros, mientras que el ISSSTE, el IMSS y la SEP juntas suman 2,759.
En los hechos, las estancias de la Secretaría del Bienestar -que tienen como población objetivo al segmento con menores ingresos, al igual que los centros del DIF y los comunitarios e indígenas- cuentan con una mayor cobertura que el ISSSTE, el IMSS y la SEP.
Con el argumento de acabar con la corrupción en el manejo de las Estancias, el gobierno de AMLO también decidió otorgar el apoyo económico directamente a la madre o al padre de familia ($ 1,600 pesos cada dos meses). Sin embargo, tratándose de sectores de bajos ingresos, nada asegura que ese dinero lo destinarán íntegramente al cuidado de sus hijos a través de una Estancia Infantil, las cuales cumplen con el objetivo de atender el desarrollo emocional, intelectual, la salud, la socialización, así como una dieta diversificada para las niñas y niños.
Aquí radica buena parte de la importancia de las Estancias; las cuales por cierto, han obtenido altos índices de satisfacción en las evaluaciones aplicadas a las y los beneficiarios.
Muy seguramente existen Estancias que operan con irregularidades, pero considero que habría sido más viable revisar y ajustar las “reglas de operación”, introducir prácticas de transparencia, depurar el padrón de beneficiarios, identificar áreas de oportunidad, innovación y mejora, etc., para que sus servicios cada vez sean de mejor calidad.
Pero bueno, en la Cuarta Transformación esto no es prioridad ni es políticamente rentable. El gobierno ha optado por eliminar esquemas de intermediación y distribuir dinero directamente a las familias y de esta forma reforzar sus vínculos con jóvenes, estudiantes, adultos mayores, madres y padres de familia, etc.
En este caso, como en otros más, la estrategia presidencial seguirá enfocada en el objetivo de ampliar y consolidar una relación clientelar con los sectores más pobres y más vulnerables de la sociedad.
*Presidente de la Academia Mexicana de Educación.
