Hace algunos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución histórica en favor de las personas dedicadas al trabajo doméstico, en la que estableció que es discriminatorio excluir a este importante sector de la sociedad del régimen obligatorio del IMSS.
En la resolución se ordena al IMSS implementar un programa piloto a más tardar durante el primer trimestre de 2019, en el que den facilidades administrativas a los patrones para incorporar a las trabajadoras a un régimen especial que les permita acceder a sus derechos.
Como lo hemos comentado en otras ocasiones, en México existen más de 2.6 millones de personas dedicadas al trabajo del hogar, principalmente mujeres, quienes carecen de prestaciones laborales reconocidas en la Ley Federal del Trabajo.
A lo anterior se suma que el Estado Mexicano no ha ratificado el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo y el Congreso no ha aprobado diferentes iniciativas que han sido presentadas, dentro de las que se encuentran dos que presenté durante mis gestiones como diputada en las LXI y LXIII legislaturas que buscaban establecer un salario mínimo, regular los alimentos y el hospedaje como parte del salario, garantizar el acceso a un crédito de vivienda; así como a pensiones y jubilaciones.
Durante el proceso de cabildeo de estas iniciativas, pude percatarme de la existencia de varios factores que obstaculizaban su aprobación como la falta de interés de los actores políticos vinculados al tema, miedo por parte de los empleadores al sentir que enfrentarían problemas ante el IMSS, falta de mecanismos institucionales para la implementación, entre otros.
Incluso en los comentarios que diversos usuarios de redes sociales pusieron cuando circuló la noticia de la resolución de la Corte, se advierte que mucha gente piensa que las trabajadoras están mejor sin ser dadas de alta en el IMSS pese a que jamás podrán tener su vivienda propia, obtener un crédito de nómina, tener seguro médico, o asegurar a sus hijos e hijas, como cualquier otro trabajador lo hace.
Gracias a esta resolución el IMSS deberá crear un esquema que no afecte a ninguna de las partes y que beneficie tanto a trabajadoras como a empleadores, sin embargo, este es solo el primer paso, faltará adecuar la ley para evitar que se discrimine a este o a cualquier otro sector laboral, porque para que una nación sea próspera, todos sus ciudadanos deben tener los mismos derechos.
