Una disculpa pública del presidente López Obrador solventaría lo que parece un malentendido en el exabrupto del juicio sobre el acuerdo entre un grupo de empresarios y el Banco Interamericano de Desarrollo para dar liquidez a treinta mil empresas pequeñas y medianas en vías de desaparecer, con grave daño para la economía y para los trabajadores.
La explicación no se ha dado ni se presentará, porque no es entendible que el presidente haya recibido una mala información de cuando menos dos secretarios de Estado, el de Relaciones Exteriores y la de Economía que la noche del domingo pasado celebraron el mecanismo anunciado por el Consejo Mexicano de Negocios.
Aunque complicado para los legos, el factoraje es práctica común en operaciones financieras: el tenedor de una factura no tiene que esperar meses o años para recibir el pago. El riesgo lo corre su comprador.
Pero no parece una confusión la ligereza con la que el presidente atribuye carácter de maquinación empresarial a un programa en el que, con el apoyo del BID, se destinarán doce mil millones de dólares para salvar una parte de la economía que tiene al país en vilo por los efectos de la emergencia sanitaria, ya lastimada por el estancamiento y el desplome de los precios del petróleo.
La operación es clara aun para quienes no entienden o no quieren entender. En el acuerdo entre empresarios y el BID el gobierno no tiene participación, gasto alguno ni peligro de quebranto; es una aportación contra la recesión que ya se vive y un factor a otras soluciones, incluida la de los créditos a la palabra de veinticinco mil pesos a fondo perdido que el gobierno presume para justificar la carta a los beneficiarios que la acompaña con el nombre de López Obrador, como si tratara de un regalo personal.
La realidad es que López Obrador vive obsesionado con la idea de que sólo el Estado –y él se considera el Estado- tiene el derecho y la facultad de enfrentar los problemas del país. Factor de división y obstáculo para el desarrollo, esa idea populista correspondería a una revolución al estilo marxista de hace varios decenios que intentó liquidar el capital; pero ese concepto no corresponde a un gobierno empeñado en autodenominarse cuarta transformación que se limita a denostar al empresario como enemigo sin considerarlo elemento indispensable, sobre todo en una economía sumida en profunda crisis. En esa confusión López Obrador obedece a una singular y muy particular idea de la pobreza: ustedes los ricos allá; los pobres acá y yo en medio para descalificar a unos y redimir a los otros.
Si los denuestos al convenio entre empresarios y el Banco Interamericano --en el que por cierto México tiene un asiento, voz y voto a través de la secretaría de Hacienda-- correspondieran a un error de apreciación, la solución a la tormenta desatada por esas expresiones sería la disculpa, aunque en la opinión quedara flotando la imprudencia de la ignorancia o la mala fe al calificar esa operación como una conspiración empresarial. No es así. El presidente López Obrador calla frente a la burla, el reto de la delincuencia, que con plena identificación reparte despensas y a quienes, de serle posible, premiaría con efusivos abrazos y besos por su patriotismo.
El Banco de México destina doscientos cincuenta mil millones de pesos a dar liquidez a los bancos para que éstos concedan créditos a las pequeñas y medianas empresas que los requieren. En vez de comprenderlo así, el presidente desconfía de esta acción razonable que contribuirá a solucionar una parte del problema. Ve en ella, obnubilado, la intención de beneficiar a la odiada empresa que se opone a sus quiméricos intentos de enfrentar la crisis repartiendo dinero que sólo él puede entregar.
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