El fideicomiso es una figura del sistema bancario que garantiza la integración y disposición de un fondo revolvente cuyos recursos se destinan a un fin predeterminado. Fue en la administración de Luis Echeverría, en los años setenta del siglo pasado cuando el fideicomiso proliferó como un etiquetado que debe cumplirse más allá del momento, la coyuntura económica o la voluntad política de la administración. Más de un centenar de fideicomisos fueron creados durante la administración echeverrista para asegurar el apoyo a los más diversos programas, desde científicos, culturales, educativos, agrícolas y de productividad en distintos sectores. El fideicomiso obliga al gobierno en su calidad de fideicomitente a destinar renglones del presupuesto, aportaciones de particulares, empresas o entidades públicas en beneficio de miles, millones de fideicomisarios a salvo de las veleidades, caprichos o cambios políticos. El fideicomiso es lo contrario de la centralización de los recursos económicos en manos del gobierno.
Al decidir la muerte de más de cien fideicomisos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con el respaldo de su mayoría parlamentaria, afirma que lo hace para acabar con corrupción y abusos. Si esos vicios burocráticos existieron en el pasado y subsisten en el presente, habría bastado con poner orden y castigar posibles faltas bajo su amparo y aprovechar las partes sanas de esos organismos antes de suprimirlos de tajo como ocurrirá si el Senado de la República ratifica la decisión de la Cámara de Diputados. De los fideicomisos sólo quedara el relativo a la salud cuya desaparición requerirá de la aprobación de una nueva ley que así lo disponga. La administración de López Obrador aprovecha el momento para disponer, por lo pronto, de 68 mil millones de pesos acumulados en esos fondos, ávido como está de colmar los faltantes para llevar adelante sus programas sociales y los proyectos de obras frente a la crisis económica agravada por la sanitaria provocada por el coronavirus. Pero la expropiación de los recursos de los fideicomisos o la lucha que se dice emprender contra la corrupción no son el verdadero fin que persigue la administración al dejar sin garantía los apoyos a la ciencia, la tecnología, el deporte de alto rendimiento, la investigación y centenares de actividades que a través de los años han contribuido al desarrollo del país. El verdadero propósito del gobierno de López Obrador es satisfacer la obsesión paranoica de centralizar todos los aspectos de la vida del país. A diferencia del ánimo de los años del gobierno de Luis Echeverría y los que le siguieron, la muerte de los fideicomisos es una muestra del afán autoritario y concentrador que elimina paso a paso todo mecanismo, todo sistema de control que se oponga o limite la acción directa, la entrega personal de apoyos a una población de la que se espera la obediencia ciega, la lealtad incondicional para mantener una popularidad cuyos fines ulteriores se advierten en proyectos inconfesables de trascendencia transexenal que pueden alcanzar incluso tintes de una dictadura más perfecta que la atribuida por Mario Vargas Llosa a las épocas de la gran fortaleza política del PRI. La de los fideicomisos es una muerte anunciada.
El gobierno de López Obrador se deshace de todo aparato de control económico y administrativo, lo mismo que de todo lo que parezca intermediación entre la autoridad y el ciudadano. Reparte dádivas con dinero de sombrero ajeno, promueve división y odio entre los diversos sectores de la sociedad y al desaparecer los fideicomisos afirma que los beneficiarios de ellos seguirán recibiendo los apoyos según lo determine el poder omnímodo del gobierno. Todos, se dice, resultarán beneficiados, menos aquellos, investigadores, instituciones educativas o científicos cuya labor es considerada lacra neoliberal que debe morir.
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