Los cien días de gobierno ratifican el cambio de régimen en varios sentidos, los cambios se notan para bien y para mal, los errores se magnifican y se pone “en jaque” o en el centro del debate, la fragilidad financiera del Estado mexicano y en la necesidad de diseñar medidas correctivas más amplias que las que ya se han establecido.
Sin duda, hay un grupo de indicadores en semáforo verde que ayudan a estabilizar la percepción de los mercados y que van sembrando confianza en el nuevo régimen o en contrario, otros indicadores que reflejan cautela para establecer perspectivas negativas en la calificación de corporativos, empresas productivas del Estado y de la propia deuda soberana de México, que virtualmente se encuentra anclada a la calificación de la deuda de Pemex.
Es cierto que para perder el grado de inversión, faltan varios trimestres de evaluación de las calificadoras en el mismo sentido, probablemente atravesaremos por un periodo del año con evaluaciones con perspectiva negativa, por la incertidumbre global y el propio desempeño de nuestra economía ante sus propias vulnerabilidades internas y externas.
Los signos de deterioro de las finanzas públicas ya se venían expresando, además de los efectos externos del neoproteccionismo, la guerra comercial y la incertidumbre europea, los cuales también son fuertes elementos de volatilidad que presionan sobre la calificación del riesgo país y el tipo de cambio como presiones externas. En la dimensión interna, destaca la baja recaudación en proporción del PIB, la baja en las expectativas de crecimiento, la proliferación de conflictos sociales, la prevalencia de consultas públicas para los proyectos de inversión, la desaceleración económica del sector industrial, y sobre todo, la frágil situación de PEMEX y los planes del nuevo gobierno para su rescate, las cuales hasta ahora, se consideran insuficientes.
100 días de gobierno reflejan el sentido del cambio, el énfasis en el combate a la corrupción y el desglose de varias tesis, en donde la variable corrupción, ha sido la causa de la desigualdad, la mediocridad económica, la concentración de mercados, la expansión de la delincuencia organizada y múltiples prácticas que se consideraban normales y que lesionan la economía popular, las finanzas públicas, la eficiencia gubernamental, y por paradójico que esta idea resulte, la corrupción ha logrado destruir capitales, las finanzas globales, algunas monedas y múltiples mercados.
Por mucho tiempo, la corrupción se identificó como un proceso en las esferas políticas y gubernamentales como un signo de decadencia, un síntoma de desgobierno o de debilidad de las instituciones que se reflejan en sus servicios y estructuras paralelas de autoridad, complicidad y rentas indebidas por sobornos y mordidas que arraigan estas conductas.
Sin embargo, en el sector privado y social también se expresan con virulencia las consecuencias de la corrupción, sectores en los que también han proliferado diversos modos de operación para controlar sindicatos y sus fondos de pensiones en el sector social, o la problemática de las calificadoras de inversión en la crisis hipotecaria del 2008 que permitió la introducción de bonos basura, supuestamente bien calificados, a las tesorerías de gobiernos, bancos, empresas, iglesias, sindicatos y pequeños ahorradores, que rápidamente contaminó los mercados financieros de todo el mundo, fraguando la crisis financiera más profunda de nuestro tiempo. La omisión ética de financieras, bancos y calificadoras provocaron un problema colosal mucho más grande que una guerra o un mega-problema de escala global. En este caso, la distorsión de la corrupción se generó en el sector privado, bajo sus reglas y mecanismos de autorregulación.
Ciertamente la responsabilidad social, la ética y la promoción de la integridad han tomado fuerza para desarrollar múltiples mecanismos y certificaciones que visibilicen a las empresas que son responsables, que usan mecanismos estrictos anti lavado de dinero, que han logrado modelos de gobernanza de alta responsabilidad, con participación de los consumidores y otros grupos de interés, entre otras medidas que transparentan sus diversas operaciones.
Los instrumentos desarrollados para empresas trasnacionales en la responsabilidad social corporativa han generado más controles, mecanismos de autorregulación y sistemas de información más especializados de las empresas que cotizan en bolsa, las cuales han incluido reportes de responsabilidad social, informes de carácter ambiental, sistemas anticorrupción y de contabilidad que inhiban el lavado de dinero y abusos como la baja tributación de las empresas globales fuera de sus países de origen, entre otros temas que incluyen la equidad de género, la inclusión laboral, la cuantificación de la huella ecológica y medidas para la mitigación del cambio climático.
La ética como instrumento de desarrollo implica el despliegue de políticas de integridad en todos los sectores, pero en particular los que tienen más responsabilidades, por su escala, sus riesgos ambientales, su potencial de vulnerar derechos humanos y en aquellas organizaciones por las que transitan decisiones importantes para la sociedad, ya sean públicas o privadas.
Incorporar la variable corrupción en los análisis de riesgo, resulta indispensable ante las reiteradas desviaciones éticas de grandes empresas que han sido sancionadas multimillonariamente y dañadas en su reputación por escándalos de corrupción, entrega de sobornos, contratos arreglados, lavado de dinero, evasión fiscal y daños irreparables al medio ambiente en las que se han visto involucradas empresas globales de diferentes nacionalidades y grandes marcas.
